Ayer, a días de las elecciones, durante un mitin en el colegio quiteño Anderson, fue asesinado a tiros Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador. El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción por 60 días en todo el país. El primer asesinato de un candidato a la presidencia en la historia del país supone un atentado contra la democracia y deja en evidencia la profunda crisis y la ola de violencia política sin precedentes que vive Ecuador. Este acto, precedido de amenazas y un atentado por parte de grupos criminales, refleja el creciente desafío del crimen organizado transnacional para los países latinoamericanos y marca un punto de inflexión para el futuro de Ecuador.
Villavicencio era periodista, ex asambleísta y candidato a la presidencia por el Movimiento Construye. En un contexto electoral marcado por la indecisión, el ex candidato alcanzaría el segundo, tercer o cuarto puesto, dependiendo del sondeo. Fue un acérrimo opositor del gobierno de Rafael Correa y durante su administración denunció presuntos casos de corrupción y fue sentenciado a 18 meses de cárcel en 2014, pero no llegó a cumplir la condena porque se ocultó en la selva amazónica.
En 2016 un juez ordenó su encarcelamiento por la revelación de informaciones reservadas. En dicha ocasión se refugió en Lima y en 2017 regresó al país durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021). Desde entonces, Villavicencio mantuvo un activo perfil político y contaba con resguardo policial, denunciando en los últimos años la actuación del crimen organizado. Villavicencio era también estrecho colaborador del gobierno de Guillermo Lasso. Su asesinato ha conmocionado al país, y es que sólo este año han sido asesinados cuatro políticos locales de diversas tendencias.
Otrora considerado una isla de paz, Ecuador pasó de ser un territorio de tránsito a centro de almacenamiento, procesamiento y distribución de drogas en América Latina. Ante las amenazas del crimen organizado y de quienes buscan salidas autoritarias, el país ha llegado a un punto en el que es urgente priorizar y defender la democracia, la paz y la seguridad ciudadana por encima de las diferencias políticas.
El 20 de agosto será un momento de inflexión por diversos motivos. En primer lugar, se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas. Se trata de elecciones a mitad del ciclo electoral, convocadas por el presidente Guillermo Lasso, tras la disolución de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Tal decisión, tuvo lugar en medio de un juicio político iniciado en su contra por acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos.
La investigación, denominada “Gran Padrino”, reveló una presunta red de tráfico de influencias en el seno de empresas públicas, que involucra a personas cercanas al presidente como su cuñado Danilo Carrera, así como la financiación ilícita de su campaña presidencial. El mandatario ecuatoriano ha negado reiteradamente estas acusaciones y, de acuerdo con organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, ha intentado censurar la labor periodística de los denunciantes, calificándolos como “terroristas mediáticos”.
La extrema violencia que afecta a Ecuador, las amenazas y el clima hostil que se ha instaurado contra el periodismo, determinaron la reciente salida del país de Andersson Boscán y Mónica Velásquez, periodistas de La Posta, además de haber provocado el exilio de las periodistas Karol Noroña y Lissette Ormaza.
Los actuales problemas de Ecuador son resultado de factores estructurales y fruto de la inacción de la actual administración que carece de una real estrategia de seguridad, y ha contribuido al agravamiento de la situación a través de un proceso de progresiva erosión democrática y de políticas de ajuste y austeridad económica.
En medio de este escenario, en las próximas elecciones los indecisos superan el 50%, pero diversas encuestas afirman que Luisa González (candidata por la Revolución Ciudadana), encabeza la intención de voto e incluso tiene posibilidades de ganar en el primer turno. Los resultados difieren en las siguientes posiciones, pero la mayoría ubica como posibles rivales en un segundo turno a los candidatos Otto Sonnenholzner (Actuemos), Yaku Pérez (Alianza Claro que se Puede) y Jan Topic (Por un país sin Miedo) en orden decreciente.
El 20 de agosto en Ecuador se realizará también una consulta popular histórica que puede poner fin a seis décadas de extractivismo petrolífero en el Bloque ITT, ubicado en el centro del Parque Nacional del Yasuní. Este parque, creado en 1979 y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, es considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta y refugio de los Tagaeri y Taromenane, los últimos grupos de población indígena en aislamiento voluntario del país. La centralidad de esta consulta reside en la posibilidad de empezar a construir un modelo alternativo al extractivismo que busque garantizar un bienestar sustentable y centrado en los intereses de las mayorías. Es también una forma de preservar una región con importancia estratégica para el mundo, y una contribución concreta contra el cambio climático que ubicaría al país en la vanguardia de la preservación y defensa del medio ambiente.
Ecuador es hoy un país herido de muerte que requiere un proyecto de unidad, paz y reconstrucción nacional urgente. En este contexto, es fundamental evitar la instrumentalización de asesinatos como el de Fernando Villavicencio e impedir la criminalización de cualquier movimiento político. Frente a las amenazas del crimen organizado y de fuerzas desestabilizadoras, el mejor antídoto es la concertación nacional y el correcto desarrollo de las elecciones previstas, con observación y apoyo de la comunidad internacional.
Aunque se tratará de un gobierno de transición, la próxima presidenta o presidente del país tendrá una tarea hercúlea en la que reconstruir Ecuador y garantizar la democracia, la seguridad ciudadana y la justicia social deben ser la prioridad. Junto a estos objetivos, la consulta sobre el Yasuní ofrece también una oportunidad histórica para empezar a poner fin al extractivismo e implementar acciones de justicia ambiental y climática en beneficio de todos.
Autor
Cientista política. Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ) y del Postgrado en Ciencia Política de la UNIRIO. Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid.
