Parecía un sueño hecho realidad. El acuerdo de paz firmado en La Habana en 2016 por parte del Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) intentaba poner fin a un conflicto de seis décadas y daba pie a una nueva era, no solo para el país, sino también para toda la región. Sin embargo, a tres años del acuerdo, la violencia y los asesinatos de líderes sociales continúan, siguen diferentes problemas de implementación, y no son pocas las voces que cuestionan su vigencia.
Tras la firma del acuerdo de La Habana, 500 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados, más de 200.000 personas han sido desplazadas de sus hogares, hay 129 excombatientes asesinados y se estima que un 40% de los que decidieron abandonar las armas las han retomado. Según datos de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), solo en Ecuador, más de 400 colombianos que huyen del conflicto y la persecución solicitan refugio cada mes, pero esta cifra está aumentando como resultado de los nuevos enfrentamientos de disidentes de las FARC y otros grupos armados.
La paz está en crisis por varias razones. De acuerdo con un reciente informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz, de la Universidad de Notre Dame, solo el 23% de los 578 compromisos adquiridos se han implementado en su totalidad y 46% están en proceso de implementación, mientras que un 31% aún debe llevarse a la práctica.
Hoy subsisten diferentes problemas al garantizar la estabilidad del proceso de paz a largo plazo»
La refrendación del acuerdo del 2016 había inaugurado una era y la construcción de una paz que se auguraba estable y duradera. Siguiendo el ciclo virtuoso del acuerdo de La Habana, el 8 de febrero de 2017 también comenzaban en Ecuador las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más grande del país. Con todo, aunque el entonces presidente Juan Manuel Santos subrayó que el fin de la guerra era “irreversible”, hoy subsisten diferentes problemas al garantizar la estabilidad del proceso de paz a largo plazo.
El “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia” fue firmado en La Habana el 24 de agosto de 2016. Tras los fracasos de las experiencias de 1982, 1991 y 1998, existían negociaciones informales desde 2010, pero el acuerdo fue el resultado de la celebración de “diálogos exploratorios” que tuvieron lugar en La Habana desde 2012 y que contaron con la participación de Cuba y Noruega como países garantes, y de Chile y Venezuela como países acompañantes del proceso.
De la inicial exploración sobre la posibilidad de poner fin al conflicto y firmar un acuerdo de paz, las negociaciones dieron como resultado un documento que abordó puntos clave como el abandono de las armas, la distribución de tierras, la reparación y el reconocimiento de las víctimas, la reintegración de los exguerrilleros a la vida civil, un sistema de justicia transicional y la representación política de las FARC-EP en el Congreso de la república.
La memoria histórica de este proceso está reunida en una colección de once tomos, actualmente conservada por la Biblioteca del Proceso de Paz con las FARC-EP del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno Nacional.
El acuerdo de 2016 fue sometido a un plebiscito que hizo patente la gran polarización política y social del país. En efecto, el «no» se impuso con el 50,21%, mientras que el «sí» obtuvo el 49,79%, y el abstencionismo alcanzó el 63%. El resultado obligó al gobierno de Santos y a la cúpula de las FARC-EP a modificar diferentes puntos del acuerdo.
Mediante mandato constitucional, el 24 de noviembre de 2016 se firmó un nuevo acuerdo de paz, aprobado por unanimidad en el Senado y por mayoría absoluta en la Cámara de Representantes, pero no sin protestas de los grupos contrarios, que estaban encabezados por el expresidente y entonces senador Álvaro Uribe.
De esta manera, Colombia, el país con el mayor número de desplazados internos a escala mundial (7,7 millones) y aproximadamente 400.000 refugiados, de acuerdo con la Acnur, sellaba el acuerdo que ponía fin a seis décadas de conflicto armado que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, causó más de 260.000 muertes, 80.514 desaparecidos, la devastación de zonas rurales, innumerables abusos y violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, aunque el acuerdo ha traído avances en varios ámbitos, como en el caso de la reducción de las tasas de muertes por hechos violentos o en cuanto a la integración social y política de algunos excombatientes, el Estado no ha cumplido todas las promesas. El Gobierno nacional, hoy presidido por Iván Duque, del Partido de derecha Centro Democrático, ha propuesto reformas sustanciales a la Ley de Justicia Especial para la Paz (JEP) y ha cuestionado seriamente los acuerdos firmados por el gobierno anterior.
Además, el desarrollo rural y la ejecución de infraestructura y servicios básicos para las poblaciones campesinas aún siguen siendo una promesa, a la vez que el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito enfrenta serios problemas, tal como lo demuestra la producción récord de coca por parte del país en 2017. Por si fuera poco, el fin de los diálogos con el ELN y el atentado a la Escuela de Policía General Santander en enero de 2019, que este grupo reconoció, dejaron claro que el proceso de posconflicto todavía tiene carácter parcial.
En definitiva, para lograr una paz estable y duradera se necesita más que un acuerdo y buenas intenciones. El Gobierno colombiano, además de respetar lo pactado en La Habana, debe impulsar reformas estructurales de tipo económico, político y social a mediano y largo plazo, al tiempo que la sociedad tiene que comprometerse con la opción de conservar y consolidar la paz. A pesar de las dificultades y de las profundas divisiones de la sociedad colombiana, la paz es la condición sine qua non para crear un país más justo, democrático y equitativo. Para garantizar la implementación de lo pactado, Colombia también puede extraer valiosas lecciones de experiencias como los procesos de paz de El Salvador y Guatemala.
Autor
Cientista política. Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ) y del Postgrado en Ciencia Política de la UNIRIO. Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid.
