La recientemente celebrada Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles generó ciertos logros, oportunidades y desafíos para impulsar los cinco temas básicos de la reunión centrados en el pacto migratorio regional, la salud y resiliencia, el empleo y la economía digital, el cambio climático y las energías limpias, y la gobernanza democrática.

Estos temas se asocian, a su vez, a tres dimensiones de la cumbre. En primer lugar, la dimensión geopolítica según las prioridades de fomentar la gobernabilidad y la democracia en los países de la región. Vinculado a este punto, encontramos el cuestionamiento implícito a los países considerados no democráticos por restricciones a la libertad de expresión de la prensa y a la libertad de expresión de las ideas, tal como es el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La segunda dimensión está relacionada con las diferentes propuestas de políticas planteadas en el contexto de la cumbre: un pacto migratorio regional; una iniciativa de empoderamiento a mujeres en una economía digital; la resiliencia de la economía y los ecosistemas de salud en el hemisferio; la evitación del abuso y el acoso en internet, el cambio climático y la creación de empleos con energías limpias, y la seguridad alimentaria.

La tercera dimensión es crítica y central pero compleja, ya que busca viabilizar las anteriores propuestas mediante una eficaz gestión, gobernanza y formulación de políticas que sean resilientes, inclusivas, sustentables y equitativas. Es decir, con Gobiernos y administraciones responsables para crear valor social y acuerdos básicos con la sociedad civil y el sector privado por medio de criterios de transparencia y rendición de cuentas.

En este contexto, una de las propuestas prioritarias fue la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección (la Casa Blanca, 10 de mayo de 2022). Esta iniciativa pretende movilizar a la región para transformar el enfoque de la gestión de las migraciones en las Américas, y se basa en cuatro puntos básicos.

El primer punto es la estabilidad y asistencia para las comunidades, que propone repensar la perspectiva del financiamiento multilateral a fin de fomentar el desarrollo y una mejor gestión de las economías. El reto es si los recursos asignados serán suficientes ante los problemas de los países de la región, que se han hecho más complejos en el marco de la pospandemia de la COVID-19, como es el caso del incremento de las desigualdades sociales que han aumentado la pobreza y que limitarán el crecimiento y, por tanto, influirá en el éxodo humanitario en los próximos años.

El segundo aspecto es la ampliación de las vías legales en materia de refugio y visas laborales. Así, se propone cambiar la forma en la que migran las personas, partiendo de programas prioritarios institucionalizados: empleos, protección y reunificación familiar. El desafío es si las diferentes alternativas para aumentar las propuestas de refugio planteadas serán suficientes ante el aumento de las solicitudes provenientes de América Latina y del resto del mundo.

El tercer punto es la gestión humana de la migración, para lo que se proponen las siguientes estrategias: a) control fronterizo humano; b) retorno de migrantes que no tengan necesidades de protección; c) facilitación de los retornos a los países de residencia más reciente o de origen; d) apoyo a los retornos voluntarios asistidos, y e) mayor intercambio de información y cooperación bilateral y regional en materia de contrabando de migrantes y la trata de personas.

La cuestión es si este nuevo enfoque de la gestión migratoria estadounidense y de los países de la región tendrá la capacidad institucional de reducir el papel central de los traficantes de personas y sus lógicas de corrupción, y si se fomentará una eficaz corresponsabilidad o responsabilidad compartida para gestionar las distintas estrategias propuestas.

Y el último punto es una respuesta coordinada ante emergencias, que promoverá una migración segura, ordenada y regular, así como la seguridad de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en la región, particularmente en situaciones de migración masiva y desplazamiento de refugiados. Esta estrategia refleja el marco institucional vigente. El problema es si la reciente ola migratoria que entre octubre de 2021 y abril de 2022 dejó más de un millón doscientos mil migrantes irregulares detenidos por el Gobierno estadounidense (USCBP, abril de 2022) no refleja una crisis humanitaria.

Otro problema estructural es si los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y México tienen suficientes incentivos para reducir o controlar la migración irregular hacia Estados Unidos, tomando en cuenta que mantener o incrementar los flujos migratorios permite recibir importantes recursos por medio de las remesas desde este último.

Estas han sido las iniciativas planteadas a lo largo de la cumbre, pero una condición fundamental para concretarlas es impulsar una eficaz corresponsabilidad de los países con el Gobierno estadounidense y una eficaz gestión, gobernanza y políticas multinivel para el desarrollo. De lo contrario, dichas propuestas no serán viables.

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