El Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo publicó su décima edición del Informe sobre la Democracia, titulado Unraveling the Democratic Era?. El documento, elaborado con más de 32 millones de puntos de datos para 202 países, ofrece uno de los diagnósticos más completos disponibles sobre el estado de la democracia en el mundo. Su conclusión es tan contundente como preocupante: el nivel de democracia para el ciudadano promedio ha retrocedido a los niveles de 1978, borrando prácticamente todas las conquistas de la llamada “tercera ola de democratización” que arrancó con la Revolución de los Claveles en Portugal en 1974.
El informe documenta que el mundo cuenta hoy con 92 autocracias y apenas 87 democracias. El dato más alarmante no es sobre el número de países, sino los porcentajes poblacionales: el 74% de la humanidad —unos 6.000 millones de personas— vive actualmente bajo regímenes autocráticos. Solo el 7% de la población mundial reside en democracias liberales plenas, la proporción más baja en más de cinco décadas.
El fenómeno que el informe denomina “tercera ola de autocratización” no es una anomalía pasajera, sino una tendencia estructural que lleva 25 años consolidándose y que se acelera. En 2025, 44 países se encuentran en proceso activo de autocratización, una cifra que contrasta dramáticamente con los apenas doce que registraban esa condición en 2005. Lo que resulta verdaderamente inédito, según los autores, es que nunca antes en la historia moderna había habido tantos países autocratizándose simultáneamente. Ese récord histórico sitúa al 41% de la población mundial (3.400 millones de personas) viviendo en países con trayectorias regresivas.
El informe identifica tres dinámicas convergentes: el retroceso democrático en democracias tradicionalmente estables, el colapso de transiciones democráticas exitosas del siglo XX y el endurecimiento de regímenes ya autocráticos. Esta triple presión constituye lo que los autores denominan el Great Reversal, comparando el mundo de 2025 con el del año 2000, cuando la dirección del cambio político era exactamente la opuesta.
Para quienes nos dedicamos a la integridad electoral, el informe ofrece una radiografía particularmente reveladora de la salud de los procesos electorales a nivel global. La comparación entre 2000 y 2025 en los indicadores específicamente electorales resulta demoledora.
En el año 2000, 43 países registraban mejoras sustanciales en la calidad de sus elecciones, frente a apenas 17 en deterioro. En 2025, esa proporción se ha invertido dramáticamente: solo siete países mejoran su calidad electoral, mientras que 22 experimentan deterioros significativos. Es decir, en un cuarto de siglo hemos pasado de un mundo donde las elecciones mejoraban en proporción de 2,5 a 1, a uno donde se deterioran en proporción de más de 3 a 1.
El Índice de Elecciones Limpias —que mide la libertad, justicia e integridad del proceso electoral en su conjunto— se encuentra en declive en más de veinte países, con una preocupante concentración de problemas en la autonomía de los organismos de gestión electoral (OGE). En 25 países, estos organismos registran pérdidas estadísticamente significativas de independencia respecto al poder ejecutivo. La intimidación gubernamental durante procesos electorales afecta ya a 21 países, mientras que las irregularidades en la votación se documentan en al menos ocho.
Este patrón es coherente con lo que los especialistas en autocratización contemporánea denominan executive aggrandizement, es decir, la erosión de la democracia ya no mediante golpes militares, sino a través del control progresivo de las instituciones que arbitran la competencia política. El organismo electoral independiente se convierte, en ese esquema, en el primer objetivo a capturar o neutralizar.
América Latina presenta en el informe un panorama que combina señales alentadoras con tendencias profundamente preocupantes. La región es la segunda más democrática del mundo por ponderación poblacional, con el 71% de su población viviendo bajo alguna forma de democracia. Sin embargo, este agregado oculta una heterogeneidad extraordinaria.
En el lado positivo, el informe registra U-turns —reversiones del proceso de autocratización— en Brasil, Guatemala y Bolivia. En Brasil, la llegada de Lula da Silva al poder en 2022 revirtió el deterioro documentado bajo el gobierno de Bolsonaro, aunque el informe advierte que la polarización social persiste y que las elecciones de 2026 serán decisivas. Guatemala protagoniza quizás el caso más notable: tras años de restricciones a la libertad de expresión y a la sociedad civil, la elección de Bernardo Arévalo en 2023 —conseguida pese a múltiples intentos de anular el resultado por parte de las élites desplazadas— representa un ejemplo de resiliencia democrática ante presiones extraordinarias. Botsuana y Mauricio, aunque fuera de la región, ilustran también cómo una elección puede revertir una trayectoria autoritaria.
Sin embargo, seis países latinoamericanos se encuentran en proceso activo de autocratización según el estudio: Argentina, El Salvador, Haití, México, Nicaragua y Perú. El Salvador es el paradigma de autocratización con fachada electoral: celebra elecciones multipartidistas pero sus puntuaciones en el Índice de Democracia Liberal lo sitúan entre los más bajos de la región. Bajo la presidencia de Bukele, el país registró en el período 2019-2021 una caída tan abrupta en el índice que, según los autores, solo es comparable en velocidad con golpes de Estado militares. En 2025, el Congreso salvadoreño abolió los límites a la reelección presidencial, consolidando ese proceso.
México representa un caso de especial relevancia por su tamaño e influencia regional. El informe documenta que desde 2024 es clasificado como “autocracia electoral gris”, resultado de la erosión institucional acumulada bajo el movimiento Morena, incluyendo la controvertida reforma que introduce elecciones populares para el poder judicial, una práctica sin precedentes en democracias consolidadas y que los organismos técnicos internacionales han señalado como una amenaza a la independencia judicial. Esto sin contar la fallida propuesta de reforma electoral presentada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la actual discusión del conocido Plan B. Los efectos de su aprobación (si ocurre) impactarán en la próxima entrega del informe.
El informe confirma una tendencia que acreditamos sobre el terreno: la presión creciente sobre los organismos electorales para subordinarlos a las preferencias del gobierno de turno, la obstaculización y criminalización de observadores electorales (sobre todo domésticos) y el debilitamiento de los mecanismos de resolución de controversias electorales.
Otro hallazgo del informe es la correlación entre el deterioro de la libertad de expresión y la degradación de la calidad electoral. La libertad de expresión es el indicador más castigado a nivel global —44 países registran deterioros en 2025— y es, no casualmente, el primero en caer cuando un gobierno inicia un proceso de autocratización.
Las elecciones genuinamente competitivas requieren un entorno informativo plural donde los votantes puedan formar preferencias autónomas. Cuando los gobiernos censuran medios, acotan la expresión académica o someten la comunicación institucional a criterios de lealtad política, las condiciones de competencia electoral quedan comprometidas, incluso si el acto de votar se mantiene formalmente intacto.
El Informe V-Dem 2026 deja claro que la celebración de elecciones no garantiza democracia. Incluso, que los regímenes no democráticos son cada vez más sofisticados, celebrando elecciones sin suspenso, en las que el resultado se conoce de antemano. La trampa del electoralismo —reducir la democracia al acto de votar— es precisamente el mecanismo favorito de los líderes contemporáneos que erosionan el sistema desde dentro.
Fortalecer la autonomía de los organismos electorales, proteger la libertad de prensa y de asociación y preservar los contrapesos institucionales no son lujos procedimentales. Son las condiciones sin las cuales ningún resultado electoral puede considerarse genuinamente legítimo.
Autor
Director Ejecutivo de Transparencia Electoral. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Candidato a Magíster en Estudios Electorales por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM / Argentina).
