Esclavitud moderna: la trata de personas en América Latina

La trata de personas es uno de los crímenes más atroces y dramáticos, con efectos devastadores para sus víctimas. Más allá de la explotación sexual y laboral, el alcance de la trata se ha extendido a la explotación infantil, el tráfico de órganos y otras formas de abuso que han cobrado mayor visibilidad en las últimas décadas, revelando la multidimensionalidad de esta problemática. Si bien es un flagelo que afecta a personas de todo el mundo, América Latina se ha mostrado particularmente vulnerable debido a una convergencia de factores sociales, económicos y políticos.

A nivel global, las estimaciones para 2022 revelan una cifra alarmante de alrededor de 50 millones de víctimas de trata, lo que representa aproximadamente a una de cada 125 personas en el mundo. Y en América Latina, la situación no resulta menos preocupante, dado el incremento constante en el número de víctimas detectadas en las últimas décadas. Y a pesar de los esfuerzos desplegados por diversos países para erradicar la trata de personas, el desafío persiste.

El problema persiste porque existen factores estructurales como la pobreza, la desigualdad socioeconómica, la inestabilidad política y la corrupción que permea a las instituciones, que han contribuido a la perpetuación de este ciclo de explotación. Además, la cooperación internacional es limitada y hay escasa voluntad política lo cual ha obstaculizado la implementación de estrategias más integrales y eficaces para abordar esta especie de “esclavitud moderna”.

Una región vulnerable

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en América Latina, la trata de personas se concentra principalmente en el trabajo forzoso y la explotación sexual. Las mujeres constituyen casi la mitad de las víctimas, de las cuales el 87% son explotadas sexualmente, siendo más de una de cada diez niñas. Por su parte, los hombres representan el 57% de las víctimas de trabajo forzoso. La mayoría de los casos de trata en la región ocurren a nivel doméstico y afectan en un 90% a personas de países sudamericanos o a víctimas dentro de sus propios países.

Varios países latinoamericanos como Ecuador, Brasil, México y Colombia continúan funcionando como punto de origen, tránsito y destino para víctimas de trata, tanto para fines de explotación sexual como laboral, cuyos grupos más vulnerables siguen siendo los niños, niñas y adolescentes. La compleja situación económica y social de la región han incrementado los niveles de vulnerabilidad de las personas frente a la trata, siendo los victimarios en su mayoría personas del núcleo familiar o del entorno social cercano a las víctimas.

La pobreza estructural de la región es uno de los factores determinantes, que actúa como motor principal detrás del tráfico humano. En muchas ocasiones, las familias que viven en condiciones de extrema pobreza caen fácilmente en las trampas de los tratantes, quienes les prometen empleos falsos o mejores oportunidades educativas para sus hijos. Entre los métodos de captación y sometimiento, los delincuentes incluyen el enamoramiento, las falsas promesas de mejorar la calidad de vida, la retención de documentos, las amenazas de denunciar irregularidades migratorias y la facilitación de dinero, hospedaje o comida.

Las personas más vulnerables son víctimas fáciles de las redes de tráfico. No obstante, es un delito que no discrimina fronteras, edades, ni estratos sociales, porque las situaciones de vulnerabilidad de los países latinoamericanos son transversales y convergen en una «tormenta perfecta» que reduce drásticamente las opciones de muchas personas, lo cual lleva a que sean explotados.

Países como Venezuela han experimentado crisis económicas y políticas que han obligado a millones de personas a huir en busca de un futuro mejor. Sin embargo, muchos de estos migrantes, al carecer de estatus legal o protección adecuada en los países receptores, se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema que facilita su explotación. Según la UNODC, más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años, muchos de los cuales han caído en manos de traficantes que aprovechan su precariedad.

Desafíos para la respuesta institucional

Conscientes de la magnitud del problema, algunos países latinoamericanos han adoptado legislaciones que cumplen con los estándares internacionales establecidos por el Protocolo de Palermo, principal tratado internacional para combatir la trata de personas. A su vez, se han conformado iniciativas como la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM), una instancia de colaboración informal entre Ministerios Públicos Fiscales en investigaciones transfronterizas. O, incuso, el proyecto Track4Tip, que ha intentado unir a varios países de la región en torno a esta problemática. Sin embargo, la lucha frontal contra la trata parece ser insuficiente.

En México, por ejemplo, aunque la legislación es sólida, son enormes los desafíos en términos de coordinación institucional y recolección de datos sobre las modalidades del delito. La situación es similar en otros países como Ecuador y Colombia, que han desarrollado programas ambiciosos, pero cuyo impacto real aún está por demostrarse.

La corrupción dentro de las instituciones gubernamentales es otro de los obstáculos para la lucha contra la trata de personas. En varios países de la región, funcionarios públicos suelen ser cómplices de las redes de trata. En otros casos, la falta de recursos, la escasa capacitación de las fuerzas del orden y la ausencia de una estrategia institucional coherente, han contribuido a la perpetuación del delito.

La cooperación internacional, mecanismo esencial para combatir eficazmente la trata de personas, es otro de los retos apremiantes, al tratarse de un delito que trasciende fronteras. Ante este panorama, es prioritario establecer una estrategia integral, que no solo atienda la creación y el fortalecimiento de unidades especializadas policiales y fiscales para la prevención, investigación y atención a víctimas, sino que también tenga un enfoque centrado en la víctima, así como en la cooperación interinstitucional efectiva, tanto a nivel nacional como transnacional, siguiendo las recomendaciones del Quinto Diálogo Técnico de Trata de Personas.

La trata: un problema de todos

Se requiere de voluntad política y un compromiso firme para que la trata de personas sea considerada como prioridad en la agenda pública. Se requiere de una mayor asignación de recursos, de una intensificación de políticas públicas preventivas y de un enfoque integral para abordar el desconocimiento generalizado sobre la magnitud y las dimensiones de este delito.

No solo se trata de un desafío legal o policial. Se trata de una crisis humanitaria que interpela a toda la sociedad y que demanda un cambio cultural, en virtud de la dignidad humana por encima del lucro económico. Para ello, es clave promover una conciencia colectiva sobre la importancia de erradicar este flagelo. Solo con un compromiso decidido y una acción coordinada será posible evitar que los esfuerzos sigan siendo fragmentados e insuficientes.