La cuestión es si este nuevo enfoque de la gestión migratoria estadounidense y de los países de la región tendrá la capacidad institucional de reducir el papel central de los traficantes de personas y sus lógicas de corrupción

En la Cumbre de las Américas los países de América Latina deben plantear una posición más pragmática, teniendo en cuenta la flexibilización de las medidas del presidente Joe Biden hacia Cuba y Venezuela.

Como ante cada masacre, el sistema político estadounidense se divide entre el silencio y las manifestaciones de rechazo tras sobrepasar, por enésima vez, una imaginaria línea roja.

Tras la invasión de Rusia a Ucrania, Estados Unidos ha anunciado que aceptará cien mil refugiados ucranianos y donará miles de millones de dólares. Mientras, sigue pendiente de concretarse la ayuda comprometida por Washington para el desarrollo de Centroamérica.

A un año de la asunción el país ha retomado la estabilidad. Pero si bien la polarización extrema ha quedado relegada, la gestión de la nueva administración de la crisis sanitaria y la economía se han convertido en objeto de críticas del trumpismo.

Con el acuerdo se reanudó la colaboración gubernamental mexicana con el gobierno estadounidense en materia de seguridad, luego de que la cooperación bilateral se vio limitada a raíz de la detención del General Salvador Cienfuegos en 2020, señalado por la DEA por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Los principales acuerdos firmados en la Cumbre abordan temas tan dispares como la gestión de la pandemia, la reactivación de las cadenas de suministro, el empleo, el cambio climático o la migración irregular.

La viabilidad de la implementación de la agenda dependerá de que la diplomacia se traduzca en una eficaz gestión de la propuesta del Plan de Acción a concretarse en diciembre, donde se definirán los pasos para los próximos tres años.