El Mundial llegó a su fin y España fue un justo campeón. Sin embargo, el verdadero legado del torneo trasciende el resultado deportivo. Más allá de las tácticas, los jugadores y la emoción propia del fútbol, el campeonato volvió a poner de relieve problemas estructurales de gobernanza y derechos humanos que afectan a la FIFA y al fútbol mundial.
Por primera vez, cada ciudad anfitriona debió presentar un plan para garantizar el respeto de los derechos humanos durante todas las etapas del Mundial. La iniciativa parecía demostrar que la FIFA había aprendido algunas lecciones tras las críticas al Mundial de Qatar, especialmente las relacionadas con los trabajadores migrantes. Sin embargo, ese avance perdió credibilidad cuando la propia FIFA desmanteló su unidad especializada en derechos humanos.
Este contraste resume tres deficiencias persistentes de la gobernanza del fútbol internacional: la creciente politización de decisiones que deberían ser neutrales, la falta de transparencia institucional y la subordinación de los valores deportivos a intereses económicos.
La neutralidad bajo sospecha
La neutralidad constituye uno de los principios fundacionales del deporte. Las organizaciones deportivas sostienen que los gobiernos no deben interferir en las decisiones deportivas y que los atletas deben competir libres de presiones políticas. Ese principio, sin embargo, pierde legitimidad cuando las propias instituciones permiten que consideraciones políticas influyan en sus actuaciones.
La relación entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente estadounidense Donald Trump ilustró esas tensiones. La entrega del denominado Premio a la Paz de la FIFA estuvo rodeada de opacidad respecto de los criterios de elegibilidad, los candidatos considerados y el procedimiento seguido. Pareció responder más a afinidades políticas que a un proceso institucional verificable. Del mismo modo, la decisión de levantar la suspensión de Folarin Balogun después de una llamada del presidente estadounidense alimentó dudas sobre la independencia de los órganos disciplinarios de la FIFA. La decisión fue adoptada sin que se hicieran públicos el procedimiento ni los fundamentos.
La falta de transparencia también apareció en otros ámbitos, desde la gestión de fondos hasta la adopción de decisiones que afectan a futbolistas, cuerpos técnicos y aficionados. En una organización que administra el espectáculo deportivo más seguido del planeta, la rendición de cuentas no es un lujo administrativo sino una condición indispensable para preservar la confianza.
Las políticas migratorias estadounidenses ofrecieron otro ejemplo. Aficionados de Costa de Marfil, Haití, Irán y Senegal no pudieron asistir al Mundial debido a las prohibiciones de la Administración Trump, mientras otros enfrentaron grandes obstáculos para obtener visas. Los jugadores iraníes no fueron autorizados a permanecer en Estados Unidos entre partidos y al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan se le negó el ingreso. La FIFA no desarrolló una actividad pública significativa para cuestionar estas políticas. Su silencio contrastó con el compromiso que proclama respecto de la inclusión y la igualdad.
Reglas opacas y aplicadas de forma desigual
Las tensiones entre neutralidad y libertad de expresión también estuvieron presentes. Haití debió modificar su camiseta porque la FIFA consideró que contenía un símbolo político vinculado a la batalla de Vertières y a la independencia del país, aunque nunca explicó qué elemento infringía el reglamento. También eliminó de los actos protocolares las estrofas del himno argelino referidas a la lucha anticolonial. En ambos casos se censuraron referencias históricas al dominio colonial francés, mientras otros himnos con alusiones bélicas permanecieron intactos. La aplicación desigual de reglas similares alimentó la percepción de arbitrariedad.
El mismo problema se manifestó en las reacciones frente a expresiones políticas de jugadores, entrenadores y aficionados. Tras la victoria de Egipto sobre Australia, Hossam Hassan sostuvo una bandera palestina sin que se anunciara investigación alguna. En cambio, la FIFA prohibió la bandera iraní prerevolucionaria del León y el Sol, impidió el ingreso de una bandera israelí en un partido entre Irán y Nueva Zelanda e inició una investigación por la exhibición de una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” (con referencia a la ocupacion colonial inglesa) tras el encuentro entre Argentina e Inglaterra.
Cuando los intereses económicos dictan las reglas
En la final, Donald Trump e Infantino fueron abucheados por miles de aficionados. Fox, titular de los derechos exclusivos de transmisión en Estados Unidos, silenció esos momentos. Los intereses económicos prevalecieron sobre una cobertura íntegra de lo ocurrido, en un contexto de conocida afinidad política entre Fox y Trump.
El torneo también puso de manifiesto la creciente influencia de los intereses comerciales. Uno de sus principales patrocinadores fue la petrolera saudita Aramco, sin que la FIFA explicara cómo ese patrocinio era compatible con su estrategia de sostenibilidad y derechos humanos. Tampoco aclaró que Yasir Al‑Rumayyan, presidente de Aramco, también gobierna el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, señalado por su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos, incluido el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Los intereses económicos también influyeron en las reglas del torneo. La FIFA introdujo pausas obligatorias de hidratación que ampliaron los espacios para publicidad sin explicar el procedimiento seguido para adoptarlas. La justificación basada en la salud de los jugadores resulta cuestionable cuando varios partidos se disputaron en los horarios de mayor calor para favorecer las transmisiones globales.
La asignatura pendiente de la discriminación
El Mundial también sirvió como escenario para debates sobre racismo, discriminación, homofobia y libertad de expresión. Persistieron los cánticos homofóbicos de aficionados mexicanos sin investigaciones ni interrupciones arbitrales como lo requieren las regulaciones de FIFA. La expulsion de Las discusiones sobre la escasa presencia de afrodescendientes en la selección argentina promovieron un debate sobre el racismo, aunque dejaron sin abordar otras preguntas igualmente relevantes: por qué prácticamente no existen jugadores abiertamente homosexuales en las selecciones o por qué la diversidad religiosa y étnica continúa siendo tan limitada en muchos equipos nacionales. Tampoco se discute, sin selecciones supuestamente más diversas reflejan sociedades igualitarias y libres de racismo.
La percepción de una aplicación desigual de las normas que protegen contra el racismo también surge al comparar el trato recibido por los latinoamericanos Miguel Almirón, de Paraguay, y Piero Hincapié, de Ecuador, con el dispensado al inglés Jude Bellingham y al español Marc Cucurella. Todos se taparon sus bocas, pero solo Almiron e Hincapié fueron expulsados. No se trata de sostener teorías conspirativas, sino de advertir que la falta de transparencia y de estándares uniformes termina alimentando la percepción de un trato diferenciado entre futbolistas latinoamericanos y europeos, que no contribuye al objetivo de un fútbol sin racismo.
En definitiva, el Mundial fue una gran fiesta que movilizó a millones de personas, despertó admiración por el talento y el esfuerzo de jugadores y equipos y demostró que el poder económico no garantiza el éxito deportivo. Precisamente por esa capacidad del fútbol para inspirar y unir, sus instituciones deben someterse a los más altos estándares de transparencia, independencia y respeto por los derechos humanos.
Si el Mundial deja una enseñanza duradera, debería ser que la legitimidad de la FIFA depende no solo de organizar un espectáculo exitoso sino también de gobernarlo conforme a principios consistentes. Neutralidad, igualdad, transparencia y rendición de cuentas no pueden invocarse únicamente cuando resultan convenientes. Deben orientar todas las decisiones de la organización. Esa debería ser la verdadera victoria que deje este Mundial.
Autor
Profesor de Derecho, director de la Clínica de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Texas. Integró el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y fue Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
