En 2019, el PIB de América Latina creció 0,1%, y tuvo una reducción de 0,1% en América del Sur y en México. A finales de 2019, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó en su balance preliminar sobre la región que estimaba un incremento del PIB de 1,3% para el 2020. De esa manera, se sumaban siete años (2014-2020) de bajo crecimiento y con una reducción del PIB por habitante de 3,7%. Considerando que no ha habido mejoras en la distribución del ingreso y que las inversiones en infraestructura y en los servicios públicos son insuficientes, el resultado de los últimos años fue un empeoramiento de la situación social (y crisis) de gran parte de la población.
El desempeño económico de la región sucede en un contexto de continuación de las reformas estructurales y de las políticas económicas que fueron construidas a partir de la austeridad y el principio de consolidación fiscal, lo cual garantizaba la apertura de los mercados financieros de los países de la región y beneficiaba a los tenedores de deuda pública.
La ejecución de políticas económicas, distanciadas de las propuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los organismos financieros multilaterales, y que fueron realizadas por varios Gobiernos a partir de los años 2003-2005, quedaron atrás. Argentina es un ejemplo del alcance del cambio. El gobierno de Mauricio Macri (desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019) ejecutó un retorno a los mercados internacionales de capital, para lo cual realizó una política económica según las recomendaciones del FMI que llevó a que la economía registrara un bajo crecimiento que desembocó en una recesión desde finales de 2017. El peso argentino tuvo devaluaciones sucesivas. En diciembre de 2015, un dólar estadounidense equivalía a 12.9 pesos y, en noviembre de 2019, a 59.9. La deuda externa creció notablemente hasta el punto de que la deuda pública pasó del 13,9% del PIB durante el comienzo del período al 43% en diciembre de 2019. Esto sucedía en medio de un deterioro de la infraestructura, la destrucción de las instituciones de seguridad social y el aumento de la desigualdad social y la pobreza.
La situación es semejante, aunque bajo otras condiciones, en gran parte de los países latinoamericanos. En Brasil se busca modificar el régimen laboral y destruir algunos avances sociales, mientras que, en otros países como México, se aspira a continuar con las reformas estructurales. El desempeño de las economías durante el periodo que abarca desde el 2014 hasta el 2019 ha sido el peor desde 1950, ya que, según datos de la Cepal (informe especial sobre la COVID-19, n.° 2, de abril de 2020), el PIB regional registró un crecimiento de 0,4%. Y eso que fueron décadas de un débil crecimiento económico que incluyen la crisis de la deuda externa y la década pérdida, a lo cual se sumó la apertura financiera y la integración a los mercados financieros globales que llevaron a sucesivas crisis monetarias, de tipo de cambio y bancarias, y con recesiones y caídas en el ingreso de la población.
Algunos países tuvieron (durante breves lapsos) un comportamiento diferente, que comprendió un crecimiento sostenido y la creación de instituciones sociales que impulsaron el bienestar social y generaron mejoras en el ingreso de diferentes sectores de la población. Sin embargo, se ha mantenido la ejecución del proyecto, orientado hacia la integración de los mercados de capital de los países en la dinámica de los mercados globales, la máxima flexibilización laboral y la mercantilización absoluta de las instituciones de seguridad social. En este contexto, se presenta la pandemia de la COVID-19, cuyas consecuencias se estiman en una reducción del PIB para este año que son de más del 5%.
La COVID-19 ha desnudado el modelo económico actual, que está basado en mantener los beneficios de un reducido grupo de financieros y rentistas»
La COVID-19 ha desnudado el modelo económico actual, que está basado en mantener los beneficios de un reducido grupo de financieros y rentistas que no permite el crecimiento sostenido y, menos, la disminución de la desigualdad social. En 2010 el gasto promedio en salud de los Gobiernos centrales de América Latina fue de 1,9% del PIB. En los años siguientes no hubo aumentos importantes y en 2019 los gastos representaban el 2,3% del PIB. El pago de los intereses de la deuda pública, por su parte, tuvo un crecimiento mayor y pasó de 1,7% en 2010 a 2,6% del PIB en 2019. Si se suman los gastos por pago de capital, en varios países como México la cifra es mayor a la inversión pública. Este fue el contexto que llevó a que en 2019 los movimientos sociales de varios países plantearan la necesidad de cambios estructurales. Tanto en Chile como en Colombia se hicieron señalamientos expresos contra un sistema social afincado en el mantenimiento de la desigualdad. En Ecuador se objetaron las decisiones del Gobierno que son contrarias a la institucionalidad construida en años previos. En Argentina, Macri fue derrotado en las urnas y un año antes, en México, triunfó Andrés Manuel López Obrador.
A la fecha, gran parte de los países ha tenido considerables salidas de recursos financieros, y con una fuerte depreciación de sus monedas y una notable inestabilidad financiera. Han disminuido las exportaciones, tanto de materias primas como de manufacturas, y no hay pistas de cuándo llegará la recuperación. Por ello, no es posible establecer la dimensión de la recesión y, menos, su duración. En todo caso, el mayor desafío para los países es encontrar un nuevo modelo en lugar de retomar la normalidad, dado que esa normalidad es la que ha llevado a la desigualdad social y no genera condiciones para un crecimiento económico continuo.
Foto de Oiluj Samall Zeid en Foter.com / CC BY-NC-ND
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Autor
Pofesor e investigador titular del Departamento de Economía de la Univ. Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa. Coordinador del Prog. Universitario de Investigación Integración en las Américas. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.
