Perú no es un país polarizado en sentido estructural, sino una democracia fragmentada y volátil donde abundan los vetos y faltan proyectos capaces de ordenar la competencia política.
La minería ilegal irrumpe en las elecciones peruanas de 2026 como un actor político capaz de influir candidaturas, leyes y partidos en un país donde el oro pesa tanto como los votos.
La minería ilegal, convertida en un poder económico y político paralelo, avanza en el Perú con dinero, violencia e influencia, amenazando con decidir desde las sombras las elecciones presidenciales de 2026.
La destitución de Dina Boluarte simboliza el colapso de una democracia peruana agotada, desconectada de su ciudadanía y atrapada en un ciclo de crisis institucional y deslegitimación política.
La destitución de Dina Boluarte no es un hecho aislado, sino la confirmación del patrón de inestabilidad que marca a las presidencias latinoamericanas desde hace más de cuatro décadas.
En el país andino se ha oficializado una cifra récord de fraccionamiento partidario. En total, 43 partidos políticos fueron habilitados para postular a la Presidencia en las próximas elecciones.
