El título parafrasea el paradójico nombre de un libro escrito por el novelista Oswaldo Reynoso. Y es paradójico porque, en la cultura popular peruana, octubre es el mes dedicado a la veneración del Señor de los Milagros, a quien se le confieren numerosos actos divinos que salvaron a la ciudad de Lima de terremotos y otras calamidades. En esa misma línea, el desenlace de la crisis que llevó en dirección de colisión a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Perú el pasado 30 de septiembre dista mucho del acto milagroso que los peruanos solemos esperar en octubre, aunque se quiera pensar lo contrario.
La disolución del Congreso de la república del Perú ha gozado de masiva aprobación popular, el respaldo de las Fuerzas Armadas y la venia de la comunidad internacional. Así, el presidente Martín Vizcarra tendrá, hasta enero, la delicada responsabilidad de administrar el exceso de poder en sus manos en tanto espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre lo que el mandatario denominó “negación fáctica de la cuestión de confianza” que el Ejecutivo planteó al Legislativo (interpretación “vizcarriana” que, por su carácter inédito, resulta controversial).
Vizcarra llegó al poder, debido a las agobiantes circunstancias que enfrentó su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski. Hoy, el presidente carece de operadores políticos en campo y de legisladores leales a su liderazgo. Son estas características las que impiden pensar en un Vizcarra con pretensiones dictatoriales. El peligro está en la “caja de Pandora” (como la denominó el semanario The Economist) que se abrió con la “negación fáctica” interpretada por el presidente. Quizá Vizcarra no tiene aspiraciones autocráticas, pero un potencial candidato de plataforma radical —nada extraño en estas tierras del sol— puede amenazar con llegar al poder e interpretar a su antojo la novedosa “negación fáctica de la cuestión de confianza”.
Recientes declaraciones del presidente parecen evidenciar que no hay un plan definido hacia el 2021″
La gran mayoría de los partidos políticos legalmente inscritos han decidido participar en el proceso electoral de enero del 2020, lo que contribuirá a dar legitimidad política a la medida empleada por Vizcarra. En el intermedio, el presidente podrá legislar por decretos pendientes de aprobación del nuevo Congreso. Ello le permitirá, en principio, conducir las grandes reformas que, desde la retórica antifujimorista, fueron boicoteadas por el obstruccionista Congreso disuelto. No obstante, recientes declaraciones de Vizcarra parecen evidenciar que no hay un plan definido hacia el 2021, lo que podría redundar en un desenlace decepcionante para una población que espera con urgencia las medidas que permitan reactivar el crecimiento económico, la generación de empleo y la lucha contra la delincuencia.
Por otro lado, existe la gran probabilidad de que el Congreso electo para el periodo 2020-2021 no cuente con la capacidad requerida para proponer y emprender las reformas pendientes, lo que decantaría en otra decepción para la opinión pública. Además, según allegados, Keiko Fujimori, lideresa del fujimorismo y actualmente con prisión preventiva, pendiente de juicio por el presunto delito de lavado de activos, tendría interés en postularse a este Congreso. De tener éxito, ella podría ser una locomotora electoral que permita el reingreso de recalcitrantes fujimoristas al Poder Legislativo para reeditar la confrontación con el gobierno de Vizcarra. Tal posibilidad, que no lo dude el presidente, sería el peor con miras hacia el venidero proceso electoral.
En octubre no hay milagros, y es fundamental que el presidente Vizcarra lo tenga claro.
Foto de Cancillería del Perú en Foter.com / CC BY-SA
Autor
Economista. Profesor adjunto en el Instituto de Empresa de Madrid. Fue consultor en Práctica Global de Educación del Banco Mundial. Máster en Administración Pública por la Universidad de Princeton.
