La confirmación del primer caso de la COVID-19 en Brasil y la propagación de esta en la región ha obligado a los Gobiernos a crear diferentes respuestas para contener su avance. En este contexto, los migrantes y sus familias están entre los principales afectados.
Actualmente, América Latina se encuentra en la fase de transmisión comunitaria de la COVID-19 y con consecuencias funestas como las que está viviendo Ecuador por el colapso del sistema sanitario y el mayor número de contagios y muertes per cápita de Sudamérica. Así, no es posible ignorar el impacto de la pandemia sobre las personas que están en condición de movilidad humana y sus parientes.
Pese a la existencia de organizaciones y procesos de integración regional, como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Mercosur o la Comunidad Andina, no hubo una respuesta conjunta ante la llegada de la COVID-19 en Latinoamérica, sino que cada país reaccionó de manera autónoma declarando, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estado de emergencia e imponiendo medidas como el distanciamiento social, la restricción de ingreso de extranjeros y el cierre de fronteras.
Con el aumento del número de contagios y muertes, las respuestas se han endurecido hasta el punto de que la mayor parte de dichos países ha impuesto la suspensión de actividades no esenciales, el cierre de sus fronteras y la limitación de la circulación de personas, inclusive a escala nacional.
Todas estas medidas por la COVID-19 han impedido el retorno a casa y el desplazamiento de millones de personas, y están impactando de múltiples formas el día a día de la población local. Sin embargo, las consecuencias asumen otra proporción en el caso de los migrantes y sus familiares.
América Latina es esencialmente un territorio de emigración y las consecuencias políticas y socioeconómicas de la pandemia afectan la vida y los derechos de los latinoamericanos fuera de la región. Al mismo tiempo, la crisis económica por el coronavirus tendrá una gran repercusión sobre los flujos de remesas y los niveles de ingresos de sus familiares. Latinoamérica también es una región de tránsito, inmigración, refugio y apatridia, y es en esta población y en sus parientes que las medidas que han tomado los Gobiernos latinoamericanos están teniendo graves consecuencias.
El cierre repentino de las fronteras nacionales, así como la militarización y el refuerzo de los controles migratorios, no han detenido completamente la migración, sino que han obligado a los migrantes a buscar rutas alternativas»
Uno de los primeros efectos es que el cierre repentino de las fronteras nacionales, así como la militarización y el refuerzo de los controles migratorios, no han detenido completamente la migración, sino que han obligado a los migrantes a buscar rutas alternativas e irregulares de ingreso. Esto aumenta su vulnerabilidad y los peligros a los que se exponen como los secuestros y los abusos sexuales. Costa Rica, por ejemplo, ha instalado una base militar en la frontera con Nicaragua para vigilar e impedir el ingreso de nicaragüenses que intentan entrar al país de manera irregular.
No obstante, los desplazamientos continúan. Además, la población centroamericana que se halla desplazándose hacia Estados Unidos está en condiciones de extrema vulnerabilidad. Los migrantes se encuentran hacinados, sin asistencia sanitaria y con elevados riesgos de contagio de la COVID-19 en las estaciones migratorias o centros de detención para migrantes, en los cuales, a menudo, también están expuestos a diferentes formas de extorsión y violencia por parte de redes del crimen organizado o de autoridades locales.
En un contexto marcado por grandes desigualdades y exclusión social, la mayor parte de los migrantes tampoco puede “quedarse en casa” porque eso significaría no tener ingresos ni para ellos ni para sus familias. Con todo, la paralización de las denominadas actividades no esenciales ha golpeado duramente a un colectivo que trabaja, sobre todo, en el sector informal y que se ha visto privado de sus ingresos de subsistencia. Sin ingresos y, muchas veces, sin derechos de asistencia sanitaria, las personas que se están desplazando se exponen a mayores niveles de pobreza, precariedad y xenofobia.
Al no poder utilizar los servicios médicos del país, carecer de redes de apoyo, enfrentar problemas de acceso a la información o ser excluidos de las ayudas sociales para los nacionales, los migrantes (sobre todo, los indocumentados) se encuentran desprotegidos, mientras que, al no poder pagar el alquiler, están sujetos a expulsiones indiscriminadas. Este ha sido el caso, por ejemplo, de miles de venezolanos que se hallan en la calle en países como Colombia y Perú tras haber sido desalojados por no poder pagar el alquiler de las pensiones donde se alojaban. Por si fuera poco, en ciudades como Bogotá, ha habido disputas entre las autoridades por la gestión de los recursos de la emergencia y ha habido declaraciones públicas de carácter xenófobo que han estimulado acciones contra los migrantes.
Los desalojos indiscriminados de migrantes y la falta de medios de subsistencia han determinado un fenómeno no menos complejo: el retorno masivo de venezolanos a su país de origen. Las dificultades y los desafíos de este proceso residen en que el retorno está ocurriendo en un contexto de mucha vulnerabilidad, sin asistencia sanitaria y hacia un país que vive la mayor crisis humanitaria de la región, que está agravada por las sanciones económicas impuestas, principalmente, por Estados Unidos.
La situación de emergencia ha determinado, asimismo, el cierre indiscriminado de las fronteras, pero sin protocolos adecuados de asistencia para los migrantes en proceso de retorno. El Gobierno de Bolivia, por ejemplo, mantiene a más de 300 bolivianos, entre ellos mujeres embarazadas, ancianos y niños, en un campamento militar en la localidad fronteriza de Pisiga. Se trata de familias de trabajadores temporales bolivianos provenientes de Chile que se han quedado sin trabajo ni recursos para permanecer en el país. La Defensoría del Pueblo de Bolivia y varias organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones precarias de esta población que ha recibido escasa atención por parte de las autoridades y enfrenta problemas de discriminación, dificultades de nutrición, higiene y acceso a recursos básicos.
La pandemia y las diferentes medidas para enfrentarla están afectando seriamente la salud física y mental de los migrantes, además de haber generado el crecimiento de múltiples formas de discriminación, estigmatización y xenofobia. Paralelamente, están causando muertes, expulsiones y deportaciones de migrantes, así como la elaboración de proyectos de ley que atentan contra la vigencia de los derechos humanos. Este es el caso del proyecto de ley que plantea la repatriación de extranjeros residentes en el Perú, los cuales están afectados por la emergencia sanitaria. Sin embargo, los efectos sobre este colectivo recién empiezan. Los migrantes y sus parientes también serán una de las categorías más afectadas por la crisis económica, la creciente pobreza y la pérdida de empleos que las sociedades latinoamericanas atravesarán por esta epidemia.
Los desafíos que la COVID-19 ha implicado son enormes, pero esta no es la primera ni será la última emergencia sanitaria que enfrentará América Latina. Por ello, los países de la región deben extraer lecciones importantes y entender que cualquier medida contra las pandemias y a favor de la salud pública conlleva la protección de todos y todas, sin distinciones de estatus migratorio o pasaporte. Toda respuesta debe integrar a los migrantes y a los refugiados en las políticas estatales y de asistencia social, reconocer sus especificidades, proteger sus derechos y combatir la xenofobia, la violencia y cualquier tipo de discriminación que ponga en riesgo su dignidad humana.
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Foto de M1key.me en Foter.com / CC BY
Autor
Cientista política. Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ) y del Postgrado en Ciencia Política de la UNIRIO. Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid.
