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Guyana y la necesaria discusión sobre transición justa

En un mundo que seguirá demandando petróleo para satisfacer sus necesidades de energía, es injusto negarle al pequeño país la oportunidad de dar un salto hacia el desarrollo a partir del aprovechamiento de sus recursos naturales.

Recientemente circularon fragmentos de una entrevista con el actual presidente de Guyana, Irfaan Ali, para la BBC, en la cual fue cuestionado sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (en inglés, GEE) que generará la extracción y consumo del petróleo guyanés durante las próximas décadas.

La entrevista dejó en el aire algunas ideas incompletas sobre la ruta para avanzar en la reducción de las emisiones de GEE asociadas al sector energético. Eso porque el cuestionamiento del entrevistador intenta inferir que la descarbonización de ese sector se limita a una reducción de la oferta de combustibles fósiles, cuando, en realidad, esos esfuerzos de mitigación deberían formar parte de un plan organizado para avanzar gradualmente en la reducción de la demanda por esas fuentes de energía.

Contrario a lo que se espera para las industrias de energía, existe una gran incertidumbre sobre la ocurrencia de un pico en la demanda de petróleo hasta 2040. Incluso si ocurriera, el petróleo seguramente continuará teniendo una participación significativa en la matriz energética mundial. En ese sentido, el petróleo que Guyana deje de colocar en el mercado internacional será abastecido por otro país productor.

Desarrollo y planes de acción climática

El caso guyanés ilustra perfectamente el dilema que enfrentan los países en desarrollo que poseen importantes reservas de petróleo y gas natural: la necesidad de balancear las necesidades de desarrollo con los planes de mitigación y adaptación al cambio climático.

Guyana es uno de los países más pobres de las Américas. Las condiciones de la economía guyanesa antes del descubrimiento de petróleo en el bloque Stabroek mostraban un pequeño país con pocas perspectivas de conseguir impulsar grandes transformaciones en su matriz productiva debido a un serio déficit en materia de recursos financieros, recursos humanos capacitados e infraestructura. 

De esa forma, el auge de las operaciones de extracción y exportación de petróleo guyanés ha abierto una ventana de oportunidad única para impulsar el desarrollo económico y social del país. Esa oportunidad es entendida, con considerable consenso, por las élites políticas guyanesas como una fuente de recursos para avanzar en la transformación del país a través de la implementación de planes de diversificación económica y de acción climática. 

Sumado a lo anterior, Guyana tiene una contribución insignificante en las emisiones globales de GEE. El petróleo producido, para ser exportado casi en su totalidad, además de ser de buena calidad también posee una intensidad de emisiones de gas carbónico asociada a las operaciones de extracción muy por debajo de la media mundial. Esto último hace del crudo guyanés un recurso competitivo frente a otros países productores en un mercado donde, además del costo de producción, los países consumidores tenderán a privilegiar la importación petróleos con menor intensidad de emisiones.

Alternativas para una transición energética justa para Guyana 

Considerando lo expuesto anteriormente, es importante analizar alternativas para garantizar que Guyana y otros países en situación similar puedan atender sus objetivos de desarrollo y contribuir en la contención del cambio climático. 

Una alternativa es que los principales países consumidores coordinaran acciones planificadas para satisfacer su demanda de energía mediante la compra de estos recursos a países en desarrollo como Guyana. 

Sin embargo, esta opción no está exenta de desafíos. El primero está asociado con la capacidad guyanesa para gestionar de forma adecuada el ingreso petrolero, debido a fenómenos como la maldición de los recursos naturales. En este sentido, la compra de crudo podría venir acompañada de planes de cooperación para apoyar a los países en desarrollo en materia de fortalecimiento institucional. El caso guyanés ya ilustra esta cuestión, dado que en los últimos años ha recibido asistencia financiera y técnica del PNUMA, el Banco Mundial y el gobierno de Estados Unidos en el proceso de implementación de sus planes de política petrolera y desarrollo sostenible.

Otro aspecto para considerar son los riesgos para la seguridad energética derivados de la importación de petróleo. El impacto del conflicto en Ucrania en los mercados de energía ha rescatado la centralidad de la seguridad en el abastecimiento en la agenda de la política energética de los Estados. Para mitigar esos riesgos, Guyana debe trabajar en fortalecer su reputación de proveedor confiable, que respeta y honra sus compromisos, además de evitar alinearse en conflictos internacionales.

Por otro lado, los países industrializados pueden adoptar otras iniciativas dirigidas a compensar a Guyana por la decisión de no monetizar parte de sus reservas de petróleo y gas. De esa forma, en caso de aceptar, el nuevo petro-estado suramericano también podría encontrar una fuente de recursos para financiar sus planes de desarrollo sustentable. 

La transición energética de bajo carbono es un proceso que ya es irreversible. Como establece el artículo 2 del Acuerdo de París, la responsabilidad de los Estados por su implementación es compartida pero diferenciada. En ese sentido, no existe duda de que Guyana también debe contribuir en la contención de la crisis climática descarbonizando su economía, preservando sus sumideros naturales y aprovechando los co-beneficios de tales acciones para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Sin embargo, en un mundo que seguirá demandando petróleo para satisfacer sus necesidades de energía, parece injusto negarle al pequeño país suramericano la oportunidad de dar un salto hacia el desarrollo a partir del aprovechamiento y la buena administración de sus recursos naturales.

La comunidad internacional tiene la capacidad de apoyar a Guyana en su camino hacia el desarrollo a través de una transición energética organizada y que sea justa.

Autor

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Doctor en Políticas Públicas, Estrategias y Desarrollo por la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Programa de Recursos Humanos de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (PRH / ANP).

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