El presidente Pedro Castillo se libró de ser destituido por el Congreso de la República del Perú por medio del sistema de rendición de cuentas interinstitucional que incorpora mecanismos de control político del sistema parlamentarista. La diferencia con el Presidencialismo es que este sistema se ejecuta por la vía del impeachment, algo que se asemeja a un proceso judicial donde los ritos y procedimientos son semejantes y además se circunscriben a delitos claramente tipificados y del cual se presume el presidente cometió durante su gestión.

En Perú, el proceso de destitución es sumario tiene más un componente político que judicial, donde los adversarios -según las reglas- necesitan alcanzar 87 de 130 votos y fundamentar su iniciativa de acuerdo a una de las figuras establecidas en la Constitución como la “incapacidad moral”. Esta es una figura jurídica subjetiva, y por cierto ambigua, que se ha convertido en un elemento secundario en los actuales pedidos de vacancia, dado que la “incapacidad moral” puede estirarse conceptualmente a interés de quien la promueva.

En esta coyuntura, la oposición apenas alcanzó 55 de los 87 votos necesarios, placar bastante previsible, lo que constituye una derrota para la oposición de centro-derecha arrastrada por la cotidiana radicalización de una minoritaria extrema derecha. En todo caso, la inestabilidad deliberadamente agitada por una minoría opositora ha llevado a que el gobierno haya tenido que nombrar cuatro gabinetes ministeriales en seis meses, así como sufrir la censura del congreso a dos ministros -uno recientemente- como también la renuncia voluntaria de otros.

¿Qué significa esta derrota?

El continuo deterioro de la democracia. El diseño institucional de las relaciones Ejecutivo-Legislativo inducen a una serie de dinámicas semejantes al dilema del prisionero, dilema propio de la teoría de los juegos que establece que en una situación hipotética, cada jugador (prisionero) hará, de forma independiente y sin importarle la decisión del otro, lo necesario para aumentar su ventaja o beneficio.

En teoría la mejor solución sería cooperar, sin embargo, la desconfianza entre los jugadores lleva generalmente a la traición. Como menciona el experto Guillermo O´Donnell en su celebre artículo sobre la “Democracia Delegativa”, el dilema del prisionero sería exactamente lo opuesto a las condiciones que promueven las instituciones democráticas sólidas.

Desde el punto de vista de la coyuntura, el gobierno viene mejor articulando y ha demostrado una clara habilidad para crear una coalición de parlamentarios independientes que van más allá de la bancada que lo llevó a la Presidencia. Parece que Castillo y sus aliados han aprendido cuál es la fórmula para evitar la caída del gobierno. Y el ala más radical del partido se ha moderado y han entendido que el poder es disperso y se distribuye de forma heterogénea en distintas fuerzas, con perfiles, discursos e intereses diferentes y que para obtener alguna ventaja, una condición es la de mantener a su socio como presidente.

Los parlamentarios independientes que apoyan al gobierno han hecho sus cálculos políticos. Es mejor un gobierno débil del que puedan servirse que vacar al presidente lo cual podría poner fin tempranamente a sus carreras políticas, dado que no existe la re-elección inmediata.

Los aliados del presidente son consientes de los límites de una agenda que enfatice los cambios radicales. Y Castillo, más allá de haber abandonado su discurso radical también ha entendido que es necesaria la prudencia y moderación. Esta moderación, de alguna forma ha contribuido a atenuar cierta resistencias, dado que no se ha producido una “venezuelización” de la economía, ni se está erigiendo un régimen “comunista” de acuerdo con los delirios insistentes de sus opositores ultraderechistas.

La derrota de la oposición es una nueva señal hacia los sectores políticos conservadores de derecha y, sobre todo, a aquellos con cierta inclinación autoritaria que se oponen a cualquier expansión de la ciudadanía y la ampliación de derechos. Lo curioso es que las fuerzas extremas coinciden pero por motivos diferentes. Para el oficialista Perú Libre, el movimiento popular son un medio a ser instrumentalizado y no un fin en sí, mientras que para la extrema derecha, son quienes ponen en riesgo sus arraigados privilegios.

Si bien la democracia peruana seguirá sufriendo tensiones, existe un amplio rechazo a cualquier movimiento autoritario o de ruptura del orden constitucional, y también se instala la indignación acumulada en un movimiento que demanda el ¨que se vayan todos¨ dada la inoperancia del gobierno. Aún así, con Pedro Castillo en el poder, continúa abierta la puerta para la promoción de potenciales cambios, como también veremos en el otro extremo tentativas de frenar cualquier proceso de emancipación. En todo caso, las elites económicas que hoy se encuentran lejos del poder les queda, o sacrificar la democracia, o convertirse en una alternativa electoral. Pero para ello, deberán esperar cuatro años.

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