La Tercera Conferencia sobre Libertad Académica en las Américas que se celebró en la ciudad de Washington estuvo marcada por un clima de preocupación e incertidumbre por lo que la segunda presidencia de Donald Trump implicará para su propio país y para el hemisferio. Los activistas, académicos, estudiantes y dirigentes universitarios que participaron el 20 y 21 de noviembre pasado en el evento organizado por la Coalición para Libertad Académica en las Américas (CAFA por sus siglas en inglés) y la Universidad Notre Dame, expresaron alarma por lo que llamaron la escalada reaccionaria que ha arropado a los Estados Unidos y que tiene ecos en la Argentina de Javier Milei, e incluso en el Brasil post-Bolsonaro. Se oyeron también las voces de profesores y estudiantes nicaragüenses y venezolanos. Las dictaduras de izquierda de Ortega-Murillo y Maduro vienen violando desde hace años los derechos humanos de los universitarios y los estudiantes con casi total impunidad. Y, a veces, con el silencio cómplice de algunos sectores académicos de Hispanoamérica.
El panorama se complica para la libertad académica en gran parte del hemisferio. Al mismo tiempo surgen preguntas sobre le futuro de la democracia. Cuando la democracia se debilita, la educación se convierte en blanco preferido de los gobiernos autoritarios de cualquier signo. Eso lo saben bien los cubanos que viven bajo la dictadura castro-comunista desde hace más de seis décadas. La educación, ya sea básica, secundaria o universitaria, sirve allí de plataforma de adoctrinamiento de la ideología oficial. Nadie puede salirse de la línea del partido único: no existe ni libertad de expresión, ni de investigación ni autonomía universitaria. Pero, como lo expusieron varios colegas de Brasil, Argentina y Estados Unidos, desde la derecha más radical también se quiere “meter en cintura” a profesores y estudiantes. Las estrategias de control pasan por la reducción del financiamiento público (los recortes anunciados en Argentina bajo la administración Milei) o la intervención directa de las instancias de gobernanza de las universidades (como ocurrió en el New College en Florida por orden del gobernador republicano De Santis).
X como campo de batalla
Uno de los temas tratados en la conferencia fue la creciente influencia de los grandes conglomerados digitales como Google, Meta y Microsoft en las actividades universitarias y en su capacidad de controlar y manipular la información a la que acceden tanto profesores, estudiantes y administradores de las casas de estudios. La plataforma X del multimillonario Elon Musk fue objeto de particular atención y discusiones. Desde que la red social cambiara de dueño en 2022, la antigua Twitter que después sería rebautizada como X, comenzó a sufrir transformaciones en su política de acceso a datos y su modelo de negocios. Antes de la llegada de Musk, los investigadores académicos podían acceder de forma gratuita a los datos de la plataforma haciendo una solicitud a la empresa y justificando su necesidad. Ahora deben pagar para que se les asigne lo que se conoce como un código API (siglas que en inglés quieren decir “interfaz de programación de aplicaciones”) que les permite acceder a los datos. También los usuarios que quieren ser certificados por la empresa deben pagar un monto anual.
No es solo el modelo de negocios de X el que afecta a la comunidad académica. Es igualmente lo que la investigadora brasileña Anna Cláudia Belli denominó en la conferencia la amplificación de los discursos de odio y la desinformación desde que Musk compró la plataforma. El abierto apoyo de Musk a Trump y su participación en el futuro gobierno del líder republicano suscitan preguntas sobre la ética de sus negocios y los conflictos de intereses.
Es oportuno recordar que Musk terminó pagando la multa de cinco millones de dólares que le impuso el Tribunal Supremo de Brasil, lo que permitió que se levantara el bloqueo a X en ese país. Esto indica que el multimillonario está dispuesto a aceptar las normas de regulación, como lo ha hecho también en la Unión Europea bajo la Digital Services Act o Ley de servicios digitales.
