El pasado 22 de agosto, el nuevo parlamento ecuatoriano cumplió los primeros 100 días de gestión parlamentaria. Estos primeros meses nos permiten avizorar los frentes que marcarán la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo liderado por Guillermo Lasso. Y el rostro que comienza a posicionarse como clave para los próximos dos años es el de Guadalupe Llori, diputada indígena del partido Pachakutik que encarna la resistencia a crear un frente común de izquierda junto al correísmo, principal grupo político de esta nueva legislatura.
Las controvertidas y reñidas elecciones presidenciales ecuatorianas mostraron el importante peso electoral que aún tiene el correísmo. Sin embargo, por otra parte, especialmente en la segunda vuelta, se evidenció también el enorme rechazo que despierta entre sus adversarios. Esto ha quedado expresado, en cierta medida, en la asignación de curules de la nueva Asamblea Nacional. Más allá del efecto que pudo haber tenido la implementación del método Webster en esta elección, pareciera que el Poder Legislativo será la principal instancia de coordinación y articulación con la que tendrá que lidiar el nuevo gobierno en esta nueva etapa política del Ecuador.
Aún así, el parlamento ecuatoriano como institución pública, tiene por delante mucha credibilidad que reconstruir. La gestión saliente alcanzó alrededor de un 10% de respaldo popular de su gestión. Y si bien la expectativa de la ciudadanía sobre esta nueva legislatura mejoró considerablemente hasta promediar un 38% de confianza, la gravedad de la crisis sanitaria y financiera del país no ofrecen mucha holgura de respaldo social.
Esta desconfianza también se debe a que más de la mitad de la representación parlamentaria de la pasada legislatura (2017-2021) cambió de afiliación partidaria durante su gestión. Este fenómeno de transfuguismo —conocido coloquialmente en Ecuador como «camisetazos»—, además de distorsionar la representatividad política, contribuye al descrédito generalizado que persiste sobre la Asamblea Nacional en su conjunto. A pesar del probado repudio público que tiene esta práctica, en la actual legislatura ya van registrados siete casos de transfuguismo.
El nuevo arco parlamentario
En este contexto, a primera vista destaca en la nueva correlación de fuerzas el desmoronamiento organizacional del correísmo. Alianza País, además de dividirse en la legislatura anterior, en la actualidad quedó sin curules. Sin embargo, el correísmo tiene presencia en los 49 diputados del partido Unión por la Esperanza (UNES) alimentados electoralmente por la candidatura de Andrés Arauz. Por otra parte, destaca el crecimiento de la representación de los partidos de izquierda no alineada al correísmo, como la Izquierda Democrática (18 curules) y el movimiento indigenista Pachakutik (27 curules).
Este distanciamiento tan marcado entre las izquierdas, ofrece espacios de interlocución con el partido que respalda al Presidente Lasso (Movimiento Creando Oportunidades CREO) el cual tan solo obtuvo el 12% de la representación parlamentaria. De igual manera destaca el crecimiento de la representación política del Partido Social Cristiano, (PSC) principal aliado estratégico del gobierno.
A pesar de esta correlación de fuerzas en la que el gobierno es minoría, después de sortearse algunas dificultades se pudo conseguir una alianza inicial al menos para el nombramiento de las principales autoridades de la Asamblea Nacional. Un adelanto, quizá, del tipo de relación que tendremos entre Ejecutivo y Legislativo al menos para los próximos dos años. Una pauta de gobernabilidad que si bien no pareciera de hostilidad ni bloqueo, tal como ocurre en sistemas políticos como el peruano, pero que podría plantear una estrecha vigilancia al Ejecutivo y una contención política a sus iniciativas. Este sería un entorno poco favorable para cambios muy radicales, al menos en el corto o mediano plazo.
Entorno parlamentario 2021
Es importante advertir, que el análisis de la gestión legislativa, no sólo debe hacerse desde la producción cuantitativa de leyes y la ratificación de tratados internacionales. También es importante examinar la capacidad contralora que tiene el parlamento sobre la gestión pública en su conjunto. De aquí la importancia de su operatividad institucional, independientemente su correlación de fuerzas, lo cual permita la gobernabilidad democrática del país.
Un rasgo importante a destacar es la agenda parlamentaria 2021-2024, la cual por primera vez desde 2008 no se había elaborado en observancia a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto constituye un rasgo importante de autonomía institucional que contrasta con las gestiones anteriores.
Sin embargo, más allá de esta declaración de buenas intenciones, hemos podido conocer durante estos primeros meses las tensiones entre las principales bancadas, lo cual tiene su expresión en la proliferación de exhortos, así como también en las objeciones a las leyes aprobadas por la gestión saliente. Lo propio se ha visto también en las recurrentes acusaciones de corrupción, el rechazo del informe de gestión del presidente Lenín Moreno y las protestas de sectores sociales importantes como los maestros.
De esta manera el tablero político resultante de las elecciones en el Ecuador, para este 2021 ya está desplegado, teniendo como telón de fondo los rigores que impone aún la pandemia y una gestión saliente con cuestionables resultados socioeconómicos.
En este sentido, el principal punto de tensión seguramente será la aprobación del presupuesto general del Estado, así como las principales iniciativas legislativas que busque el nuevo gobierno como la Ley de Comunicación. Aún así, la Asamblea Nacional ya ha aprobado cuatro leyes, orientadas tres de ellas hacia la reactivación económica. Un guiño temático interesante considerando que quien ocupa el Palacio de Carondelet, llegó allí prometiendo una nueva conducción fiscal del país que permita mejorar la maltrecha economía ecuatoriana.
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Fotos: Fernando Lagla / Asamblea Nacional
Autor
Politólogo egresado de la Univ. Central de Venezuela y la Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Salamanca. Analista de asuntos parlamentarios.
