Los incendios forestales ocurridos en agosto de 2019 en Brasil, Bolivia y Paraguay encendieron las alarmas y pusieron a América Latina en el centro de las discusiones sobre medioambiente y cambio climático, pero estos episodios son solo síntomas de un fenómeno estructural que ha hecho de la región la zona más peligrosa del mundo para los defensores medioambientales.
Mientras que en el 2019 se celebraron importantes eventos como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) y una inédita movilización global estudiantil generó conciencia sobre la necesidad de proteger el medioambiente y limitar las consecuencias del cambio climático, los defensores del medioambiente estuvieron y continúan siendo cotidianamente amenazados, criminalizados y asesinados de múltiples formas. De acuerdo con Global Witness, en 2018, fueron asesinadas 164 defensores de la tierra y del medioambiente a escala mundial, pero existe un subregistro de muertes por el miedo a represalias. Un número mucho mayor de personas fue silenciado mediante arrestos, demandas judiciales o amenazas de muerte. En América Latina, específicamente Colombia, Brasil, Guatemala y México son los Estados más letales, pero países como Venezuela, Honduras y Chile también registraron un importante número de víctimas.
La gravedad de esta situación se expresa en la impunidad generalizada que garantiza la perpetuación de estos actos»
Si analizamos el número de asesinatos por sector, vemos que la mayor parte se concentra en el área de la minería y de las industrias extractivas, la agroindustria, el agua y las represas y la explotación forestal, pero también hay víctimas en sectores como la caza ilegal, la pesca e incluso en actividades vinculadas a la energía eólica. La gravedad de esta situación se expresa en la impunidad generalizada que garantiza la perpetuación de estos actos, así como en la represión y la criminalización que se ejerce sobre las poblaciones que defienden sus territorios y el derecho a la vida, definidas por Gobiernos de todas las tendencias como “antidesarrollo”, “terroristas” o “saboteadores”.
La violencia y las violaciones de los derechos humanos sufridas por los defensores de la naturaleza tienen lugar en un contexto marcado por el crimen organizado, los grupos paramilitares, la impunidad y, en ocasiones, la abierta colaboración por parte de las autoridades, tal como evidencia una publicación del Grupo de Relaciones Internacionales y Sur Global (Grisul) de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Así, por ejemplo, el incremento de la deforestación está estrechamente vinculado con políticas gubernamentales, reducción de controles y alianzas estratégicas con sectores como el agronegocio.
De acuerdo con un reciente informe de Human Rights Watch, este es el caso de Brasil, donde, en lugar de proteger a los defensores del medioambiente y la propia selva amazónica, el Gobierno presidido por Jair Bolsonaro ha criticado públicamente a las personas y a las organizaciones que trabajan en la defensa del medioambiente. Además, se ha debilitado a las agencias gubernamentales, responsables del sector, y se ha limitado la aplicación de las leyes medioambientales. Como resultado, la violencia y la destrucción del medioambiente están aumentado, a la vez que el país también está incumpliendo sus compromisos para aplacar el cambio climático y su promesa de eliminar la deforestación ilegal en la Amazonía para 2030.
La violencia histórica y estructural que se ejerce en América Latina sobre quienes defienden la tierra y una opción de desarrollo alternativa a la explotación insaciable de materias primas se oculta bajo una retórica que defiende la necesidad de promover el “desarrollo” y el “crecimiento económico” de los países de la región a cualquier precio, pero, en realidad, legitima intereses de grupos minoritarios que están vinculados al capitalismo extractivista en sus múltiples expresiones.
Comunidades tradicionales de campesinos, indígenas, mujeres y afrodescendientes son excluidos de estos cálculos y son quienes están sufriendo las mayores consecuencias de la ampliación y el avance de la frontera extractiva en la región.
A su vez, estos mismos grupos, junto a movimientos sociales, ecologistas y organizaciones de la sociedad civil, crean alternativas posextractivistas que consideran al planeta Tierra como casa común y ponen en el centro a las personas con sus reales deseos, necesidades e intereses. Sus propuestas nos invitan a reflexionar sobre el tipo y las características del desarrollo que queremos, al tiempo que nos recuerdan que nuestro actual modelo supone un peligro no solo para el medioambiente, sino también para todos aquellos que intenten defenderlo.
Foto de Rafael Edwards en Foter.com / CC BY-NC
Autor
Cientista política. Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ) y del Postgrado en Ciencia Política de la UNIRIO. Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid.
