El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se aplica provisionalmente desde mayo. En ese contexto, Brasil anunció el 16 de octubre una reducción estimada del 41,8% de la deforestación amazónica. Esta noticia reabre el debate respecto a la exigencia desde algunos países desarrollados en materia de conservación medioambiental y el reparto de costos y beneficios para los países en vías de desarrollo.
La estimación del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales sitúa la deforestación en su menor nivel registrado. Si bien Brasil obtiene beneficios al proteger sus bosques, estos también se extienden fuera de sus fronteras, mientras los gastos de protección y la renuncia a determinados usos productivos de esas tierras recaen dentro del país.
El reclamo internacional tiene voces concretas. En noviembre de 2025, ante Lula en Belém, Emmanuel Macron sostuvo que «preservar los bosques existentes es esencial» y acompañó ese llamado con anuncios de financiamiento. Antes de eso, en septiembre de 2020, el entonces candidato Joe Biden propuso reunir 20.000 millones de dólares para frenar la deforestación brasileña y advirtió sobre «consecuencias económicas significativas» si continuaba. La conservación aparece así acompañada de cooperación, pero también de presión.
En las negociaciones con el Mercosur, esa presión alcanzó al comercio. Macron cuestionó el acuerdo en marzo de 2024 por considerarlo insuficiente en materia climática y de biodiversidad. El texto finalmente firmado convirtió el Acuerdo de París en un elemento esencial de la relación comercial y su incumplimiento grave podría habilitar la suspensión como último recurso. Así, las exigencias ambientales podrían tener consecuencias sobre el acceso a mercados.
Una doble vara para el desarrollo
La discusión arrastra una asimetría histórica. La FAO documentó cómo la expansión agrícola y la demanda de madera acompañaron el desarrollo europeo y norteamericano. Buena parte de esas transformaciones ocurrió antes de que existieran los compromisos ambientales internacionales actuales. Las economías que acumularon riqueza bajo aquellas condiciones piden ahora que Brasil preserve recursos que podrían sostener actividades rentables.
Hay una doble vara cuando se exige una trayectoria distinta sin asegurar los recursos necesarios para recorrerla. La distribución del esfuerzo debería guardar relación con los beneficios compartidos y las capacidades económicas de cada país.
Para una explotación agropecuaria, ampliar la superficie puede significar más producción e ingresos y conservar el terreno implica renunciar a esa alternativa. Ese es, precisamente, su costo de oportunidad. El gasto en vigilancia o prevención de incendios cubre otra necesidad. Un bosque puede estar bien protegido y, aun así, dejar sin respuesta qué actividad reemplazará los ingresos de quienes resignan una expansión rentable.
Brasil necesita sostener el empleo y ampliar sus capacidades productivas y el valor de conservar para el planeta no paga por sí solo las inversiones que requiere una trayectoria diferente.
La distancia entre los fondos y los costos
Un estudio de Figueiredo Silva, Perrin y Fulginiti, publicado en 2019, estimó el costo de conservar el bosque a partir de los ingresos agropecuarios resignados. Ese costo equivalía, en promedio, a 16,42 dólares por tonelada de dióxido de carbono cuya emisión se evita permanentemente, frente a los 5 dólares que el Fondo Amazonía utilizaba como referencia para captar recursos.
La comparación muestra que una referencia de financiamiento puede quedar muy por debajo de las oportunidades productivas que busca compensar. Crear un fondo y anunciar aportes permite iniciar la cooperación, pero la suficiencia de esos recursos depende de cuánto compensan y de qué alternativas ayudan a construir.
El Fondo Amazonía canaliza donaciones internacionales para proyectos de conservación, con Noruega como principal aportante. Sin embargo, su apoyo a la protección forestal no garantiza que cada territorio disponga de actividades capaces de reemplazar las oportunidades resignadas.
Brasil también impulsa el Fondo Bosques Tropicales para Siempre, conocido como TFFF. El mecanismo busca captar capital público y privado, invertirlo y utilizar parte de los rendimientos para remunerar la conservación. En este caso, los pagos forestales no son préstamos a los países receptores, por lo que Brasil recibiría ingresos por conservar sus bosques sin aumentar su deuda ni pagar intereses por esos fondos.
El diseño abre una vía adicional, pero su Carta de 2026 condiciona los pagos a los recursos disponibles, por lo que entre anunciar capital para un mecanismo internacional y transferir ingresos sostenidos a Brasil hay decisiones y plazos pendientes. Estos instrumentos todavía no garantizan una compensación suficiente y previsible por los costos de conservar.
Una contraparte para conservar
La respuesta debe combinar pagos por conservación con inversiones que amplíen las oportunidades productivas. Instalar una nueva actividad, formar trabajadores y acceder a mercados requiere recursos antes de obtener retornos. La cooperación debe financiar también ese intervalo, porque la necesidad de ingresos comienza mucho antes que los beneficios de una transformación prometida.
El acuerdo Mercosur-UE ofrece un ámbito para discutir esa contraparte. La apertura comercial puede generar oportunidades, pero sus beneficios no llegan automáticamente a los territorios que soportan los costos de conservar. Vincular las exigencias ambientales con financiamiento e inversiones identificables permitiría evaluar quién aporta, quién recibe y qué alternativas se vuelven posibles.
Los compromisos deberían durar varios años y tener desembolsos previsibles. Dentro de Brasil, los recursos deben llegar donde se concentran los costos, con resultados verificables y respeto por la legislación. También deben reconocer a quienes ya conservan, sin premiar la amenaza de destruir.
Los países del Norte que reclaman preservar la Amazonia deben contribuir a que Brasil pueda hacerlo sin postergar su desarrollo. Exigir que renuncie a oportunidades productivas por el bien de todos implica financiar alternativas.
Autor
Máster en Estudios Internacionales por la Universidad del CEMA (UCEMA). Investigador de la UNQ y profesor en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).
