Por su capacidad y diversidad productiva, América Latina y el Caribe es considerada por muchos el “granero” del planeta. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre 2015 y 2019 los países de la región exportaron cerca de 223 mil millones de dólares anuales en alimentos. Esto representa el 25% del total de las exportaciones regionales y pone a América Latina como la principal abastecedora de alimentos a escala mundial; esto, en medio de la COVID-19.
A pesar de esta ventaja relativa en la producción y exportación de alimentos con relación a otras regiones, un número importante de personas de América Latina y el Caribe no pueden acceder a una alimentación adecuada.
El número de latinoamericanos que presentan dificultades de acceso físico o económico a alimentos inocuos y con calidad nutritiva pasó de 157 millones en 2015 a 205 millones en 2019″
De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el número de latinoamericanos que presentan dificultades de acceso físico o económico a alimentos inocuos y con calidad nutritiva (inseguridad alimentaria) pasó de 157 millones en 2015 a 205 millones en 2019, lo que representa cerca del 32% de la población regional. Adicionalmente, en el mismo período la tasa de prevalencia de subnutrición (aporte calórico que no cubre necesidades mínimas para mantener peso y talla) se incrementó del 6,2% al 7,4% de la población.
Con la pandemia de la COVID-19 y sus repercusiones económicas y sociales, las dificultades de los sectores más vulnerables en la región para acceder a una alimentación adecuada podrían profundizase y elevar las tasas de subnutrición, desnutrición y sobrepeso, por lo que se convertiría en un problema adicional de salud pública y amenazaría la seguridad alimentaria regional.
En este contexto, se vuelve fundamental para los Gobiernos de América Latina y el Caribe analizar, evaluar y mitigar los factores de riesgo que ha traído la COVID-19 en las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad.
En el contexto de la COVID-19 la oferta alimentaria se ha visto afectada en varios países latinoamericanos»
Debido al volumen de producción agropecuaria regional y al comercio intrarregional, la disponibilidad de alimentos en la mayor parte de los países debería estar garantizada. Sin embargo, en el contexto de la COVID-19 la oferta alimentaria se ha visto afectada en varios países latinoamericanos. De acuerdo con un primer estudio del impacto de la COVID-19 en los sistemas alimentarios de la región, que fue publicado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la FAO, la disponibilidad de productos agropecuarios está teniendo problemas, principalmente, por dos factores.
En primer lugar, debido a las disrupciones en las cadenas de suministro de alimentos. Actividades como transporte, logística, procesamiento y almacenamiento se han visto fuertemente afectadas por la COVID-19. En segundo lugar, la crisis económica y la falta de liquidez está haciendo menos viable la producción de alimentos para pequeños y medianos productores y microempresas, lo que ha puesto en riesgo la sostenibilidad de la oferta.
Como se mencionó, el acceso económico y físico a alimentos mostraba cifras preocupantes antes de la crisis sanitaria. La población en zonas con mayor pobreza presentaba dificultades para obtener una alimentación adecuada, debido a la carencia de ingresos o a la distancia a centros de expendio. La contracción de la economía regional, el deterioro de los indicadores sociales y la reducción del ingreso familiar, producto de la crisis sanitaria, dificulta aún más el acceso a dichos alimentos, sobre todo en la población más vulnerable. A esto se suma el incremento de los precios de bienes esenciales como el arroz, las frutas y los huevos en varios sitios de la región durante la pandemia. De acuerdo con la Cepal, entre enero y mayo de 2020 el componente alimentario del índice de precios al consumidor presentó un aumento de 4,6%.
En la última década, la región ha logrado disminuir ciertos indicadores de malnutrición»
La tercera dimensión de la seguridad alimentaria es la utilización adecuada de los alimentos y su calidad nutricional. En la última década, la región ha logrado disminuir ciertos indicadores de malnutrición. De acuerdo con la FAO, la tasa de retraso del crecimiento infantil en niños menores de 5 años pasó de 11,4% en 2012 al 9% en 2019. Sin embargo, el sobrepeso infantil se incrementó del 7,2% al 7,5% en el mismo período y la obesidad en adultos pasó de 22,2% en 2012 al 24,2% en 2016. La COVID-19 trae el riesgo de que estos y otros indicadores relacionados con la malnutrición presenten retrocesos, producto de la dificultad para acceder a alimentos con la suficiente calidad nutricional.
La última dimensión para garantizar la seguridad alimentaria es la estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores. El cambio climático, los desastres naturales y la vulnerabilidad que tienen los productos agropecuarios a la fluctuación de los precios siguen siendo los principales factores de riesgo para la estabilidad alimentaria en América Latina y el Caribe. La incertidumbre y la crisis socioeconómica por la COVID-19 están generando mayores dificultades en la oferta y el acceso a alimentos. En esta coyuntura se encuentran en mayor riesgo los países del Caribe e importadores netos de alimentos, ya que son más vulnerables a las fluctuaciones en los precios.
Ante esta situación tan compleja, el riesgo de que la COVID-19 traiga una crisis alimentaria no es menor. Para evitar esto se requiere una intervención oportuna de los Gobiernos de la región»
En este contexto, la reactivación productiva necesita de políticas que permitan mitigar el impacto de la pandemia a escala económica y social, pero que no pierdan de vista la seguridad alimentaria. Es urgente hacer sostenible la oferta de alimentos en la región y garantizar su acceso, sobre todo a la población más vulnerable. También se requiere dotar de liquidez a pequeños agricultores y empresas, fortalecer el consumo y la agricultura familiar, y reducir la especulación en las cadenas de distribución.
A pesar de la COVID-19, la pronta y oportuna acción de los países e instituciones regionales permitirá reducir los riesgos que amenazan la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.
Foto por Eneas en Foter.com / CC BY
Autor
Economista. Profesor en la Universidad de las Américas - UDLA (Ecuador). Máster en Economía. Candidato a Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Especializado en macroeconomía, comercio exterior y políticas públicas.
