Desde los años noventa, la minería en América Latina dejó de ser una actividad económica más. Se convirtió en un dispositivo de reorganización territorial, ecológica y política. Bajo el discurso del desarrollo y la modernización, la expansión de la frontera extractiva alteró las bases mismas sobre las que se sostiene la vida y la soberanía en la región.
El primer impacto recayó sobre la naturaleza. La minería a gran escala —predominantemente a cielo abierto— no solo transforma ecosistemas: los vuelve sacrificables. Ríos contaminados, bosques fragmentados y montañas perforadas son la expresión visible de un proceso más profundo: la conversión de territorios vivos en espacios de extracción intensiva. Pero el daño no se limita al plano ambiental. Junto con la devastación ecológica avanza el despojo de comunidades cuya relación con la naturaleza no es utilitaria ni mercantil, sino parte constitutiva de su forma de vida.
El segundo eje de esta herida abierta es la especialización productiva impuesta a los países latinoamericanos. Aunque la minería tiene una matriz colonial, su consolidación reciente responde a dinámicas propias del capitalismo contemporáneo financiarizados: ciclos de alza de precios, cambios tecnológicos, transformaciones en la organización productiva y energética y predominio financiero. En otras palabras, al metabolismo mismo del capital. América Latina no eligió este lugar en la economía mundial: fue integrada como proveedora estratégica de minerales para sostener la acumulación global de las economías centrales y emergentes.
Este proceso no fue accidental ni resultado de decisiones aisladas. Forma parte del funcionamiento estructural del capitalismo dependiente. Desde los años noventa, la naturaleza fue “flexibilizada” para convertirse no solo en fuente de ganancias productivas, sino también financieras. Bajo la batuta de las grandes corporaciones extractivas, la llamada modernización minera ocultó una apertura profunda: la pérdida de soberanía sobre los recursos y la subordinación de los intereses nacionales al mandato del capital privado nacional, pero, sobre todo, transnacional.
Mientras las empresas mineras exhibían ganancias visibles, en las sombras operaba un segundo circuito de apropiación. Accionistas, fondos de inversión y bancos globales extraían valor sin tocar el territorio. La riqueza natural dejó de ser solo un recurso físico: se transformó en una promesa financiera, negociada en bolsas de valores y mercados de futuros, lejos de las comunidades afectadas por la extracción. Así, la minería no solo generó excedentes productivos, sino también rentas financieras transferidas a los centros de poder económico mundial.
Hoy, esta dinámica se reactiva bajo nuevas formas. La disputa hegemónica entre Estados Unidos y China coloca nuevamente a América Latina en el centro del tablero global. La llamada “transición energética” y el nuevo ciclo tecnológico caracterizado por la digitalización convierten a los minerales estratégicos en piezas clave para la industria, la seguridad nacional y el liderazgo tecnológico. El resultado no es nuevo: se reciclan los mecanismos históricos de despojo, ahora legitimados por un lenguaje verde y tecnológico, mientras se profundizan las brechas de desigualdad económica y ecológica.
Frente a este escenario, la gestión de los recursos naturales se vuelve una cuestión decisiva. No puede pensarse únicamente en clave nacional, sino regional. América Latina posee un margen de maniobra real: sin sus minerales, gran parte del ciclo de vida de las tecnologías contemporáneas simplemente no es viable. Sin embargo, ese margen no se activará de forma automática. Requiere acción política coordinada, regulación común y límites claros al poder financiero que domina hoy los mercados extractivos.
Una estrategia regional permitiría captar rentas extraordinarias, frenar la disipación de la riqueza en los circuitos globales y orientar los excedentes hacia la transformación de las matrices productivas. La diversidad mineral de la región es una ventaja estratégica: cada país puede aportar un eslabón de la cadena de valor y construir fuerza colectiva frente al capital extractivo. Sin coordinación, esa riqueza se convierte en vulnerabilidad; con ella, puede transformarse en capacidad de negociación.
Pero ninguna alternativa será viable si se ignora a quienes están en la primera línea del conflicto. Las comunidades, expresión viva de una sociedad plural y diversa, enfrentan las consecuencias irreversibles de la minería intensiva, tanto industrial como artesanal. Reconocer sus formas de vida y su relación con la naturaleza no es un gesto simbólico, sino una condición básica para imaginar salidas al enfrentamiento extractivo. Sin un Estado que defienda los territorios como parte de una política soberana, el capital transnacional actúa con la libertad —y la violencia— que le garantiza la impunidad.
Lo que está en juego no es solo un modelo económico. Es la capacidad de decidir el futuro de la región. Persistir en el patrón primario-exportador implica profundizar la dependencia y acelerar la devastación ecológica. Más allá de los minerales, América Latina se enfrenta a una disyuntiva histórica: seguir siendo proveedora de materias primas o construir un camino propio que priorice la vida, la autonomía y las necesidades de sus pueblos.
Porque, en última instancia, no se trata únicamente de extraer recursos. Se trata de decidir quién decide el destino de los territorios y de quienes los habitan.
Autor
Economista, maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Candidato a doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Núcleo de Pesquisa de Geopolítica, Integração Regional e Sistema Mundial de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).
