Crisis carcelaria

Crisis carcelaria y narco violencia en Ecuador

El 13 de noviembre de 2022 cinco voceros de organizaciones criminales anunciaron desde diferentes cárceles un acuerdo de paz en respuesta a la extrema violencia narco que sufre Ecuador. Lo hicieron a través de videos grabados en un formato comunicacional que imita los pronunciamientos presidenciales del actual gobierno. Mensajes cortos de aproximadamente dos minutos, sin mucha explicación o justificación y producidos para circular en redes sociales. En las imágenes los internos miran directamente a la cámara. La composición visual es corporativa y el encuadre es político. Un plano de cuerpo entero muestra al representante de cada organización rodeado por decenas de internos. El sonido es relativamente bueno y el tono de voz es respetuoso, incluso conciliador. Las tomas bien podrían ser parte de una campaña publicitaria hecha para una empresa o un partido político; sin embargo, son video-mensajes realizados por bandas prisioneras ultraviolentas que el Estado ecuatoriano no solo toleró sino que fomentó en las cárceles con el fin de producir inteligencia policial sobre narcotráfico y delitos conexos.

Los pronunciamientos están dirigidos al gobierno y la ciudadanía. En uno de los videos el vocero antepone las siglas GDO antes de nombrar a las organizaciones que firmaron la paz. GDO significa grupo de delincuencia organizada, una categoría policial utilizada para clasificar redes criminales asociadas con economías ilegales.

¿Por qué les interesa a los internos autodenominarse GDO? Desde 2019 la cárcel ecuatoriana es un servicio más de la Policía Nacional y la población penitenciaria es la fuente más importante de inteligencia policial. Ser considerado GDO es vital para los internos porque les permite negociar privilegios y capacidades como, por ejemplo, pedir traslados, auto-segregarse en pabellones o ingresar objetos prohibidos a los centros de encarcelamiento.

A cambio la policía recibe información sobre el funcionamiento logístico de los mercados de drogas ilegales en el país. Vale anotar que la incautación de droga es el indicador más importante en la guerra contra el narcotráfico liderada por Washington. En este contexto, al afirmar que la guerra no es contra el Estado, los GDOs le están recordando al gobierno que el crimen organizado necesita del poder estatal para ser lucrativo y que ellos no buscan desestabilizar el régimen; una hipótesis sugerida insistentemente por las autoridades responsables de la seguridad y el propio presidente de la República.   

Los voceros también niegan que sus redes criminales sean responsables de la reciente ola de asesinatos, extorsiones y secuestros. Acusan a un GDO ‘contrario’ de ser el causante de la inseguridad y la violencia. El GDO aludido es el más grande del país y el más cercano al trabajo policial en cárceles; es más, dicho GDO creció de la mano con la unidad de inteligencia policial penitenciaria.

Es común que el poder criminal y el poder estatal se retroalimenten en sociedades donde el crimen organizado ejerce soberanías informales sobre poblaciones históricamente abandonadas por el Estado. El problema del caso ecuatoriano es que el gobierno tiene poco poder político sobre la policía y la política de seguridad. De hecho, el gobierno cada vez depende más de la policía para gestionar problemas sociales como el desempleo y disensos democráticos como la protesta. Esto le impide desmontar el modelo de intercambio y cooperación clandestina entre aparato policial y crimen organizado.  

Los videos también piden a la ciudadanía denunciar en fiscalía si son víctimas de ‘vacunas’ – una palabra usada en América Latina para referirse a diferentes prácticas extorsivas en zonas donde el poder estatal tiene capacidades limitadas o es percibido negativamente. Los voceros indican que los GDOs no están detrás del cobro de vacunas y dicen estar dispuestos a colaborar con la justicia para identificar a los culpables.

La extorsión no es un fenómeno nuevo en Ecuador; existen testimonios de extorsión que registran prácticas de esta naturaleza décadas atrás, tanto entre pequeños y medianos comerciantes urbanos como entre agricultores y emprendedores rurales. La novedad es el tipo de extorsión a la que está sometida la ciudadanía actualmente y su relación con la cárcel.

La extorsión carcelaria en Ecuador se conoce con el nombre de empeño. Estar empeñado implica que la persona viviendo tras las rejas se convierte en colateral o prenda de una deuda creada por un grupo de internos de modo arbitrario. La gente empeñada debe pagar dicha deuda en un plazo determinado, generalmente pidiendo dinero a su familia. Esta forma de ‘vacuna’ no es un impuesto informal ni es un servicio de protección forzado, es la reducción de la vida prisionera a la extracción predatoria de recursos financieros.

A mediados de los 2000s, el empeño fue proscrito por los mismos internos en el marco de un proceso de pacificación. Sin embargo, esta práctica reapareció, a veces con otros nombres, desde que inició la crisis carcelaria y, en el último año, se extendió a las calles de las ciudades más populosas.

Que los GDOs hablen de vacunas en su pronunciamiento de paz es relevante por dos razones. Por un lado, estas organizaciones saben que es imposible controlar prácticas extorsivas si no son parte de procesos concretos de construcción de soberanías criminales, en donde la extorsión es reinterpretada como un servicio a la comunidad y opera como una forma de impuesto informal.

Por otro lado, es evidente que las redes criminales perciben el creciente rechazo de la ciudadanía. Esto no siempre ha sido así, varios grupos ligados al narcotráfico contaban y algunos todavía cuentan con cierta legitimidad, especialmente en lugares donde la soberanía estatal está en disputa como es el caso de la frontera norte.

Para concluir conviene resaltar que el poder estatal y el poder criminal en Ecuador se coproducen, yuxtaponen y cada vez se parecen más. La estrategia de seguridad del gobierno genera violencia en lugar de reducirla. Reclutar a los líderes de los GDOs como fuentes humanas de inteligencia policial fue un error. Esta intervención policial reorganizó el mercado de cocaína a partir de principios de delación y venganza, creando condiciones para el aparecimiento de la extrema violencia narco.

En este momento, las organizaciones criminales además de controlar las calles controlan la narrativa de la inseguridad. La policía actúa reactivamente en función de la información ofertada por líderes de redes delincuenciales. Lamentablemente, el gobierno no parece nada interesado en cambiar su política de ‘mano dura.’


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