Pocas agendas de un modelo progresista generan tantas ramificaciones, mutaciones y contradicciones como las que apuntan a alcanzar la igualdad social y económica entre los sexos. Si bien algunas iniciativas se asientan en decisiones relativamente simples y directas, como establecer cupos femeninos en liderazgos corporativos y candidaturas políticas o castigos a las organizaciones que violen la isonomía salarial entre sexos por cargos con igual responsabilidad y desempeño, estos casos tienen un impacto social limitado (aunque sumamente inspiracional), ya que afectan a una minoría del universo femenino. Cabe inclusive preguntarse si esos avances de nicho no alimentan ―perversamente― una percepción de mejora generalizada, capaz de anestesiar la ambición por logros en campos más significativos de la batalla igualitaria.
Un estudio de la consultora Market Analysis, junto con la red mundial de encuestadoras WIN, revela que para poco más del 45% de las 33 230 personas que fueron entrevistadas en 39 países, las mujeres tienen aún menos oportunidades que los hombres en su carrera y trabajo. Entre los latinoamericanos, esa percepción es más acentuada aún, llegando al 53%, solo que, si concentramos la atención en lo que piensan las mujeres del mayor mercado laboral de la región, es decir, Brasil, esa percepción de desigualdad asciende hasta el fenomenal 75%.
Algo parecido ocurre cuando nos enfocamos en los resultados de las luchas igualitarias. Con relación hasta qué punto la equidad de género se ha materializado en su sociedad, un 18% de los adultos de la encuesta mundial declaran que sí ocurrió definitivamente. Sin embargo, en Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia y Chile, esos porcentajes mal llegan a la mitad: 9%. Si ponemos la lupa solo en lo que piensan las mujeres, ni siquiera llegamos al 8%. ¿Podemos imaginar progresos concretos y de amplia escala, rumbo hacia la igualdad de las mayorías femeninas, cuando es tan difundida la sensación de desventaja?
Tal como decíamos, avances institucionales como los cupos o sanciones por tratamiento desigual entre géneros son buenos porque establecen un principio o regla de juego capaz de ordenar e inspirar otras esferas, pero nos hacen correr el riesgo de no ver las camadas internas de condicionamientos a gran escala de la población femenina que ―como matrioskas― esconden la verdadera substancia de origen de las inequidades.
Uno de los cuellos de botella de las luchas igualitarias que interpela normas sociales adversas a la equidad (y que ―por lo tanto― alberga una camada aún más nuclear de problemas) está relacionado con la distribución de responsabilidades entre madres y padres cuando un nuevo ser llega al hogar. Ni todas las mujeres con hijos están en el mercado de trabajo, y ―en América Latina― menos de la mitad de las que están son protegidas por las leyes laborales del empleo formal.
Estas consideraciones sobre obstáculos para la igualación entre géneros fueron potencializadas por la pandemia de la COVID-19 que no solo marginó a las mujeres del mundo del trabajo en una proporción infinitamente mayor que los hombres, sino que también las obligó a siquiera estar disponibles para el ámbito profesional al recaer sobre ellas las responsabilidades no remuneradas de cuidado, mantenimiento del hogar, gestión de las tareas, y del espacio doméstico en residencias que ―súbitamente― se convirtieron en centros multitareas: escuelas, oficinas, restaurantes, gimnasios, salón de juegos y esparcimiento, lounges de sociabilidad.
Uno de los abordajes más objetivos y también más ignorados para concretizar esa valorización ocurre a través de la implementación y ampliación efectiva de las licencias de maternidad y paternidad, la promoción y naturalización de la paternidad activa o responsable y una redefinición de los patrones sobre cómo deberían comportarse individuos y organizaciones frente a las futuras madres.
Estudios recientes confirman la manutención de la llamada penalidad materna: casi la mitad de las brasileñas que se adhirieron a la licencia por maternidad caen en el desempleo a los 24 meses de su parto. Lejos de los parámetros europeos, enmarcados en el modelo de estado de bienestar y estimulados por poblaciones declinantes y presión del sistema de seguro social, los países de América Latina adoptan licencias maternas cortas, en su mayoría de 12 a 14 semanas.
Brasil, Chile y Colombia lideran la situación con cerca de 18 semanas. Alternativas promotoras de la igualdad de género, como la licencia paterna, no están en el radar de la población general y esas licencias paternas se caracterizan por su brevedad (apenas 5 días). Más aún, estimulados a pensar en un formato de responsabilidades compartidas donde los padres puedan asumir un tiempo mayor con sus hijos o ampliar ese beneficio de más tiempo exclusivamente a las madres, los datos del estudio Market Analysis revelan una nítida brecha de intenciones, en la que los papás apoyan fuertemente el favorecimiento de licencias para las madres, de modo que aumenten su dedicación, pero ellos mismos se oponen a involucrarse mediante el apoyo a una licencia paterna más ambiciosa.
El mismo estudio muestra que no se trata tan solo de oportunismo: existe una autopercepción de impotencia paterna en la creación de los hijos mucho más acentuada entre los papás que las mamás, así como también subsiste una lectura tradicionalista del lugar de la mujer con hijos alrededor de la vida familiar y maternal antes que profesional, visión que ―cabe decir― es mucho más endosada por los hombres que las mujeres.
Esos contextos actitudinales son un verdadero desafío para cerrar las brechas de género, acentuadas por la llegada de la maternidad. Es allí donde pueden hacer la diferencia la acción conjunta de organizaciones no gubernamentales, las instituciones políticas y estatales (legislando o supervisando el cumplimiento de las licencias) y las empresas (facilitando y ampliando licencias de maternidad y paternidad) mediante la pavimentación del camino hacia la igualación de oportunidades y resultados.
Como en un ensamble de matrioskas, al final de las capas más superficiales del igualitarismo de género, relativas a equiparaciones reguladas sobre salarios, oportunidades formales y selección de liderazgos, encontramos la estatuilla de cuánto la maternidad es un capital o un obstáculo para una sociedad que busca igualar los sexos.
En la medida en que la mujer es forzada a vivir la maternidad en términos que la condicionan como una penalidad a su vida profesional, el resto del edificio de la equidad de género se construye sobre pilares flojos. La última pieza de la matrioska, rumbo a cristalizar una mayor igualdad, exige un consenso no solo entre los actores organizados de la sociedad, sino también un esfuerzo para aproximar visiones de mundo, aún tensas entre los hombres y mujeres de nuestra región.
Episodio relacionado de nuestro podcast:
Autor
Fabián Echegaray es director de Market Analysis, consultora de opinión pública con sede en Brasil, y actual presidente de WAPOR Latinoamérica, capítulo regional de la asociación mundial de estudios de opinión pública: www.waporlatinoamerica.org.
