Ecuador ha dejado de ser un actor marginal para integrarse de lleno, y tardíamente, a las dinámicas del crimen organizado transnacional, en un contexto de profundas debilidades estatales.
La violencia que siguió a los hechos recientes en Jalisco no habla solo de una organización criminal, sino de la capacidad —y los límites— del Estado para administrar los vacíos de poder.
El uso creciente de drones por el crimen organizado está trasladando la disputa por el control territorial al espacio aéreo de baja altitud, desafiando la capacidad de respuesta de los Estados.
La extorsión criminal se infiltra en escuelas, templos y espacios deportivos ante la incapacidad del Estado para garantizar seguridad y frenar su expansión.
La violencia opera como un “impuesto oculto” que le cuesta a América Latina 3,5% del PIB y estrangula inversión, productividad y desarrollo, convirtiendo la seguridad en la gran política económica pendiente de la región.
La violencia en México adopta cuatro rostros territoriales distintos, revelando un país donde el Estado coexiste, compite o desaparece frente al crimen organizado.
