La Amazonía es un tejido vivo y un bioma de derechos, un ecosistema estratégico para la estabilidad climática global, y se encuentra habitado por cerca de 47 millones de personas —incluyendo más de 500 pueblos indígenas— cuyos sistemas de vida, conocimientos y formas de gobernanza sostienen una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta. Sin embargo, sobre este mismo territorio se profundiza hoy una policrisis marcada por el avance extractivista, la criminalidad ambiental, el debilitamiento democrático y la regresión de derechos humanos.
Lo que ocurre en la Amazonía ya no puede entenderse como una suma de conflictos aislados. Se trata de una dinámica estructural de despojo territorial que mantiene reorganizado el poder sobre los territorios amazónicos mediante concesiones extractivas, economías ilegales, militarización, captura institucional y debilitamiento de derechos. Bajo discursos de transición energética, desarrollo o conservación, continúan expandiéndose actividades que fragmentan ecosistemas, desplazan comunidades y profundizan desigualdades históricas.
La ilegalidad dejó de ser excepcional. Convive y aparentemente se articula con estructuras estatales débiles o permisivas que, mientras reconocen formalmente derechos ambientales y territoriales, mantienen condiciones que favorecen el avance de intereses económicos sobre la vida comunitaria o el buen vivir. Esta contradicción produce una peligrosa normalización de la violencia y erosiona progresivamente las condiciones sociales y políticas que sostienen la vida en la Amazonía.
Por ello, garantizar la seguridad territorial se vuelve un imperativo para la gobernanza climática global. Esta se debe basar en acciones de resiliencia impulsadas desde los territorios —particularmente por mujeres amazónicas— que emergen como respuestas clave para la defensa de la vida y la sostenibilidad de la Amazonía en beneficio de toda la humanidad.
De la Amazomorfosis regresiva a la resiliencia de las mujeres
Desde Oxfam hemos advertido que la violencia contra personas defensoras ambientales es apenas la expresión más visible de una arquitectura de desprotección territorial. Los asesinatos, amenazas y procesos de criminalización no son hechos aislados: responden a patrones sistemáticos que buscan debilitar la organización comunitaria y eliminar resistencias frente al extractivismo legal e ilegal.
En este escenario, las mujeres amazónicas enfrentan impactos particularmente graves. La violencia contra defensoras está atravesada por racismo, patriarcado y desigualdad territorial. Por ello, cuando una mujer defensora es perseguida, desplazada o asesinada, el daño no recae únicamente sobre una persona: se fractura el tejido social que sostiene la defensa del territorio y la vida colectiva.
Sin embargo, las mujeres amazónicas también actoras políticas fundamentales en los procesos de resiliencia territorial. Restauran bosques, protegen fuentes de agua, sostienen sistemas comunitarios de gobernanza y defienden otras formas de relación con la naturaleza frente a modelos de desarrollo basados en el despojo.
Amazonía y la esperanza pendiente del Acuerdo de Escazú
Es precisamente en este contexto donde el Acuerdo de Escazú adquiere una relevancia histórica. El acuerdo reconoce los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental, además de establecer obligaciones específicas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. En América Latina, la región más peligrosa del mundo para defender la tierra y el ambiente, este reconocimiento constituye un avance político sin precedentes. Sin embargo, la distancia entre el compromiso normativo y la realidad territorial sigue siendo profunda.
La reciente COP4 del Acuerdo de Escazú dejó avances importantes en términos procedimentales e institucionales. Se fortalecieron mecanismos de seguimiento, se incorporaron herramientas de respuesta rápida frente a amenazas contra defensoras y se reconoció la necesidad de aplicar enfoques interseccionales, interculturales y de género. También se ampliaron posibilidades de participación pública y de seguimiento al cumplimiento estatal.
Sin embargo, la COP4 también dejó al descubierto los límites del multilateralismo ambiental cuando los Estados no transforman sus compromisos internacionales en políticas concretas dentro de sus territorios.
Mientras las delegaciones oficiales hablan de mecanismos regionales de protección, en buena parte de la Amazonía continúan expandiéndose economías ilegales, corredores del narcotráfico, minería ilegal, tala indiscriminada y proyectos extractivos impulsados con débil fiscalización ambiental y crecientes restricciones al espacio cívico. En varios países amazónicos persisten procesos de regresión institucional que debilitan la protección ambiental, limitan la participación ciudadana y reducen garantías para pueblos indígenas y comunidades rurales; cuando miramos el bienestar de las mujeres, la regresión se encuentra en mayor riesgo de retroceso sobre los derechos conquistados.
La contradicción es evidente: se fortalecen mecanismos regionales mientras las condiciones materiales de riesgo en los territorios continúan deteriorándose.
Los sistemas nacionales de protección siguen siendo insuficientes, reactivos y burocráticos. La participación pública continúa siendo, en muchos casos, meramente consultiva y no vinculante. La justicia ambiental permanece atravesada por impunidad estructural. Y los mecanismos de financiamiento climático muchas veces no llegan a quienes efectivamente sostienen la protección de los ecosistemas que benefician a la humanidad.
La situación es todavía más crítica en los países de América Latina y el Caribe que no son Parte del Acuerdo o donde la implementación es mínima y la situación política es regresiva. La ausencia de ratificación o voluntad estatal profundiza escenarios donde convergen criminalidad ambiental, control territorial por economías ilegales y debilitamiento democrático. En esos contextos, las personas defensoras quedan expuestas frente a actores armados, corrupción y ausencia de garantías estatales.
Por ello, implementar efectivamente el Acuerdo de Escazú exige mucho más que declaraciones multilaterales. Supone fortalecer sistemas de protección con enfoque territorial, intercultural y de género; garantizar acceso oportuno y transparente a información ambiental; asegurar participación vinculante de pueblos indígenas y comunidades locales; investigar y sancionar ataques contra defensoras; y destinar financiamiento directo y sostenible a iniciativas comunitarias de protección territorial.
También implica reconocer una verdad incómoda: la sostenibilidad climática no podrá construirse sobre territorios paramilitarizados, comunidades desplazadas y defensoras en grave riesgo o asesinadas.
Amazomorfosis, aporte para la necesaria discusión
En este escenario, desde Oxfam planteamos la publicación Amazomorfosis: Amazonía, territorialidad, vida en riesgo y resiliencia, que no solo documenta la crisis amazónica. Funciona como una herramienta política que interpela directamente a los Estados y al sistema regional sobre su capacidad —o incapacidad— para responder ante esta. Demostramos que las mujeres amazónicas son expertas territoriales y sujetas políticas imprescindibles para cualquier estrategia de protección climática y democrática.
Porque sin las mujeres de los territorios no habrá implementación efectiva del Acuerdo de Escazú. Y sin justicia territorial, de género e intercultural, tampoco habrá posibilidad real de proteger la Amazonía ni el futuro climático de la región.
La mesa está servida.
Autor
Coordinadora de la Iniciativa Amazónica Multipaís de Oxfam. Maestría en Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres, Perú.
