Los resultados de las elecciones generales del 9 de febrero en Ecuador han revelado profundas divisiones políticas. La reñida contienda entre el presidente en ejercicio, Daniel Noboa, y su rival, Luisa González, ha preparado el escenario para una intensa segunda vuelta el 13 de abril. El resultado de los comicios será crucial para el futuro de Ecuador, un país inmerso en la lucha por contener la creciente violencia de pandillas y el crimen organizado en medio de la inestabilidad institucional y un electorado cada vez más dividido.
Se avecina un estancamiento político de cara a la segunda vuelta
El panorama político de Ecuador se ha transformado con el ascenso de Luisa González, de tendencia izquierdista, en la primera vuelta electoral. Si bien algunas encuestas preelectorales sugerían que Daniel Noboa, el actual presidente de derecha, parecía estar destinado a ganar, la división casi equitativa de casi el 90% del electorado entre ambos candidatos revela una profunda polarización. Las tensiones parecen estar a punto de aumentar, ya que la recién elegida Asamblea Nacional refleja esta fragmentación partidista, sin que ninguno de los candidatos esté en condiciones de asegurar una mayoría legislativa.
Hasta ahora, el gobierno de Noboa ha buscado consolidar el poder ejecutivo, a menudo sorteando una legislatura fragmentada mediante decretos y mecanismos legales cuestionables. Si continúa en el cargo, sus esfuerzos por centralizar el poder probablemente enfrentarán una oposición significativa, y su capacidad de gobernar se verá aún más puesta a prueba. Este inminente estancamiento político, sumado a la creciente preocupación por la seguridad, podría poner a prueba la gobernabilidad de Ecuador en los próximos años.
El Estado lucha por abordar la creciente violencia de las pandillas
Hace menos de dos años, en agosto de 2023, los ecuatorianos eligieron a Daniel Noboa para completar el mandato del entonces presidente Guillermo Lasso, quien había disuelto la Asamblea Nacional y convocado elecciones anticipadas. Una profunda crisis política entre el legislativo y el ejecutivo, precedida por casos de corrupción que involucraron a altos funcionarios, condujo al uso de este mecanismo extraordinario.
La campaña electoral de 2023 se vio empañada por la violencia, las amenazas e incluso el asesinato de un candidato presidencial. Esto se produjo tras un alarmante aumento del crimen organizado y la violencia en los últimos años. La tasa de homicidios del país aumentó de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a la asombrosa cifra de 47 en 2023, impulsada por la expansión de organizaciones transnacionales, como los cárteles de la droga de México y Albania, y la reorganización de las rutas de tráfico de cocaína hacia Europa. Estos grupos criminales se han infiltrado en prisiones, corrompido tribunales y cooptado gobiernos locales para el lavado de dinero, socavando la autoridad estatal y alimentando un ciclo de impunidad, violencia y deterioro institucional.
Esto queda ilustrado por el Índice de Transformación Bertelsmann (BTI), que en 2024 otorgó a Ecuador una puntuación de 7 sobre 10 puntos posibles en el monopolio estatal del uso de la fuerza, inferior a los 9 puntos de 2020. Esta disminución refleja el debilitamiento del control estatal sobre la seguridad, lo que coloca a Ecuador por debajo de pares regionales como Uruguay y Argentina, y con una puntuación apenas superior a la de Colombia y México, ambos países con un largo historial de crimen organizado.
El gobierno interino de Noboa ha respondido desplegando fuerzas militares en zonas clave de conflicto, emitiendo decretos de emergencia y ampliando el aparato de seguridad mediante el aumento de la presencia policial y militar, así como de las medidas de vigilancia. El presidente también ha declarado un «conflicto armado interno» y ha catalogado a más de 20 bandas criminales como organizaciones terroristas. Sin embargo, dada la incapacidad del gobierno para reducir la violencia y su dependencia de las medidas de emergencia, se prevé que los indicadores de la estatalidad del país, o su capacidad para extender su control a todo su territorio, sigan disminuyendo.
Si bien la decisión de desplegar al ejército para asumir la seguridad de las cárceles y reforzar la presencia policial en zonas de alta criminalidad ha mostrado cierto éxito a corto plazo, también ha existido preocupación por posibles violaciones de derechos humanos y el debilitamiento del control democrático. Los críticos argumentan que una respuesta militarizada podría exacerbar los ciclos de violencia en lugar de abordar los factores socioeconómicos estructurales que fomentan la delincuencia.
La pregunta persiste: ¿Podrá el próximo gobierno de Ecuador implementar una estrategia de seguridad sostenible que equilibre la aplicación de la ley con la reforma institucional?
Posturas y orientaciones políticas en materia de seguridad
Las elecciones del 13 de abril determinarán si el país continúa con el enfoque de línea dura de Noboa o si avanza hacia las estrategias de prevención del delito basadas en la comunidad propuestas por González.
Luisa González, ex diputada del partido izquierdista Movimiento Revolución Ciudadana y protegida del expresidente exiliado Rafael Correa, ha hecho campaña con una plataforma que promete el retorno a las políticas sociales y al modelo económico del gobierno de Correa (2007-2017). González se comprometió a aumentar los subsidios, ampliar la intervención estatal en la economía y abordar las causas profundas de la violencia mediante la inversión social, a la vez que reevaluaba la estrategia de seguridad de Ecuador restaurando las instituciones de la era Correa, como las asambleas comunitarias de seguridad ciudadana, para coordinar y supervisar la acción policial. Sin embargo, en lo que respecta a abordar los desafíos del crimen organizado, sus propuestas son escasas en detalle. Esto ha suscitado diversas interpretaciones y críticas, y algunos vinculan su candidatura con el legado autoritario del líder de su partido y el posible regreso del correísmo al poder y su control sobre los poderes públicos independientes.
¿Qué pasará después de la segunda vuelta?
La crisis de seguridad y la consiguiente respuesta estatal han sacudido la ya de por sí lenta economía del país, con la inversión extranjera y el empleo cayendo a niveles preocupantes. Este deterioro ha exacerbado los problemas sociales del país.
Si Noboa permanece en el poder, es probable que su administración mantenga su enfoque militarizado en materia de seguridad mientras impulsa reformas económicas. Sin embargo, su plan para atraer capital extranjero podría resultar difícil ante la creciente preocupación por el retroceso democrático, las limitaciones institucionales y la incapacidad del gobierno para frenar el crimen organizado. Por otro lado, una victoria de González probablemente significaría un cambio hacia un mayor gasto social, una revaluación de la política de seguridad y un énfasis en el desarrollo liderado por el Estado. Su administración también enfrentaría desafíos para implementar reformas debido a la fuerte oposición en la legislatura y la continua influencia de redes criminales arraigadas.
Independientemente del resultado, el próximo líder de Ecuador deberá abordar el estancamiento económico, el aumento de la deuda pública y un clima político profundamente dividido. El nuevo gobierno se enfrentará a la presión de restaurar la confianza pública y frenar el crimen organizado, a la vez que fortalece las instituciones democráticas, fomenta la cohesión política y asegura la cooperación internacional para asegurar la estabilidad a largo plazo. Las decisiones que se tomen en los próximos meses determinarán si Ecuador avanza hacia un modelo de gobierno más cohesionado o si continúa asolado por divisiones internas.
Autor
Abogada con Maestría en Economía Pública, Derecho y Política de la Leuphana Universität Lüneburg, Alemania. Investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del German Institute for Global and Area Studies (GIGA).
