A finales de julio, el Congreso de El Salvador, con la mayoría oficialista, aprobó la reelección indefinida, extendiendo el mandato presidencial de 5 a 6 años y estableciendo elecciones simultáneas sin segunda vuelta. En Ecuador, a mediados de agosto, el presidente Daniel Noboa encabezó y alentó una marcha contra los jueces de la Corte Constitucional, después de que frenasen propuestas que violaban la Constitución y, por ende, la institucionalidad del país. Llegó incluso a publicar las fotografías de los magistrados que vetaron sus iniciativas. En Chile, el candidato de extrema derecha José Antonio Kast declaró textualmente en el seminario de Moneda Patria Investments 2025: “El Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan”, dejando claro que, en caso de no contar con mayoría sustantiva, gobernaría mediante decretos.
En los tres casos la lógica es similar: ordenar y disciplinar a los demás poderes del Estado para ajustarlos a las necesidades del ejecutivo, ya sea desde el poder, como Bukele y Noboa, o desde la aspiración a ejercerlo, como Kast. Son medidas y discursos que pueden inscribirse en el terreno de lo iliberal, cercanos a las prácticas de líderes autoritarios. Sin embargo, más allá de las acciones de estos actores políticos, hay un elemento central que no podemos pasar por alto: la adhesión ciudadana a este tipo de medidas, celebradas en las calles y amplificadas en redes sociales.
Esto plantea un interrogante profundo sobre cómo estamos percibiendo y experimentando la democracia en la región. Los datos del Barómetro de las Américas muestran que el apoyo a la democracia como “la mejor forma de gobierno” alcanzó su punto máximo en 2008 con un 69% a nivel regional. Entre 2016 y 2019, este respaldo descendió al 58%. No es una variación menor: refleja un cambio en cómo las personas entienden su vida en sociedad y su relación con el régimen democrático.
Si miramos casos específicos: en Chile, el apoyo tuvo picos del 80% en 2010 y 2014, pero cayó a un 61% en 2016-17, para luego recuperarse a un 70% en 2023. En Ecuador, el máximo se dio en 2014 con un 67%, y el mínimo en 2023 con un 51%. En El Salvador, el pico fue en 2021 con un 73% y el más bajo en 2016 con un 55%.
Más preocupante aún son las respuestas a preguntas directas: en Chile, en 2023, un 19% aceptaría que el ejecutivo gobernara sin el Congreso. En Ecuador, un 33% considera justificable que el presidente disuelva la Corte Suprema. Sumando los casos de estos tres países, solo un 48% de la ciudadanía se declara satisfecha con la democracia.
Estos datos sugieren que las demandas ciudadanas han mutado: vivimos en sociedades más polarizadas, con una creciente predisposición hacia valores autoritarios, alimentada por crisis de seguridad e identidad (Inglehart & Norris, 2019). Esto nos obliga a repensar la defensa democrática desde un enfoque más situado: no basta con reforzar instituciones en abstracto, sino que debemos comprender cómo las personas viven y experimentan la democracia en su cotidianidad.
La experiencia democrática no es solo el acto de votar ni la existencia de contrapesos formales; es también la sensación de inclusión, de representación y de confianza en que las reglas del juego garantizan derechos y libertades para todos. Cuando esa experiencia se erosiona, la democracia deja de ser un espacio de encuentro para convertirse en un terreno de frustración social. Allí es donde germina la aceptación de liderazgos que prometen orden a cambio de reducir libertades.
La tarea, entonces, es reconstruir puentes entre los arreglos institucionales y la experiencia democrática. Esto implica un esfuerzo conjunto de partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil para frenar propuestas o acciones autoritarias antes de que se normalicen. Como advirtió Adorno (1950), el riesgo no es únicamente la eliminación formal de la democracia, sino su vaciamiento desde dentro: un orden que conserva la fachada democrática pero deja de cuidar y representar a la sociedad.
Revertir esta erosión no es una tarea abstracta ni reservada a declaraciones formales: exige acciones deliberadas. Los partidos políticos deben abrir canales reales de participación ciudadana y dejar de concebir la política solo como competencia por el poder. Los poderes del Estado, en todos sus niveles, tienen que mostrar que la democracia produce resultados tangibles en la vida cotidiana: seguridad, justicia, servicios públicos de calidad. Y la sociedad civil debe asumir un rol activo en la vigilancia y defensa de los derechos, no solo reaccionando cuando estos se ven amenazados, sino promoviendo una cultura democrática que se viva en las escuelas, en los barrios y en las redes sociales. Sin esta reconexión entre arreglos institucionales y experiencia vivida, cualquier estructura democrática será un cascarón vacío, vulnerable a líderes que ofrecen orden a cambio de libertad. La verdadera defensa de la democracia empieza en la forma en que la sentimos y ejercemos día a día.
Autor
Politólogo de la Universidad Diego Portales y profesor de la Universidad Mayor y de la Universidad Alberto Hurtado. Maestría en Política Comparada FLACSO Ecuador.
