El acuerdo marca un punto de inflexión en la agenda ambiental regional y tiene un enorme potencial en el proceso de construcción de sociedades más justas, equitativas y sustentables. A partir de su entrada en vigor, nuestra tarea como ciudadanos será trabajar para que sea ratificado por todos los países y se convierta en realidad.

Las relativamente recientes y aún frágiles democracias latinoamericanas no están libres de las amenazas de la pandemia. En medio de la expansión del coronavirus, países como Bolivia, Chile, Ecuador y El Salvador aprobaron medidas que suspenden temporalmente la protección constitucional de algunos derechos fundamentales.

La confirmación del primer caso de COVID-19 en Brasil y la propagación de esta en la región ha obligado a los Gobiernos a crear diferentes respuestas para contener su avance. En este contexto, los migrantes y sus familias están entre los principales afectados.

Los incendios forestales del pasado agosto encendieron las alarmas y pusieron a América Latina en el centro de las discusiones sobre medioambiente y cambio climático, pero estos son solo síntomas de un fenómeno estructural que ha hecho de la región la zona más peligrosa del mundo para los defensores del medioambiente.

Parecía un sueño hecho realidad. El acuerdo de paz firmado en La Habana en 2016 por parte del Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) intentaba poner fin a un conflicto de seis décadas y daba pie a una nueva era, no solo para el país, sino también para toda la región.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana, América Latina y el Caribe inauguraron oficialmente un periodo sin conflictos armados. La gran paradoja es que el aparente fin de ciclo de la violencia armada coincidió con la aceleración de las mayores migraciones internacionales de la Historia de la región: el éxodo venezolano.