Después de las profundas repercusiones que tuvo para la oposición venezolana la reciente implosión del Gobierno interino y luego de numerosas deliberaciones, la Comisión Nacional de Primarias definió una fecha para que las distintas fuerzas políticas de oposición puedan medirse electoralmente y establecer una candidatura unitaria con miras a la próxima elección presidencial. Además de la fecha (22 de octubre de 2023), se anunció un cronograma de actividades y el reglamento de las postulaciones, pautas de campaña y logística de un proceso que aún deja muchas preguntas, especialmente, si se tiene en cuenta que este nuevo intento de resistencia democrática, se enmarca en un entorno autoritario en el que hacer política, al margen del chavismo, representa grandes riesgos.
Este proceso de elecciones primarias de la oposición se desarrolla en un país con más de 300 presos políticos, exilios forzados, inhabilitaciones, judicialización de partidos, ataques legislativos a la sociedad civil organizada y a la libertad de prensa en medio de una investigación en marcha de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Preguntas sin respuestas
Ante este escenario, surgen algunas preguntas cuyas respuestas siguen dividiendo a la oposición. La principal interrogante es: ¿qué garantías tiene el elegido o la elegida de no ser detenido o inhabilitado por el Gobierno antes de inscribir oficialmente su candidatura a la elección presidencial de 2024? Esta es una pregunta que todo político opositor se plantea, pero cuya respuesta no es clara, debido a la falta de garantías. De hecho, en el registro de inhabilitaciones del Ministerio Público, que no se publica desde 2018, sobresalen figuras políticas destacadas como Tomás Guanipa, Delza Solórzano, Henrique Capriles Radonski, entre otros.
Otra de las interrogantes ante este nuevo proceso es: ¿qué papel tendrá la autoridad electoral en las primarias opositoras? El desempeño institucional del Consejo Nacional Electoral (CNE), tradicionalmente controlado por el Gobierno, ha sido muy cuestionado y el registro electoral está intencionalmente desactualizado. De hecho, de acuerdo con el periodista Eugenio Martínez, especialista en elecciones, se estima que tres millones de votantes han sido deslocalizados de los centros de votación cercanos a sus domicilios, además de que más de cuatro millones de venezolanos de entre 18 y 30 años no están inscritos para votar.
Esta desactualización es mucho mayor si se tiene en cuenta la enorme emigración que ha sufrido el país en los últimos años y que solo una minoría de quienes lo abandonaron están registrados en los consulados del país receptor, si es que existe consulado. A esto se suma el largo historial de irregularidades documentadas, parcialidad política y poca disposición a la observación internacional desde 2018.
También genera dudas la financiación de este proceso. Se estima de forma extraoficial que es de entre 7 y 12 millones de dólares, cifras muy elevadas para los estándares de la economía venezolana, considerando, además, que sigue siendo un país sometido a controles cambiarios, sanciones internacionales y restricciones de todo orden que dificultan la financiación de la oposición tanto nacional como internacionalmente. Todo esto podría abaratarse considerablemente de llegarse a un acuerdo con el CNE. Sin embargo, ello amenazaría con reavivar la división, teniendo presente la mayoritaria percepción de parcialidad del árbitro electoral y un insalvable descrédito a la autenticidad de los resultados.
Muchos desafíos y una oportunidad
Cabe destacar, asimismo, que, según diferentes estudios, en los últimos meses la oposición venezolana vive su punto de mayor fragmentación y descrédito en términos de respaldo popular de los últimos años y ha habido un resurgimiento de opiniones antipartido, así como también, un aumento de la desconfianza generalizada en la representación de sus expectativas políticas. Según la consultora Datanálisis, el 61% de las personas quisiera un cambio político, sin embargo solo uno de cada diez cree que exista una posibilidad real para conseguirlo en los próximos dos años.
Al margen de las limitaciones, controversias e incertidumbres imperantes, la historia contemporánea de la oposición venezolana ha tenido desde 2008 (y pasando por el 2012) un importante aprendizaje colectivo del gran valor político que traen consigo los procesos de democracia interna. El panorama parece desalentador y adverso, sin embargo, las primarias del 2023 son, actualmente, la única estrategia de acción colectiva aún en pie.
Estas elecciones no están exentas de peligros y polémicas, no obstante, podrían ser, una vez más, el proceso aglutinante, de relegitimación y movilización electoral, que tanto anhelan los venezolanos. Por lo tanto, las oposiciones, a pesar de sus diferencias, errores, desencuentros y limitaciones, podrían consolidar una opción política para resistir electoralmente a la opresión y la barbarie.
Autor
Politólogo egresado de la Univ. Central de Venezuela y la Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Salamanca. Analista de asuntos parlamentarios.
