La salida de Nicolás Maduro del poder fue recibida ampliamente como el colapso de un modelo político que había llegado a sus límites. Tras años de hundimiento económico, migración masiva, represión sistemática y manipulación electoral, la caída del líder venezolano parecía cerrar un ciclo iniciado con Hugo Chávez en 1999. Para millones de venezolanos, la pregunta parecía sencilla: ¿cómo podría ser peor que lo vivido?
Sin embargo, la historia sugiere que la caída de un autócrata no marca el final de la lucha democrática, sino su fase más peligrosa. Venezuela se suma a una larga lista de países —desde Irak y Libia hasta la Rusia postsoviética— donde la salida de un gobernante no produjo estabilidad ni democracia consolidada.
América Latina ofrece lecciones distintas. La transición negociada de Chile preservó la capacidad del Estado y subordinó gradualmente a los militares, aunque al costo de justicia tardía y participación popular limitada. El Perú posterior al autoritarismo combinó rotación política acelerada con debilitamiento institucional. Nicaragua muestra otra trayectoria: una ruptura revolucionaria que desmontó una dictadura solo para reconstruir un nuevo autoritarismo personalista.
Este riesgo no es exclusivo de Venezuela. Transiciones recientes en América Latina, Medio Oriente y Asia confirman una idea señalada por Guillermo O’Donnell y Adam Przeworski: la democracia no se garantiza solo con elecciones, sino con incertidumbre institucionalizada, reglas que todos aceptan incluso cuando pierden. Cuando los regímenes colapsan abruptamente, sobre todo bajo presión externa, el poder suele reorganizarse no alrededor de instituciones duraderas, sino de actores armados o tecnócratas respaldados desde el exterior.
Venezuela no es una hoja en blanco
El régimen de Maduro nunca contó con legitimidad democrática sólida. Su designación por Chávez y la manipulación de la elección de 2013 marcaron un patrón que continuó con la farsa electoral de 2018. La elección presidencial de 2024, ganada claramente por la oposición y documentada mediante conteo paralelo, eliminó la poca credibilidad electoral restante. La negativa del régimen a aceptar la derrota confirmó que el poder descansaba en la coerción.
La crisis económica —salarios mínimos por debajo de un dólar, hiperinflación reactivada y una de las mayores migraciones en tiempos de paz— redujo aún más el margen para cálculos políticos prudentes.
En ese contexto, el apoyo a una solución rápida, incluso violenta, resulta comprensible. Pero Venezuela no emerge de la caída de Maduro como una comunidad política unificada. Años de autoritarismo fragmentaron el poder entre altos mandos militares, servicios de inteligencia, colectivos armados, redes criminales y grupos extranjeros, una dispersión diseñada para impedir que la Fuerza Armada se convirtiera en una amenaza directa.
Estos actores no desaparecen con la salida del líder. Por el contrario, el colapso repentino puede romper los pactos informales que, aunque perversos, contenían una violencia mayor.
Casos previos ilustran el riesgo. En Irak, la desbaazificación eliminó gran parte de la estructura administrativa del Estado, creando un vacío ocupado por insurgencias armadas. En Libia, el colapso del régimen sin sucesión institucional disolvió el propio Estado.
Estados Unidos, que ejerce influencia considerable sobre la transición venezolana, parece consciente de estos precedentes. En lugar de promover una deschavización total, Washington ha tolerado figuras de continuidad que puedan evitar un colapso estatal, incluso al costo de marginar a parte de la oposición democrática.
¿Primero estabilidad, después democracia?
El papel de Estados Unidos refleja una tensión persistente entre principios democráticos y prioridades geopolíticas. La retórica oficial enfatiza democracia, lucha contra el narcotráfico y seguridad regional. Sin embargo, decisiones recientes —tolerancia hacia figuras del antiguo régimen, prioridad a la estabilidad energética y marginación de actores opositores— sugieren un objetivo familiar: estabilidad política en términos estratégicos.
