Varios países de la región están por renovar, mediante elecciones, los cargos de presidente y parlamentarios. En algunos casos, eventos de crisis preexistentes que desataron intensas movilizaciones entre octubre y diciembre de 2019 fueron drásticamente interrumpidas por la presencia de la pandemia del Covid-19. La coyuntura, para todos estos casos, gira en torno a la conexión entre crisis económica y crisis sanitaria. Son estas dos dimensiones las que incidirán en los procesos electorales que se avecinan.
En el caso del Ecuador, lo que está en juego es la salida de un ciclo político y el ingreso a otro. Este es un fenómeno que en la discusión política se reconoce como desmantelamiento del correísmo, esto es, de un modelo que se demostró responsable de procesos de corrupción institucionalizada, mediante el debilitamiento de los mecanismos de fiscalización y control político y administrativo, incentivadas en mucho desde el diseño hiperpresidencialista definido en la constitución de 2008.
La irrupción de la pandemia del Covid-19 llegó a profundizar estas dimensiones de la crisis.
Es este diseño institucional el que ha creado las condiciones para una profunda crisis económica instalada en el corazón del sistema, bajo la figura de déficit fiscal y endeudamientos crecientes e inmanejables. Es este mismo diseño institucional el responsable de la corrupción sistémica que ha debilitado la economía y la ética de la responsabilidad pública en el país. La irrupción de la pandemia del Covid-19 llegó a profundizar estas dimensiones de la crisis. Por un lado, agudizó el déficit de la caja fiscal al reducir drásticamente sus ingresos e incrementar los requerimientos de financiamiento del sector salud, del de protección social y seguridad.
Paradójicamente, la pandemia facilitó la aplicación del programa de ajuste fiscal: contrario a toda expectativa, en plena emergencia sanitaria, el gobierno optó por el pago de 340 millones de deuda, lo que desató las protestas de ciertos sectores pero le permitió abrir las puertas para el financiamiento de un programa de renegociación más amplio con el FMI y los acreedores privados. Esta operación alivió la presión de la deuda sobre el presupuesto público, redujo el riesgo país y mejoró el posicionamiento frente a los organismos multilaterales de crédito, posibilitando mejores márgenes de liquidez en lo inmediato, y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema en el mediano plazo.
Pero la pandemia también agravó el deterioro social que se manifestó en el incremento de los índices de desempleo y subempleo, y develó oscuras tramas de corrupción en el manejo de la misma emergencia sanitaria. A la crisis económica y sanitaria se añade este tercer componente que es el de la corrupción institucionalizada. Los tres completan el conjunto de desafíos a los cuales deberán responder los candidatos en el evento electoral de febrero de 2021.
la campaña electoral presenta un panorama de alta fragmentación política que se conduce con dificultad hacia la formación de grandes tendencias.
En sus fases iniciales, la campaña electoral presenta un panorama de alta fragmentación política que se conduce con dificultad hacia la formación de grandes tendencias. En los últimos años, la fragmentación se ha resuelto por la vía de la polarización: grandes coaliciones enfrentadas bajo premisas antagonistas con posturas maximalistas que dificultan cualquier convergencia. Si adoptamos la diferenciación ideológica izquierda-derecha se observa ya una primera articulación de fuerzas que unifica a los dos grandes partidos de la derecha histórica, el Partido Social Cristiano PSC y CREO (Movimiento Creando Oportunidades), una alianza que se circunscribe al apoyo de la candidatura presidencial del líder de CREO, Guillermo Lasso, mientras mantiene listas independientes para la elección de asambleístas.
Por el lado de la izquierda, la descalificación del expresidente Correa para participar en el evento electoral, ratificada en la instancia de casación, debilita las opciones de su partido. La dificultad de encontrar sustituto a la imagen del líder caudillísta, pesará seguramente en el decurso de la campaña.
Estas definiciones en los dos extremos del espectro, generan un posible escenario de polarización que podría verse mitigado por la emergencia de actores que apuestan a converger hacia el centro político. Desde la izquierda, la candidatura de Yaku Pérez aparece con opciones de atraer el voto de importantes sectores del movimiento indígena y de sectores medios sensibles a la reivindicación ecologista. En este mismo sector, pero más hacia el centro, es visible la candidatura de César Montúfar por la alianza Concertación-Partido Socialista, que incluye a figuras sobresalientes de la lucha contra la corrupción del correísmo. Además de estas candidaturas, otros 14 candidatos de ambiguo posicionamiento ideológico y con muy pocas opciones electorales completan lo que será la elección con más candidatos presidenciales en la historia del país.
Una campaña electoral puede ser el mejor camino para la definición del programa que el país requiere para enfrentar tanto los desafios coyunturales definidos por el cruce entre crisis económica sanitaria y ética, como la inauguración del nuevo ciclo político. La campaña no presenta todavía una clara definición de programa. Sin embargo, se han advertido ya importantes posicionamientos que dibujan los ejes que conducirán el debate electoral.
Desde la derecha, hay una apuesta por la reactivación económica del sector privado, al cual se ve como puntal para la salida de la crisis; la minería y el petróleo, junto con la monetización de los activos del Estado, se presentan como las fuentes de financiamiento fiscal. La izquierda insiste en una reactivación centrada en el Estado con recursos del sector privado: el candidato del correísmo, Andrés Arauz, generó polémica al plantear la repatriación de los capitales ecuatorianos depositados en el extranjero. El discurso del candidato de Pachakútik, Yaku Pérez, gira alrededor de la promoción de una economía sustentable, opuesta a las actividades extractivistas. Montúfar, en cambio, le apuesta a la reforma institucional como arma contra la corrupción.
Los desafíos que se desprenden de este cruce de tendencias críticas están allí. Mucho dependerá de la posibilidad de armar espacios de conjunción y acuerdo sobre el programa que el país requiere en esta compleja coyuntura. La construcción de programa requiere de grandes esfuerzos de reflexión desde los distintos campos político actoriales. Los reducidos espacios de maniobra que permite la actual coyuntura, exigen conexiones más inteligentes entre competitividad económica y equidad, y entre ambas y los desafíos de la sostenibilidad.
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Foto de Asamblea Nacional del Ecuador en Foter.com / CC BY-SA
Autor
Sociólogo. Ha ejercido la docencia en diferentes universidades de Ecuador y es autor de varios libros. Doctor en Sociología por la Università degli Studi di Trento (Italia). Especializado en análisis político e institucional, sociología de la cultura y urbanismo.
