En la madrugada del 2 marzo del 2016, la reconocida defensora de los derechos humanos, Bertha Cáceres, quien organizara al pueblo Lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca, fue asesinada en su casa. La construcción estaba prevista en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades y vital para su supervivencia. Pero la campaña logró que el mayor constructor de represas del mundo, la compañía estatal china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. 

Desde entonces, en Honduras se han producido 39 homicidios de defensores de los derechos humanos de los indígenas y del medio ambiente. Entre las víctimas se encuentran dirigentes campesinos y étnicos, abogados y periodistas. A esa cifra, deben sumarse jóvenes dirigentes garífunas, secuestrados por uniformados, que nunca volvieron a aparecer.Todos estos casos siguen impunes.

No son tiempos fáciles para quienes defienden la vida y el ambiente en Centroamerica, en especial en los países del llamado Triángulo Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala. El primer paso en la estragegia para acallarlos ha sido estigmatizarlos y difamarlos a través de fake news en medios o redes sociales. Cuando ello no ha sido suficiente, se les ha aplicado el lawfare con energía y decisión, hasta arrestarlos, enjuiciados y condenados en la mayoría de los casos. Y cuando todo ello resultó insuficiente, se ha recurrido al asesinato.

El pasado 22 de abril, en el Día de la Tierra, la ONG Alianza por la Solidaridad-Action Aid, denunció la falta de compromiso de los países de América Latina y el Caribe con el acuerdo internacional de Escazú, auspiciado por la ONU. El Acuerdo, adoptado en 2018, tiene como finalidad garantizar la seguridad de las personas y los grupos defensores de la vida y el ambiente. Sin embargo, hasta el momento el tratado ha sido ratificado por solo 12 de los 46 países y territorios de la región.

De hecho, entre los países que no han firmado el acuerdo se encuentran Guatemala y Honduras, que son de los países que registran la mayor cantidad de ataques contra líderes y referentes de las luchas en defensa del medio ambiente.

“La mercantilización de los recursos naturales cuesta vidas de muchas personas, las asesinadas y las que son encarceladas durante años, como el guatemalteco Bernardo Casal Xol, a las que hay que recordar en días como éste (…)”, señalaba el 22 de abrilla española Almudena Moreno, responsable de Desarrollo Sostenible de la ONG Alianza por la Solidaridad-Action Aid.

A estas agresiones se suman las limitaciones a la libertad de expresión y las fake news. Con esto se busca destruir el tejido social de las comunidades, cooptando sectores mediante sobornos y quebrando, de esa forma, la solidaridad común. Otros métodos son la destrucción de cultivos familiares o comunitarios o la constante vigilancia por parte de militares, policiales o individuos de las propias comunidades, cooptados para oficiar de verdugos de sus propios vecinos.

Según el informe “Criminalización de personas defensoras de derechos humanos en Centroamérica”, presentado en el foro digital “Cuando la justicia se trasforma en injusticia”, estos grupos—que responden a las élites que concentran el poder—atacan e intimidan a sus víctimas, amparados por un sistema de impunidad que los protege de cualquier acción judicial.

“La criminalización es la utilización de marcos jurídicos, de estrategias, de acciones político-judiciales con la intención de dar un tratamiento de ilegítimo o ilegal a la defensa de los derechos humanos”, señaló Anabella Sibrián, directora de Protection International Mesoamérica en Guatemala, participante del citado foro.

Mientras que para el abogado hondureño Edy Tábora, director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) “en Honduras, después del golpe de Estado de 2009, se implementó un modelo de despojo que vino a modificar el marco legal relacionado con los concesionamientos de los recursos naturales, y también se implementó un modelo político que vino a afectar a toda la ciudadanía”.

El encarcelamiento en prisiones de máxima seguridad por participar en manifestaciones, la prisión preventiva por años a personas defensoras del medio ambiente, la prohibición de organizaciones de derechos humanos o la persecución de la protesta pacífica, son algunas facetas de la criminalización creciente de los defensores de derechos humanos y del ambiente en el triángulo norte de Centroamérica.

Lo que distingue la criminalización de otros ataques es el uso selectivo de las leyes como forma de persecución. Esto da a la represión una falsa apariencia de legitimidad, provocando que las personas perciban con claridad la omnipotencia del Estado y de las mega-empresas.

El caso de Sonia Sánchez, una defensora de derechos humanos de la Organización de Mujeres de Santo Tomás en El Salvador, es un ejemplo. Ella y otros tres defensores ambientales, enfrentan acusaciones por el delito de coacción, por oponerse a un proyecto habitacional que afectará el medio ambiente de su municipio.

Incluso cuando estas personas ganan las demandas y son absueltos de los delitos inventados para criminalizarlos, las persecuciones no cesan. Muchas veces las empresas continúan con las amenazas y ataques a sus viviendas, cultivos o ganado. Estos ataques, además, no van solo dirigidos a los referentes. Muchas veces sus seguidores también son victimas de la persecución, con el objetivo de amedrentarlos y así impedir que se organicen y actúen como comunidad.

El panorama, de por sí aterrador, es aún más desolador dada la falta de perspectivas de que  los grupos dominantes enquistados en el poder en los tres países del Triángulo Norte vaya a ceder en sus posiciones. Por el contrario, se prevé a futuro una profundización de sus acciones represivas, amparados en una impunidad casi total. Los movimientos sociales, a pesar del creciente apoyo internacional, no tienen, todavía, la capacidad y el poder suficientes para revertir la situación.

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