Unos días antes de una elección, llega un mensaje a un grupo familiar de WhatsApp. El texto asegura que ya se detectaron boletas marcadas, cita supuestas “fuentes internas” y adjunta una imagen con apariencia de acta electoral. Nadie firma la información. No aparece ningún medio reconocible. Sin embargo, el mensaje circula, genera indignación y se multiplica antes de que la autoridad electoral pueda desmentirlo.
La escena ilustra un fenómeno cada vez más frecuente en América Latina y el Caribe. La región nunca había tenido tantas oportunidades para acceder a información, participar en el debate público y expresarse. Pero tampoco nunca había sido tan difícil construir una conversación pública basada en información verificable.
Más que digitalizarse, la esfera pública se ha “plataformizado”. El avance de las plataformas digitales y la inteligencia artificial amplió el acceso a la información, pero también transformó quién habla, cómo circulan los contenidos, qué mensajes adquieren visibilidad y a qué velocidad se forman las opiniones. Una parte creciente del debate público ocurre hoy en plataformas privadas gobernadas por algoritmos y modelos de negocio que priorizan la atención antes que el interés público. La esfera pública se volvió más fragmentada, personalizada y automatizada.
Este cambio tiene profundas implicancias para la democracia, como muestra el reciente Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD. La democracia requiere condiciones mínimas para que las personas formen su juicio, contrasten información, escuchen posiciones distintas y acepten decisiones colectivas, aunque no coincidan con sus preferencias. Cuando esas condiciones se debilitan, también se debilita la capacidad de deliberar y construir confianza.
Aunque se trata de un fenómeno global, en América Latina y el Caribe el rápido avance de la inteligencia artificial y la desinformación tiene el potencial de acelerar vulnerabilidades que la región ya arrastra desde hace décadas: baja confianza institucional, alta polarización, profundas desigualdades y un ecosistema informativo debilitado. La tecnología no crea esas fracturas. Las amplifica.
Durante décadas, el ecosistema informativo estuvo organizado principalmente por medios reconocibles y periodistas identificables. Ese ecosistema nunca fue perfecto. La región conoció la concentración mediática, los sesgos editoriales y la influencia del poder político y económico. Sin embargo, ofrecía mecanismos relativamente estables para contrastar la información y exigir rendición de cuentas. Hoy, ese modelo ha perdido centralidad y enfrenta, además, una pérdida sostenida de confianza. Según Latinobarómetro, la confianza en la prensa escrita cayó del 45% de 2006 a un 38% en 2024. En televisión pasó del 63% al 41%, y en radio del 69% al 44%.
La desinformación contribuye a esa erosión porque dificulta distinguir entre información verificable y contenidos manipulados. La desinformación no es un fenómeno nuevo. Lo que cambió es la velocidad, la escala y el bajo costo con que hoy puede producirse y difundirse. Una narrativa falsa puede seguir circulando incluso después de haber sido desmentida cuando confirma identidades políticas o alimenta sospechas preexistentes.
En la región, el 76% de la población considera que circula información falsa en las redes sociales. En Uruguay esa percepción alcanza el 87%, en Chile el 84%, y en Brasil, Colombia y República Dominicana el 83%. Sin embargo, la región vive una paradoja. Aunque la mayoría de las personas declara desconfiar de las redes sociales, más del 60% las utiliza como principal fuente de noticias. Nos informamos, cada vez más, en espacios de los que desconfiamos.
Las consecuencias van mucho más allá del ecosistema informativo. Cuando desaparece una base común de evidencia y la conversación pública pasa a apoyarse en percepciones fragmentadas de la realidad, también se deteriora uno de los recursos fundamentales de cualquier democracia: la confianza. La confianza en la información, en las instituciones y en la legitimidad de las decisiones colectivas forman parte de un mismo ecosistema. Cuando una se erosiona, las demás también se vuelven más frágiles.
Las elecciones hacen visible esa fragilidad. La desinformación no necesita alterar el conteo de votos para afectar la democracia. Basta con sembrar dudas sobre el proceso antes de que exista un resultado. La sospecha puede ser tan dañina como la manipulación, porque erosiona la aceptación de las reglas compartidas sobre las que descansa toda democracia.
Proteger las condiciones del debate público es, en el fondo, proteger la capacidad de las democracias para procesar sus desacuerdos. La democracia no depende de que desaparezca el conflicto. Depende de que exista un espacio compartido para procesarlo. Resguardar ese espacio no es responsabilidad de un solo actor. Requiere fortalecer el conjunto del ecosistema democrático: un periodismo independiente capaz de verificar, contextualizar e investigar; plataformas más transparentes y responsables; ciudadanía con mayores capacidades de alfabetización mediática y digital, e instituciones capaces de generar confianza. El desafío no consiste en controlar la conversación pública, sino en asegurar que siga siendo libre, plural e informada.
Este artículo presenta un avance del Informe sobre Democracia y Desarrollo, titulado “Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia en America Latina y el Caribe 2026”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe.
Autor
Especialista de Políticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe.
