El silencio en Ecuador no es casualidad, es resultado de una estrategia. Mientras el país enfrenta despidos en el sector público, alza de precios y una escalada sostenida de violencia, la oposición política y social parece haberse diluido. Pero no es apatía. Es otra cosa: un entorno donde disentir empieza a tener costo.
Los datos ayudan a entender el clima. Según la organización Fundamedios, solo en 2025 se registraron más de 200 agresiones contra periodistas, muchas de ellas atribuidas a actores estatales. No se trata únicamente de ataques físicos, sino de un ecosistema de presión; procesos judiciales, intimidación digital, restricciones de acceso a información y discursos oficiales que deslegitiman la crítica. En paralelo, varios comunicadores han optado por el exilio o por bajar el tono de sus investigaciones, como el conocido caso de la periodista Alondra Santiago, hoy exiliada en México.
El problema no es solo mediático. Es político. Cuando la crítica se vuelve riesgosa, la oposición deja de ser una función democrática y se convierte en un acto de resistencia individual. En ese contexto, decisiones que en otro momento habrían generado movilización, como el aumento de impuestos, reformas económicas impopulares o cambios en políticas públicas sensibles, hoy pasan con una reacción social mucho más tenue de lo esperado.
Durante el gobierno de Daniel Noboa, el discurso de orden y seguridad ha ocupado el centro del debate público. Y no es un tema menor, Ecuador atraviesa una crisis de violencia sin precedentes recientes. Sin embargo, esa narrativa también ha servido para desplazar otras discusiones urgentes. Cuando la prioridad absoluta es la seguridad, todo lo demás parece secundario, incluso el derecho a cuestionar.
A esto se suma el uso cada vez más frecuente de herramientas institucionales en escenarios políticos. No es nuevo en la región, pero en Ecuador empieza a sentirse con más fuerza; denuncias contra actores críticos, procesos legales que se activan selectivamente y una percepción creciente de que la justicia puede ser utilizada como mecanismo de presión. No siempre se necesita una condena; muchas veces basta el proceso, léase el caso del alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez, principal opositor al gobierno y hoy preso como resultado de un proceso judicial de muy baja credibilidad.
En paralelo, el ecosistema mediático también ha cambiado. La concentración de medios, las dificultades económicas de los independientes y las presiones indirectas han reducido los espacios de crítica sostenida. Algunos medios han moderado su línea editorial; otros han desaparecido o han perdido capacidad de incidencia. Y en redes sociales, aunque la voz es más libre, también es más fragmentada, más volátil y, muchas veces, más vulnerable a campañas de desinformación.
El resultado es un fenómeno silencioso pero profundo: la normalización del silencio. No porque la gente no tenga opinión, sino porque empieza a medir cuándo, cómo y hasta dónde expresarla. Es un cálculo cotidiano. ¿Vale la pena opinar? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Quién escucha? Esa duda constante es, en sí misma, un síntoma.
Históricamente, las democracias no se debilitan solo por la falta de elecciones, sino por la erosión progresiva de sus contrapesos. La oposición política, el periodismo independiente y la crítica ciudadana no son adornos del sistema, son su columna vertebral. Sin ellos, el poder deja de ser cuestionado y empieza a operar sin fricción.
En Ecuador, ese proceso no es total ni irreversible, pero sí visible. Y como todo proceso político, no ocurre de golpe. Avanza paso a paso, decisión tras decisión, silencio tras silencio. Lo más preocupante no es una medida específica, sino la acumulación de pequeñas señales que, juntas, configuran un cambio de clima.
Porque al final, el mayor logro de cualquier estrategia de control no es censurar abiertamente, sino lograr que la gente se autocensure. Que la crítica se reduzca sola. Que el desacuerdo se vuelva incómodo. Que el silencio parezca normal. Y ahí está el punto de quiebre. Porque cuando una sociedad deja de cuestionar, no necesariamente está de acuerdo, puede estar asustada, cansada o resignada. Pero ninguna de esas condiciones es compatible con una democracia saludable.
Por eso, lo que está en juego no es una postura política específica ni un gobierno en particular. Es algo más básico: la posibilidad de opinar sin miedo. La capacidad de disentir sin pagar un precio desproporcionado. El derecho a incomodar al poder.
Ecuador no necesita menos voces. Necesita más. Más debate, más crítica, más incomodidad democrática. Porque si algo demuestra la historia es que los derechos que no se ejercen, se pierden.
Y este no es momento para callar.
Autor
Sociólogo y máster en Desarrollo Local y Políticas Públicas de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.Analista político y social, gestión pública, desarrollo territorial y comunicación política.
