Contradicciones del desarrollo en tiempos de crisis climática

Brasil y Uruguay llevan adelante apuestas petroleras al tiempo que sus gobiernos plantean ganar protagonismo en la lucha contra el cambio climático. Estas estrategias, sintetizan las contradicciones que surgen en el seno, tanto del progresismo como del neo–desarrollismo en tiempos de urgencia climática. Y es que la crisis climática nos obliga a modificar el patrón de producción y consumo, a optar por inversiones en sectores más dinámicos y a apostar por la transición.

Obviamente dicha transformación no resulta sencilla, ni rápida, ni puede esperarse que sea el mercado quien la lidere. Es necesario un planeamiento estratégico que imponga una nueva visión del Estado, incluida una mediación en el flujo de las inversiones extranjeras para impedir que lleguen nuevos capitales para nuevos proyectos petroleros. Para ello se deben redefinir instituciones y rediseñar políticas.

La ambivalencia de Brasil

Una publicación reciente ARG1.5 analiza los diversos actores intervinientes en la toma de decisiones de gobierno, donde la prevalencia de los “petroleros» evidencia las contradicciones que presenta el discurso de Lula, explica la ambivalencia en el plan de transición energética del Brasil. En los días previos al inicio de la COP30, el gobierno autorizó la licencia de exploración petrolera en el bloque FZA-M-59, ubicado en la desembocadura del Amazonas. La cuenca generaría 14 mil millones de barriles, lo cual liberaría un 5% del volumen restante para sobrepasar el 1.5C de la temperatura preindustrial.

A pesar de las críticas que generó dicha medida entre las comunidades indígenas del Amazonas y las organizaciones no gubernamentales, la administración Lula ha proseguido con la apuesta ya que la considera necesaria para avanzar con la transición. Aunque Petrobras reinvierte 95% de los ingresos en nuevos proyectos fósiles, el relato se condice tras el crecimiento espectacular que evidenció la actividad petrolera tras el descubrimiento del Pre-Sal, lo que colocó al Brasil entre los principales productores del mundo.

Los fondos para financiar la transición siguen siendo escasos, al tiempo que aumentan los subsidios al sector petrolero. Esto debido a que la rentabilidad de corto plazo que imponen los accionistas bloquea cualquier tipo de estrategia de cambio. Tampoco los inversores están interesados en reducir los subsidios que benefician al sector y mucho menos transferirlos a aquellos que brindan alternativas limpias. Según un estudio del Instituto de Estudios Socioeconómico (INESC), la mayor parte de los subsidios energéticos otorgados por el gobierno en 2022-2023 beneficiaron desproporcionadamente a las fuentes fósiles respecto a las renovables.

Lo mismo sucede con la política industrial. Aunque aumentan las energías renovables, el programa de aceleración del crecimiento lanzado en 2023 sigue privilegiando a las empresas del sector petrolero. El gobierno esgrime cuestiones de seguridad energética, desconociendo los desafíos de largo plazo que significa invertir capitales en un sector donde los activos pueden quedar varados.

La dirigencia de Petrobras sigue encapsulada en el tiempo, donde la soberanía pasaba por la autosuficiencia energética, asociada a la producción de petróleo. Aunque la idea de “o petróleo e nosso” siga entusiasmando a muchos, la dirigencia de Brasil también debería entender que “o petróleo não e progresso”, tanto como considerar la responsabilidad que le corresponde al país en la crisis climática que evidencia la humanidad – recordando que el gigante de Sudamérica se encuentra en el selecto club de las 10 primeras economías del mundo. De avanzar con la explotación en el bloque 59, Brasil se convertiría en el quinto productor mundial de petróleo.

El caso uruguayo

A días del inicio de la reunión en Belem, la gerencia de transición energética de la empresa petrolera uruguaya, ANCAP, exponía las bondades del proyecto de exploración offshore ante inversores reunidos en Río de Janeiro. De momento el gobierno ha licitado 7 áreas de exploración, con varias empresas globales (Shell, YPF, ENI, CGG) ya comprometidas en su desarrollo. Para la dirigencia de la petrolera de propiedad estatal, el éxito de la iniciativa se asienta en la similitud geológica que ofrece la plataforma uruguaya con la de Namibia.

Como en el caso brasileño, la empresa uruguaya espera monetizar los recursos para el desarrollo, en una región plagada de experiencias fracasadas. Esto, a pesar de la amenaza ambiental ya que las operaciones tendrían lugar en una zona de alta biodiversidad, y al turismo teniendo en cuenta que la zona licitada se encuentra frente a las costas de Punta del Este.

Cabe recordar que la transformación de su matriz energética le valió a Uruguay el reconocimiento internacional. Casi la totalidad de la electricidad es originada por fuentes renovables, mientras que su plan de movilidad eléctrica ya muestra signos de transformación considerando la proporción de autos eléctricos en las ventas totales.

Uruguay ha sido también pionero en el campo del financiamiento sostenible, tal como lo prueba el lanzamiento del bono indexado a indicadores climáticos, emisiones y superficie de bosque nativo. Lo paradójico del caso surge al observar que el mencionado cambio logró reducir drásticamente las importaciones petroleras, lo cual implicó reducir la sangría de divisas que representaba dicha dependencia. Todo ello le permitió ganarse el respeto y construir reputación en materia ambiental. Por lo tanto, avanzar con la exploración petrolera implica un retroceso, una eventual pérdida de reputación ante los inversores “verdes” y un costo moral para un país que supo abanderarse con la transición.

Privilegiar el modelo extractivo obedece a intereses y el sector petrolero resulta muy poderoso. Ello se evidenció en la presión ejercida por Arabia Saudita en la COP30, que terminó luchando por todos los medios para que no se emitiera una declaración para dejar atrás el petróleo. Esta disputa plantea una nueva faceta con la ambivalencia de Lula que busca ir a la próxima cumbre del G20 en nombre de quienes pujan por avanzar hacia un mundo libre de petróleo y con el gobierno uruguayo cuyo ministerio de ambiente plantea que la exploración offshore no resulta incompatible con el proceso de descarbonización del país.

Los gobiernos no deben olvidar lo que la comunidad científica no para de advertir: traspasar la barrera de los 1.5 Cº es una amenaza para la humanidad. Debemos relanzar el debate respecto a la economía del futuro, reemplazar las narrativas del desarrollo permanente que aún predominan en nuestra dirigencia y bregar para que la opinión de la ciudadanía sea respetada, particularmente la de aquellos cuyas comunidades resultan más afectadas. Para cumplir con dicho cometido, los líderes mundiales deberían impedir el accionar del lobby petrolero en la próxima reunión y priorizar el debate científico en las deliberaciones de la COP.