El poder del "lobby" empresarial y la concentración extrema de la riqueza están profundizando la desigualdad y debilitando las bases sociales y democráticas, empujando a las economías hacia un riesgo creciente de fractura social.
Mientras en países desarrollados la productividad impulsa empleo de calidad, en América Latina el avance tecnológico está aumentando la eficiencia al costo de más informalidad y menos trabajo formal.
La violencia opera como un “impuesto oculto” que le cuesta a América Latina 3,5% del PIB y estrangula inversión, productividad y desarrollo, convirtiendo la seguridad en la gran política económica pendiente de la región.
América Latina enfrenta el riesgo de una nueva “década perdida”, con un crecimiento regional estancado y desafíos estructurales que amenazan su desarrollo económico y social.
La pasividad de América Latina ante el colapso del orden multilateral amenaza con dejar a la región sin defensa frente a las políticas económicas arbitrarias y dominantes de Estados Unidos.
