Las preocupantes consecuencias de la militarización y la policización

En Latinoamérica históricamente ha habido una clara injerencia de las fuerzas militares en la seguridad interna de los países, lo cual incide en el funcionamiento del orden democrático. En el caso de las fuerzas de policía, se critica su formación y actuación militar, sin que signifique que con esto se esté asumiendo algún tipo de rol propio de las fuerzas armadas. 

Tomando como referente el artículo Militarización de la Policía y Policización de las Fuerzas Militares. Revisión del fenómeno a nivel internacional y nacional, una investigación para la Policía Nacional de Colombia de los expertos William Guillermo Jímenez y Juan Pablo Turizo, esto obedece principalmente a factores internos de manejo del orden público para el caso de los militares, a la organización militar de la Policía desde sus orígenes y a cambios en la concepción acerca de la seguridad y la soberanía de los Estados. 

Es prudente recordar que las fuerzas militares en el mundo están destinadas a conducir operaciones orientadas a defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial, mientras que los cuerpos de policía están constituidos para asegurar el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.

Países como Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y México refuerzan la tesis planteada, mientras que Alemania ofrece un referente de éxito en el manejo de este asunto, luego de los desafortunados hechos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial. 

Sin embargo, cada caso es distinto por circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por esta razón no podemos acudir a factores de comparación, sino que tan solo podemos delimitar la investigación planteada a las consecuencias que trae cualquiera de los dos fenómenos objeto del presente escrito. 

La investigación destaca mayor relevancia en la “policización de las fuerzas militares” como un asunto que trasciende lo normal, lo legalmente establecido y la lógica de la seguridad. En esto coinciden expertos en el tema, que aclaran, primero, que no es función de los militares la seguridad interior, y, segundo, que la policía debe hacer lo necesario para garantizar el cumplimiento de su deber constitucional; esto, en la práctica, implica entrenamiento y equipo especial. 

Aunque no es norma general en los países democráticos, es importante considerar otros aspectos de suma trascendencia como es la protección de los derechos humanos en atención a los tratados y convenios suscritos. El informe señala que “las fuerzas armadas se rigen por una lógica de guerra; su función implica un fuerte uso de la fuerza, que es difícil de limitar y que, por tanto, es inadecuado para lidiar con conflictos internos”. Esto implica apego a la normatividad existente a riesgo de causar graves consecuencias si no se actúa dentro del marco legal.

El hecho de no tener delimitado claramente el rol de cada institución o fuerza del orden, debido a los vacíos legales que existen, puede implicar la apertura de ventanas de oportunidad para que exista de manera inconveniente la autorregulación y autodelimitación de funciones. El caso más fehaciente de ello es Brasil, donde el autoritarismo anula la democracia representativa.  

Los militares han sido protagonistas en la vida política de Latinoamérica. La tradición golpista dejó huellas imborrables en la mente de la población y por supuesto en la psiquis de los militares. Esta genética golpista actúa aún sobre sus contemporáneos y es por eso que no pueden ser ajenos al protagonismo y necesidad de tener el control; en pocas palabras, a ser ruedas sueltas como “defensores de la democracia”. Pero los legisladores de una u otra manera han sido complacientes con esta situación y han propiciado buena parte de este problema. Esto se debe a varias razones. Para empezar, los gobiernos de turno han venido fomentando la participación de los militares en actividades netamente del resorte policial. Además, se ha promovido una malsana competencia entre las mismas instituciones del orden, gestando un serio problema al instaurar la medición de resultados y productividad mediante datos e indicadores diseñados para la administración de empresas privadas y no para el sistema de defensa nacional. Por todo ello, la policía y fuerzas armadas en algunos casos se han convertido en instituciones políticas al mando de gobiernos que las usan de forma represiva, como garante de supervivencia de un régimen dictatorial. 

Este último es el caso de Venezuela, donde el orden constitucional fue quebrantado y las fuerzas del orden obedecen ciegamente al mandatario en turno. En este caso no cumplen su función democrática y simplemente actúan a conveniencia. 

En cuanto al otro fenómeno objeto de análisis, la militarización de la policía, podemos indicar sin duda alguna que en general es un asunto que no afecta de ninguna manera al orden democrático. En este caso la policía, basada en la necesidad (exigencias del conflicto interno), opera con tácticas y equipamiento militar, pero esto no quiere decir que asuma roles que correspondan a los militares. 

Como ejemplo de este caso está Colombia, donde el proceder táctico de la Policía Nacional responde al entrenamiento y la preparación adquiridos de parte de países amigos que desde su comienzo no vieron en la formación policial básica la manera de prepararlos para asumir el conflicto interno. No obstante, esto no implicó que se dejara de asumir su rol misional.

La Policía Nacional de Colombia se considera como atípica o híbrida. Esto se refiere a su formación, equipamiento, mística y estructura orgánica, pero, a pesar de las circunstancias, nunca ha pretendido actuar como ente militar, contrariamente a los militares colombianos que ocasionalmente asumen roles policiales, enfrentando serias dificultades, puesto que no están preparados para esto, ya que no es su naturaleza. 

Un ejemplo del riesgo de violación a los derechos humanos de ciertas prácticas son las fuerzas policíacas de Estados Unidos, donde el uso de la fuerza se ha incrementado de forma exponencial precisamente por haber asumido un entrenamiento mucho más militar que de índole civil. La actuación militar en la intención del control urbano la hace aún más proclive a este tipo de problemas.

En general no se mide el impacto negativo que genera para un país la presencia de su ejército en las ciudades, o la percepción que tiene un extranjero al ver a un militar fuertemente armado en las calles de cualquier país de América Latina. Más allá de imaginar que se trata de medidas preventivas o disuasiva, se asocia con el peligro, con la presencia de delincuencia organizada, con el terrorismo y con otros factores que afectan a la imagen de un país con incidencia hasta en su economía. Las fuerzas militares actuando fuera del contexto y concepción misional se convierten en un asunto traumático y que afecta a la tranquilidad de los ciudadanos.

En conclusión, el problema actual es el deslinde constitucional en el que están inmersas las fuerzas militares. Esto les ha permitido estar involucradas en temas de seguridad interna, aduciendo principalmente la garantía de la convivencia en paz, que es el mismo argumento que esgrimen los cuerpos de policía para hacer uso de métodos y tácticas propias de la doctrina militar adquirida a lo largo de su existencia. 

Es importante considerar que, si bien es cierto que se trata de un asunto álgido y de serias implicaciones, ya es hora de revisar las diferentes opciones de solución, bien sea demarcando claramente la frontera que divide la misión y funciones de los militares y policías o bien rediseñando el modelo y la estructura del sistema de defensa y seguridad interior evitando que interfiera o afecte a la esencia de la seguridad ciudadana.