La procesión va por dentro
Fabián Salvioli, profesor de derecho, ex relator de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia y las reparaciones (2018-2024) y antiguo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (2015-2016), hizo en su discurso inaugural una reflexión sobre la responsabilidad de la propia universidad. Se preguntó de dónde salían los funcionarios y políticos encargados de concebir e implementar las políticas públicas, muchas veces fallidas y que en numerosas ocasiones llevan a la corrupción. Si son las universidades las que forman al grueso de estas personas, entonces ellas tienen que mirarse hacia dentro, dijo Salvioli. No pueden eludir su responsabilidad.
Las universidades tampoco están exentas de ser espacios de censura, intimidación y discriminación. Es lo que he llamado en una investigación que hice el “efecto Voldemort”, en referencia al personaje de Harry Potter que no se puede nombrar. Una nueva espiral del silencio se ha ido instalando en las universidades del hemisferio, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Cinco estrategias apuntan a acallar voces que no siguen la ortodoxia que se identifica con la denominada ideología de la “justicia social”: una es el abierto silenciamiento de puntos de vistas, es decir, la censura de todo aquello que contradiga la doctrina hegemónica; otra es la que califica cualquier perspectiva alternativa como ilegítima, peligrosa o vergonzosa; también se acude al manido argumento de la “seguridad”, especialmente “emocional”, para evitar debates necesarios dentro de la propia universidad; se acude a la excusa de la “relatividad cultural” para justificar conductas moralmente y legalmente cuestionables; y finalmente, desde la retórica de la “resistencia” se pretende legitimar el terrorismo y la violencia.
Bajar de la torre de marfil
La ola populista, ya sea de derechas o de izquierdas, revela una desconfianza hacia las élites intelectuales representadas en las universidades. La ciencia está bajo sospecha; basta ver la nominación por parte de Trump del activista anti-vacunas Robert Kennedy Jr. como Secretario de Salud. Y la relativización del concepto de “ciencia” desde la disolución de la verdad y del método científico en la misma academia debilitan la confianza del público. O peor aún, hay sectores sociales que perciben la reacción anti-ciencia y anti-universitaria como un enfrentamiento entre los intelectuales y el común de la gente, contribuyendo a la polarización. En Argentina y Brasil, por ejemplo, se ha instrumentalizado la protesta con eslóganes como “con mis hijos no te metas” o “mi familia, mis reglas”, e incluso la idea de que el “profesor es el enemigo”, fenómeno estudiado por las investigadoras Pâmela Passos y Amanda Mendonça.
¿Cómo hacer que la libertad académica sea relevante no solo para profesores y estudiantes? ¿Cómo sacarla de la academia para que la ciudadanía entienda su importancia para el conjunto de la sociedad? En 2021 se adoptaron los Principios Interamericanos de Libertad Académica y Autonomía Universitaria. Desde entonces se han logrado avances en la concienciación en el ámbito multilateral sobre la libertad académica como un derecho humano, tanto en la Organización de Estados Americanos como en las Naciones Unidas. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer para que se pase de los principios a la acción. Y más todavía, si se piensa en hacer de estos principios un asunto que interpele a la mayoría de la gente fuera del ámbito académico.
Para muchísimos iberoamericanos la universidad ha sido una plataforma de movilidad social. Es en este punto que la mayoría de los ciudadanos se puede sentir identificada con la libertad académica. Sin ella el acceso a la educación superior será mucho más restringido y difícil para todos, como está quedando en evidencia en la Nicaragua dictatorial, y en la Venezuela chavista en la que las universidades autónomas públicas se han vaciado de profesores y estudiantes. El acceso a la educación superior debe estar también vinculado a garantizar estándares de calidad de los programas universitarios. El mercado de la oferta universitaria (especialmente la privada) se ha ampliado sin necesariamente garantizar niveles adecuados de educación e investigación.
Como se manifestó en el llamado a la acción al cierre de la conferencia en Washington, sin democracia no puede haber libertad académica. Tampoco libertad académica sin democracia. Defender ese derecho tiene que pasar de los principios abstractos a la conexión con el bienestar y los derechos de la gente. Y eso es hoy más urgente que nunca ante las amenazas autoritarias.
Autor
Profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad de Ottawa. Consultor en comunicación y salud, gestión de crisis y responsabilidad social corporativa. Doctor por la Universidad de Montreal.
