Las relaciones entre Estados Unidos y México en materia de seguridad aterrizaron abruptamente en el estado de Sinaloa cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó formalmente la detención y extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de este estado del noroeste mexicano, y de nueve funcionarios más por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Esta noticia cobra especial relevancia porque no existe precedente en la historia de las relaciones bilaterales de una exigencia de ese tipo, aunque algunos exgobernadores hayan sido detenidos y hayan cumplido penas en prisiones estadounidenses.
La noticia no sorprendió porque el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sostenido durante todo su mandato que México está capturado por el crimen organizado y ha aseverado que este país ha llegado a constituirse en una suerte de narcoestado, algo que encaja con la narrativa de que hay que combatir a varias organizaciones criminales catalogadas como terroristas.
Entre ellas, por supuesto, está el Cártel de Sinaloa, considerada una de las más poderosas organizaciones criminales del mundo por su extensa red de contactos, que atraviesa continentes enteros.
Sin embargo, si bien hay interés bilateral por combatirlas, como sucedió con la detención y extradición a los Estados Unidos de personajes como Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, líderes indiscutibles del Cártel de Sinaloa, y la aprehensión y muerte en cautiverio de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la relación entre los dos países no deja de ser complicada, porque la administración Trump exige a su contraparte mexicana “ir por más”: los políticos que han brindado apoyo político y logístico.
Y es por eso que la solicitud de extradición del gobernador Rocha Moya se convierte en una piedra de toque en las relaciones bilaterales, porque trastoca las coordenadas en las que se había estado moviendo la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ya que esta exigencia pone en el centro a un peso pesado del morenismo.
Ahora, Sheinbaum se encuentra en el dilema de o bien entregar a los presuntos colaboradores del crimen organizado o bien rechazar la solicitud argumentando que no está debidamente fundada con pruebas. Por supuesto, sería en México donde finalmente confirmarían si la acusación tiene fundamento, lo que lleva a la posibilidad de especular que nunca serán suficientes, dadas las consecuencias que podría tener en el entorno presidencial.
Y es que conceder lo que solicita ese fiscal estadounidense significa sacudir las estructuras de Morena, donde sigue teniendo un peso importante el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Acceder a la solicitud estadounidense sería darse un balazo en el pie, por lo que la primera reacción ha sido ganar tiempo exigiendo pruebas a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, todo es cuestión de tiempo, y si aun presentando esas pruebas Sheinbaum se mantiene en la misma posición la tensión irá al alza.
Entonces, al tomar esta decisión, de entrada Sheinbaum privilegia el equilibrio interno de su movimiento y protege a los pesos pesados de su partido para que no sean alcanzados por la justicia estadounidense. Eventualmente, concediendo la extradición de algunos o todos los que están en esa lista de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York buscaría evitar, en una lógica de costo-beneficio, que se le complique más la relación en otros campos, particularmente en las rondas de negociación que están en curso sobre el espinoso T-MEC.
A eso hay que añadir que el país atraviesa un momento económico crítico, con unas dificultades expresadas por el propio Banco de México, que advierte que el pronóstico de crecimiento de este año es del 0,1%. Según algunos observadores económicos, se trata de un eufemismo para no decir que este año la economía nacional decrecerá a cero, y lo peor que le puede suceder es que haya unos malos resultados en las rondas trilaterales de negociación.
Así, los márgenes de negociación de la presidenta son estrechos y se inclinan peligrosamente a tener que seguir cediendo al gobierno estadounidense en aquello que pudiera servir al presidente Trump para mejorar su nivel de aprobación de aquí a las elecciones legislativas de principio de noviembre, cuando, como se sabe, los pronósticos sugieren que los republicanos retrocederán y no conservarán la mayoría.Trump necesita mostrar que su estrategia de presión es exitosa en el ámbito de las migraciones ilegales y la lucha contra el crimen organizado y, si se puede, salir bien librado de la guerra contra Irán. Por lo tanto, se esperan meses intensos en las relaciones bilaterales, y el affaire Rocha Moya es un eslabón de una estrategia mayor que busca dos objetivos: someter a su interés a la presidenta Sheinbaum y que continúen ganando elecciones sus aliados en América Latina.
Autor
Periodista, Máster en Periodismo de la Universidad de Barcelona y en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Complutense de Madrid.
Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México
