El 25 de enero, un campo de fútbol en Salamanca, Guanajuato, fue escenario de la última masacre que ha sacudido a México. El saldo fue de once personas asesinadas y una decena de heridos. Las autoridades atribuyeron el ataque a una célula del Cártel de Santa Rosa de Lima, y el móvil tendría una conexión con el cobro de piso asociado a la práctica del fútbol. Comúnmente se considera que este tipo de delito afecta principalmente a empresas y comerciantes; sin embargo, su expansión se ha extendido hacia ámbitos no convencionales. ¿De qué manera se ha manifestado este delito en rubros como la fe, la educación y la recreación?
A lo largo de los años, los grupos del crimen organizado han diversificado sus actividades ilícitas, siendo el cobro de piso una de las modalidades que mayores réditos les ha generado. Mediante amenazas, intimidación o, en algunos casos, el uso directo de la violencia, exigen pagos periódicos a personas o negocios, tanto formales como informales —diarios, semanales o mensuales—, a cambio de permitirles vender sus productos o continuar con sus actividades. Esto implica el control territorial de una zona determinada.
Este delito afecta tanto a una empresa transnacional como a un pequeño puesto de tacos. El temor a que el negocio sea dañado o destruido, o incluso a ser asesinados, lleva a trabajadores y propietarios a acceder a abonar las cantidades exigidas. En algunos casos, las sumas demandadas resultan impagables, lo que los obliga a bajar la cortina. En otros, pese a las amenazas, optan por resistirse y continuar operando.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024, señala en sus estimaciones que, durante 2023, en México se cometieron 747.000 delitos de extorsión, de los cuales 113.000 correspondieron a extorsiones en la vía pública, en establecimientos o al cobro de piso. Mientras que en 2011 el 44,7% de las víctimas entregaron lo exigido por los criminales, para 2023 esta cifra ascendió al 67%. Esta tendencia al alza refleja una modalidad cada vez más exitosa para los criminales, ya que la mayoría de las víctimas cede a sus peticiones.
Además, el INEGI indica que, de los delitos cometidos contra unidades económicas, más del 90% no fueron denunciados de manera formal. Entre las causas de la no denuncia, el organismo destaca que cerca del 60% corresponde a factores atribuibles a la autoridad, que incluyen el miedo a la extorsión, la desconfianza institucional y malas experiencias previas.
En ausencia de cifras oficiales que cuantifiquen con precisión las pérdidas por cobro de piso como porcentaje de los ingresos empresariales, algunas estimaciones, como la emitida en 2024 por el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), señalan que representaba entre el 10% y el 20% del ingreso de este tipo de empresas (Senado de la República, 2024). Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) indicó en 2025 que el delito de extorsión, que incluye el cobro de piso, representó pérdidas económicas por más de mil millones de dólares.
Se ha documentado ampliamente cómo negocios y productores de diversos sectores han enfrentado el cobro de piso. En los últimos años, sin embargo, se ha comenzado a observar una tendencia en la que actividades que anteriormente se encontraban fuera del radar de la delincuencia organizada han empezado a verse afectadas por esta práctica.
En 2022, el arzobispo de Guadalajara, el cardenal Francisco Robles, declaró que en regiones del norte del estado de Jalisco era necesario contar con la autorización del líder local encargado de las actividades ilícitas de un cártel para llevar a cabo las fiestas patronales y que, de ser así, se debía entregar hasta el 50% de lo recaudado durante los festejos. Asimismo, en 2024, el presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo, afirmó que varios templos de la entidad habían cerrado debido al cobro de piso, equivalente aproximadamente a entre 580 y 1.160 dólares mensuales, de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese periodo.
En el ámbito educativo, este sector tampoco se ha salvado de este delito. Se ha reportado el cobro de piso a maestros de escuelas en distintas regiones de México; así lo documentó el diario El Universal en julio de 2024 al destacar que, en lo que iba del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se habían abierto doce carpetas de investigación por este delito. Un caso que ejemplifica esta situación es el de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, ubicada en Michoacán, donde en abril de 2025 padres de familia denunciaron el cobro de piso a docentes, señalando que los delincuentes llegaron incluso a utilizar a los alumnos como intermediarios para entregar carpetas con amenazas dirigidas al personal educativo.
De la misma forma, las actividades de recreación, como la práctica deportiva, también se han visto afectadas, siendo la masacre ocurrida en Guanajuato su episodio más lamentable. El antecedente de este suceso trágico fue la emisión de amenazas por parte del crimen organizado contra ligas de fútbol amateur de la localidad, lo que llevó a que, días antes de la agresión, varias de ellas suspendieran sus partidos. Diferentes fuentes periodísticas han registrado que organizaciones y directivos recibieron exigencias de cobro de piso, equivalentes aproximadamente a casi 2.900 dólares mensuales, como condición para poder llevar a cabo los encuentros futbolísticos.
Ante la ausencia de protección por parte de la policía, algunas ligas optaron por contratar seguridad privada; sin embargo, diversos medios, como El País, señalaron que, de acuerdo con autoridades federales, el ataque en Salamanca habría sido producto de la disputa entre el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya que cinco de las víctimas, integrantes de la seguridad privada, estarían presuntamente vinculadas a este último grupo. De acuerdo con estas versiones, miembros del CSRL habrían llegado a los campos de fútbol y abierto fuego de manera indiscriminada contra jugadores y espectadores.
En definitiva, el cobro de piso en nuevas actividades continúa en aumento. El escenario es complejo, ya que el Estado mexicano no está cumpliendo con su función primigenia de garantizar la seguridad de la población. Ello se explica, en parte, por la colusión de actores políticos, en distintos niveles de gobierno, y de agentes estatales que cooperan con grupos del crimen organizado o deciden no actuar. Esta situación ha permitido que dichas organizaciones ejerzan un control de facto sobre diversas regiones del país.
No se vislumbra un escenario alentador frente a una realidad que sobrepasa a los mexicanos. La estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, hasta el momento, presenta limitaciones, mientras una parte de la población se siente cada vez más acorralada por las redes criminales. Frente al cobro de piso, parecen existir dos vías reales: ceder a las demandas o negarse y afrontar las consecuencias. Ninguna de las dos debería ser una opción. La masacre ocurrida en Salamanca puede interpretarse como una expresión extrema de ese contexto, en el que, ante la ausencia de protección estatal, se recurrió a la contratación de seguridad privada. Sin embargo, el desenlace evidencia que el crimen organizado actúa conforme a sus propios intereses y que, para lograrlos, la vida del otro no constituye un obstáculo.
Autor
Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México. Doctorando en ciencia política de la Universidad de Guadalajara y máster en Asuntos Políticos y Políticas Públicas de el Colegio de San Luis.