Esta lógica tiene precedentes. Desde la Corea del Sur de Park Chung-hee hasta la Indonesia de Suharto, la modernización autoritaria alineada con Washington fue presentada durante décadas como un paso previo a la democratización. En algunos casos la democracia llegó después; en otros, la estabilidad consolidó regímenes autoritarios duraderos.
El liderazgo interino venezolano ha generado comparaciones con estos modelos de estabilización tecnocrática. Sus defensores señalan cierta estabilización macroeconómica y recuperación parcial de capacidades estatales. Sus críticos advierten que posponer la rendición de cuentas democrática puede consolidar lo que Daron Acemoglu y James Robinson llaman instituciones extractivas, sistemas que concentran poder y rentas en élites reducidas.
El dilema venezolano se parece menos a la transición pactada chilena que a ciclos de inestabilidad institucional como el peruano, o a la advertencia nicaragüense sobre cómo momentos revolucionarios pueden derivar en nuevas concentraciones de poder.
En este contexto, el petróleo sigue siendo políticamente central. El crudo venezolano es pesado, costoso de refinar y menos estratégico en un mercado global marcado por la transición energética. El acceso reducido a China y el probable fin de envíos subsidiados a Cuba reducen aún más su peso geopolítico.
Aun así, el petróleo continúa estructurando las negociaciones entre élites. Las rentas petroleras han debilitado históricamente los incentivos para el pluralismo institucional, fomentando luchas por el control del Estado más que inversiones en rendición de cuentas o diversificación económica.
La paradoja es que el petróleo mantiene influencia política incluso cuando su importancia material disminuye. Venezuela nacionalizó su industria petrolera en 1976 bajo un gobierno democrático proestadounidense. Mohammad Mossadegh en Irán fue derrocado en 1953 por intentar ejercer un control soberano similar. Hoy el petróleo venezolano es menos crucial para la economía mundial que el iraní entonces, pero su control sigue delimitando los límites externos del cambio político.
El espejo iraní
Estas dinámicas resuenan más allá de América Latina. Tras el asesinato del líder supremo Ali Khamenei en recientes ataques estadounidenses e israelíes, que eliminaron parte de la cúpula militar del régimen, Irán enfrenta hoy una pregunta familiar: si el régimen de los ayatolás colapsa, ¿abrirá el camino a la democratización o a otra forma de autoritarismo respaldada externamente?
Como en Venezuela, algunos sectores de la oposición buscan apoyo internacional prometiendo estabilidad, inversión y alineamiento geopolítico. Al mismo tiempo, movimientos sociales —especialmente liderados por mujeres y jóvenes— articulan demandas más profundas de transformación democrática.
El caso venezolano ofrece una advertencia: cuando los actores externos privilegian la previsibilidad sobre la participación política, las transiciones pueden lograr la salida de gobernantes sin construir las instituciones necesarias para la competencia democrática.
El trabajo lento de la democracia
Los momentos de colapso liberan enorme energía política. Sin instituciones que la canalicen, esa energía puede volverse destructiva. Pero las transiciones que privilegian únicamente el orden corren el riesgo de consolidar nuevas formas de poder sin rendición de cuentas.
La democratización solo tiene éxito cuando ninguno de estos impulsos domina: cuando la movilización popular se traduce en reglas duraderas y la autoridad política opera dentro de límites institucionales claros.
A América Latina no le falta aspiración democrática. Lo que con frecuencia falta —a menudo bajo presión externa— es el tiempo y el espacio político necesarios para que la democracia se construya e institucionalice.
La pregunta que enfrentan Venezuela, Cuba y otros países no es si el autoritarismo debe terminar, sino cómo. La respuesta determinará si la región avanza hacia una democracia más sólida o simplemente pasa de una forma de dominación a otra.
Autor
Investigador asociado en ICAEPA, con sede en Sheffield, Reino Unido. Econmetrista. Consultor de análisis de riesgos, inteligencia empresarial, análisis de la cadena de valor y precios de transferencia.
Profesora adjunta de Ciencia Política en Valencia College (Orlando, Florida). Doctora en Ciencias Sociales por la Univ. de Carabobo (Venezuela). Chair de la Sección de Estudios Latinx de LASA.
