A días de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras se enfrenta a un desafío que trasciende la contienda electoral: la recuperación de la confianza en la integridad democrática. El informe preelectoral de Transparencia Electoral advierte que el proceso se desarrolla en un contexto de alta polarización política, desconfianza ciudadana generalizada y fragilidad institucional en los organismos encargados de organizar y arbitrar las elecciones. Este panorama —que combina tensiones políticas, interferencias judiciales, dificultades logísticas y riesgos tecnológicos— pone a prueba la capacidad del país para garantizar un proceso creíble, pacífico y transparente.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), que también están en Honduras como observadores, han advertido sobre la alta conflictividad que afecta la elección. La OEA ha manifestado su preocupación por acusaciones de la Fiscalía contra una consejera electoral y dos magistrados que representan a los partidos opositores en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), encargado de dirimir los conflictos en los comicios.
El clima electoral está marcado por confrontaciones a lo interno de los organismos electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TJE, exacerbados por su composición partidista. Esta dinámica no solo erosiona la autonomía de las instituciones electorales, sino que también afecta la percepción de imparcialidad y certeza sobre el resultado. El problema no es nuevo: la inestabilidad institucional que persiste desde la crisis política de 2009 y las denuncias de fraude en 2017 han dejado una huella profunda de desconfianza en la ciudadanía, que en encuestas recientes manifiesta en un 75% tener poca o ninguna confianza en el CNE.
A esta crisis institucional se suma otro factor: la interferencia de otros poderes del Estado en el proceso electoral. La judicialización de las decisiones del TJE, las acciones del Ministerio Público contra magistrados electorales y la injerencia indebida de las Fuerzas Armadas (FFAA) al solicitar copias de actas de cierre presidencial representan un riesgo directo a la autonomía del proceso. El principio de separación de poderes, esencial en toda democracia, se ve amenazado cuando las instituciones electorales son objeto de presiones políticas o judiciales en momentos de alta sensibilidad preelectoral.
El TJE, en particular, enfrenta un escenario de parálisis interna debido a la falta de consensos para resolver apelaciones, lo que podría demorar la resolución de disputas postelectorales. Esto agrava la incertidumbre, ya que la legitimidad de las elecciones no depende únicamente de la votación, sino también de la capacidad del sistema de justicia electoral para resolver los conflictos con celeridad, independencia y apego a derecho.
Otro eje crítico es el componente tecnológico, donde los avances conviven con debilidades estructurales. La incorporación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la identificación biométrica del votante y el servicio de conectividad satelital en zonas rurales representan un salto técnico relevante. Sin embargo, los procesos de contratación de estas soluciones estuvieron marcados por controversias, demoras y falta de transparencia en la publicación de los contratos.
El simulacro nacional del 9 de noviembre confirmó que la complejidad tecnológica del sistema requiere ajustes urgentes. El ejercicio —en el que se logró transmitir el 35,7% de las actas proyectadas y conectar el 23,7% de los dispositivos biométricos desplegados— expuso fallas en la conectividad, en la integración del sistema y en la capacitación del personal técnico. Si bien el simulacro cumplió su función diagnóstica, los resultados muestran que el riesgo operativo de cara a la jornada electoral sigue siendo alto.
Otro tema que empaña el proceso es la debilidad en la fiscalización del financiamiento político. La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como “Unidad de Política Limpia”, enfrenta una seria limitación presupuestaria debido a la inacción del Congreso Nacional, que no aprobó los fondos solicitados. Al 4 de noviembre, solo el 43% de los candidatos obligados se había acreditado formalmente ante la UFTF, un indicador preocupante de incumplimiento en materia de transparencia financiera.
La falta de recursos y de cumplimiento normativo debilita la capacidad de control sobre el uso de fondos públicos y privados en campaña, generando incentivos perversos para el financiamiento opaco o ilícito. Esta situación “erosiona la equidad en la competencia electoral” y limita la posibilidad de sancionar irregularidades en tiempo real.
El contexto político no puede entenderse sin reconocer el impacto de la polarización y la violencia electoral. En los meses previos al proceso se han registrado cinco asesinatos de candidatos, lo que refleja la persistencia de un clima de intimidación e inseguridad. La polarización también se manifiesta en el discurso político: los principales partidos —Libre, Nacional y Liberal— han recurrido reiteradamente a acusaciones de fraude anticipado, una práctica que degrada la confianza pública y genera condiciones propicias para la conflictividad postelectoral.
Esto enfatiza la urgencia de fortalecer la independencia de los organismos electorales y protegerlos de presiones externas. El respeto a la autonomía institucional debe ser un compromiso compartido por todos los poderes del Estado. La observación internacional cumple un papel fundamental como mecanismo de acompañamiento técnico y como resguardo frente a posibles vulneraciones a la transparencia. No obstante, el éxito del proceso dependerá, en última instancia, de la responsabilidad y cooperación de las autoridades nacionales.
Para que el proceso electoral llegue a buen puerto el CNE y el TJE deben superar la lógica de veto partidario y priorizar el consenso en la toma de decisiones; el Congreso Nacional debe garantizar los recursos presupuestarios que permitan el funcionamiento autónomo de las instituciones; y el Ministerio Público debe abstenerse de acciones o declaraciones que puedan interpretarse como interferencias políticas.
Aunque el proceso electoral se está desarrollando bajo tensiones políticas, tecnológicas e institucionales, también ofrece una oportunidad histórica para reconstruir la confianza. La observación electoral juega un papel esencial para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Los hallazgos del informe de Transparencia Electoral, así como los pronunciamientos e informes previos del Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) no deben interpretarse como una condena, sino como un llamado a la acción: aún hay margen para corregir, ajustar y consolidar los avances técnicos que se han alcanzado.
Si las autoridades logran garantizar la transparencia y el buen funcionamiento del TREP, fortalecer la autonomía del TJE y dotar de recursos a la Unidad de Política Limpia, el 30 de noviembre podría representar un punto de inflexión en la historia democrática hondureña. Por el contrario, si las tensiones institucionales y los discursos de desconfianza prevalecen, el país corre el riesgo de reproducir los mismos patrones de crisis y deslegitimación que han marcado su pasado reciente.
Autor
Director Ejecutivo de Transparencia Electoral. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Candidato a Magíster en Estudios Electorales por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM / Argentina).
