A menos de una semana de las elecciones generales en Bolivia, el debate está descentrado de los temas que debieran ocupar a la opinión pública que son, por defecto, las propuestas programáticas de los partidos. Existen una serie de espacios de debate creados por los medios de comunicación; la prensa escrita ha realizado el esfuerzo de sistematizar los programas de gobierno por áreas temáticas; la televisión organiza diálogos y entrevistas a los candidatos; los jóvenes y las mujeres organizan sus preguntas; las redes están inundadas de sitios donde se difunden ideas extraídas de los programas, pero estos no logran instalarse en la agenda política ni generan argumentos que convencen a la ciudadanía.
Los planeamientos en Bolivia son, en unos casos, reiterativos; en otros, indiferenciados unos de otros, o, en muchos casos, cada candidato arma una argumentación distinta a la de otros de la misma tienda política; en los peores casos, desconocen sus propios programas de gobierno presentados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En realidad, la agenda política preelectoral está enfocada en confrontaciones y posicionamientos de los candidatos y los electores respecto a las contingencias de la historia reciente.
Un hecho que ha marcado la agenda política desde hace un par de años y continúa vigente en el debate electoral es el posicionamiento sobre los resultados del 21F. El rechazo mayoritario a la reforma constitucional que buscaba la reelección presidencial indefinida (se llevó a cabo de todos modos) ha partido las aguas entre oficialismo, junto a sus organizaciones afines que apoyan el liderazgo de Evo Morales y las diferentes oposiciones políticas que defienden la institucionalidad y el respeto al voto que se expresa mediante comunicados del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), movilizaciones cívicas, plataformas ciudadanas y en el discurso de al menos tres candidatos: Carlos Mesa, Óscar Ortiz y Víctor Hugo Cárdenas.
Han vuelto a despertar las tensiones regionalistas que habían sido atenuadas desde la aprobación de la Constitución»
Otro eje de confrontación discursiva se ha instalado alrededor de los incendios en la Chiquitania, donde en medio de esta tragedia de la humanidad, se han revelado aristas políticas y visiones de país enfrentadas respecto a la preservación de los bosques, la madre tierra y los territorios indígenas versus el desarrollo, la producción agrícola intensiva y la depredación del medio ambiente por los nuevos asentamientos, pero sobre todo entre quienes exigen que el Gobierno declare “desastre nacional” como una reacción obvia a la impotencia frente al fuego, y la resistencia a realizar esta acción.
Al mismo tiempo, han vuelto a despertar las tensiones regionalistas que habían sido atenuadas desde la aprobación de la Constitución, y ahora, después de una década, presenciamos la reactivación de discursos federalistas y el grito de “la tierra es de los cruceños y va a ser de los cruceños”, por ejemplo, en la reciente asamblea de la cruceñidad. La X Marcha indígena también es un reflejo político de este acontecimiento, pero desde otro ángulo: la defensa de su hábitat, de la “casa grande” de los pueblos indígenas frente a la devastación por las políticas gubernamentales.
De manera bastante curiosa, el órgano electoral también se ha convertido en un objeto de disputa política, pues ante sus recientes actuaciones, claramente se posicionan dos discursos: el de quienes cuestionan la parcialidad de sus decisiones, la falta de transparencia y de aplicación equitativa de la norma versus el de quienes lo defienden y justifican señalando que está ejerciendo sus funciones adecuadamente. Entonces, los programas de gobierno están eclipsadas por los acontecimientos políticos y las emergencias que impone la propia realidad.
Foto de auldhippo en Foter.com / CC BY-NC
Autor
Socióloga. Miembro del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social - CERES (Bolivia). Doctora en Procesos Sociales y Políticos en A. Latina, Univ. de Arte y C. Sociales - ARCIS (Chile).
