El pasado 11 de junio, el Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se reunió en la Ciudad de México para legitimar el mecanismo mediante el cual se elegirá al candidato a la Presidencia de la república en las elecciones que se celebrarán el 2 junio de 2024. El mecanismo aprobado es el de una encuesta nacional sobre la que no se ha dado información técnica (pregunta, muestra, estratos, medio). Eso sí, ya el oficialismo lo ha calificado de mecanismo “democrático”, aunque comprende singularidades que distan de serlo.

La primera obligación que tienen los aspirantes es separarse de sus cargos (incluyendo los de elección popular) para que el 16 de junio se presenten ante las instancias partidarias y firmen los compromisos que tienen que ver con el ideario de lo que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ofrecido como Gobierno de “continuidad con cambio”.

Entre el 16 de junio y el 27 de agosto los aspirantes deberán recorrer el país para seguir dándose a conocer y promover el voto a su favor en la encuesta que la Comisión Nacional de Encuestas de Morena habrá de hacer en septiembre. Esto, sin duda, es una campaña anticipada, ya que la fecha establecida constitucionalmente para el inicio de las campañas de las elecciones internas para todos los partidos es a finales de noviembre.

Aún más dudas generan el financiamiento de esta segunda fase de “precampaña” que parte en medio de eventos promocionales en todo el país, pero sin que se haya aclarado la procedencia del dinero invertido ante la autoridad correspondiente, lo que significa técnicamente desventajas entre los aspirantes.

En las resoluciones del Consejo Nacional de Morena se establecen unas reglas del juego que cada uno de los participantes deberá asumir para llegar a buen puerto a finales de agosto. Al menos tres de estas son discutibles desde el punto de vista democrático, ya que se reduce a los aspirantes a simples propagandistas de la llamada cuarta transformación.

En primer lugar, se evitarán los debates públicos y polémicas entre los aspirantes, cuando el debate es indispensable en todo ejercicio democrático. Otra de las reglas, quizás la más escandalosa, llama a evitar los “medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la cuarta transformación y partidarios del viejo régimen”, es decir, los medios críticos, lo que resulta inaudito en clave democrática, dado el derecho a saber de los ciudadanos.  

Y, finalmente, otra de las medidas establece que después del 27 de agosto los candidatos deben suspender sus actividades y no pueden llevar a cabo acciones ni declaraciones relacionadas con el proceso. Es decir, los aspirantes a la candidatura no podrán confrontar entre sí, con el objetivo de que no se pueda desafiar al alfil del presidente, Claudia Sheinbaum.

A pesar de que se busca que la aspiración a la nominación presidencial no se traduzca en una lucha abierta, no están definidas las sanciones para quienes osen violar este proceso de promoción. Solo se menciona que quien así lo hiciere, “más allá de beneficiar a los aspirantes, les hará perder la confianza del pueblo”.

Durante el último tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de exponer públicamente a los cuatro aspirantes y de demostrar su respaldo. Y es que el presidente ha cubierto prácticamente todo el espacio político de su formación, y los aspirantes han estado a su sombra, de manera que sus capacidades y su visión de país ha quedado obnubilada por su narrativa preelectoral.

Dos de los candidatos ejercieron cargos electos que constitucionalmente son irrenunciables, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, considerada el alfil del presidente, y el excoordinador de la facción morenista en el Senado de la República, Ricardo Monreal. Los otros dos candidatos ejercen cargos delegados, como el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Además, a último momento se han sumado a la lista de aspirantes, y por el lado de los aliados electorales, el senador y peso pesado del partido Verde, Manuel Velasco Coello, y el polémico diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quienes, para sostenerse, deben ser propuestos por sus partidos.

En definitiva, el mecanismo de consulta no se puede separar de lo que hasta ahora ha sido un proceso bajo control del presidente López Obrador, quien actúa como el “gran elector” de la interna morenista. Por ello, hay posibilidades de una ruptura, lo que significaría el fracaso del mecanismo aprobado por los consejeros morenistas y prevalecería la incertidumbre democrática.