Después de 18 meses, los ecuatorianos volverán a las urnas el 9 de febrero para elegir un binomio presidencial, 151 asambleístas y cinco parlamentarios andinos para un periodo de cuatro años. En mayo terminará el gobierno transitorio del presidente, Daniel Noboa, quien fue electo en un proceso sui generis provocado por la disolución de la Asamblea o muerte cruzada por parte de su antecesor, así como el llamado a elecciones anticipadas. El primer mandatario se ha convertido en candidato a presidente y disputa esta contienda contra 15 contrincantes.
Las propuestas de los aspirantes a la presidencia se enfocan en dos temas: combate a la inseguridad y la generación de empleo. Estos problemas guardan los mismos lugares de preocupación en los últimos tres años. En este periodo, la realidad no ha cambiado y tiende más bien a un proceso de agudización. Los últimos tres gobiernos han aplicado fórmulas similares contra la inseguridad: estados de excepción, más presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y en las cárceles, fortalecimiento de la Policía Nacional con más efectivos, armas y tecnología. Nada se ha avanzado en procesos de extradición y golpes certeros a las finanzas de los grupos delictivos, además de los insuficientes resultados en el control de los puertos y las fronteras por donde circula la droga.
Un elemento diferenciador del actual gobierno en el combate al crimen organizado es la expedición del Decreto 111, en el cual se declara la guerra interna a las bandas delincuenciales. Pese a la radicalización de las medidas, Ecuador cerró el 2024 como uno de los países más violentos de la región, debido al registro de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Sin embargo, esta problemática no se reduce a este tipo de delito, pues hay una proliferación de secuestros, extorsión o vacunas a cambio de una falsa seguridad, tráfico de armas y droga, y minería ilegal.
En el último trimestre han incrementado los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los lugares considerados de alta peligrosidad como la Zona 8, en la costa ecuatoriana, que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón. Las fuerzas del orden han capturado objetivos considerados de alto valor, pero los resultados se diluyen rápidamente debido a que el sistema de administración de justicia pone en libertad a delincuentes con un extenso historial. Hay un divorcio entre las políticas de seguridad y la actuación de los operadores de justicia.
Otro de los factores determinantes y retos para el siguiente gobierno es la lucha contra las violencias en materia de prevención, contención y erradicación. Pese a los esfuerzos de distintos sectores, organizaciones e instituciones que promueven, defienden y trabajan por la progresividad de los derechos de las poblaciones vulnerables, desde el 2014 hasta el 2023 se han producido 1.698 femicidios, según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA). Por otra parte, entre el 2023 y el 2024 la primera y segunda causas de muerte en los jóvenes son las muertes violentas y el suicidio, y la violencia intrafamiliar está entre los dos principales delitos denunciados a la Fiscalía. Es decir, el problema no solo está en la inseguridad, sino en las manifestaciones que desconfiguran de manera sistemática el tejido social.
El contexto de la inseguridad es de alta complejidad y está vinculado con la situación socioeconómica de la población. Conecta con la segunda promesa de campaña: el desempleo. Apenas tres de cada diez personas cuentan con empleo digno, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La situación de los jóvenes va en la misma línea: siete de cada diez no tienen empleo y de los 200.000 bachilleres que egresan de los colegios en los últimos tres años, apenas la mitad puede continuar con sus estudios en alguna institución de educación superior. La migración es un detonante, pues las cifras que se registraron en el 2024 son iguales a las del 2000, año de la mayor crisis bancaria y financiera.
Los 16 candidatos disputan los votos en las redes sociales y en los recorridos por las calles. Si bien todos coinciden en los problemas, no pasa lo mismo con las soluciones. En materia de seguridad hay un común denominador, que es el fortalecimiento de los aparatos de inteligencia para erradicar a las bandas criminales, la persecución del lavado de dinero y el endurecimiento de las penas contra ciertos delitos y también contra los operadores de justicia que están en contubernio con el crimen organizado. Además, se reitera la necesidad de buscar alianzas con otros países y la cooperación internacional. Las propuestas carecen de un análisis del financiamiento para combatir el crimen, lo que les hace endebles y hasta cierto punto demagógicas.
En cuanto al empleo, hay una posición mayoritaria de los candidatos para revisar el Código de Trabajo, en el sentido de abrir la contratación a diferentes modalidades, sobre todo para los jóvenes, beneficiar con incentivos al sector privado que genere nuevas plazas de trabajo desde lo tributario, y atraer la inversión extranjera directa y la reinversión nacional. Este conjunto de propuestas, sin embargo, no resuelve la inseguridad jurídica, las decisiones respecto del régimen laboral en la nueva Asamblea, la relación futura entre empresa y gobierno. La tarea es titánica para el ganador de las elecciones, porque Ecuador no logró crecer ni el 1 % del PIB en el 2024.
Hay una crisis múltiple que demandará un acuerdo amplio y de largo plazo entre política, sociedad y empresa para los siguientes cuatro años, sobre todo para combatir la inseguridad y generar empleo. Quien gane las elecciones tendrá que demostrar si sus propuestas de campaña le alcanzan en la gestión gubernamental, la estabilidad económica y política.
Autor
Cientista político y comunicador. coordinador general de investigación Instituto de Altos Estudios Nacionales - IAEN (Quito). Doctor en Ciencias Sociales por FLACSO-Ecuador. Últimos libros: (2023) "Ecuador: diálogo y acuerdos mínimos" y (2020) "En el ojo del huracán. Ley de Comunicación en Ecuador".
