¿Quién pelea por los nacidos muertos?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera como defunción fetal a “la muerte de un producto de concepción, antes de la expulsión o la extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo”. Dicho esto, en América Latina como en el resto del mundo, la mayoría de las muertes fetales son prevenibles, así como la mayoría de las muertes maternas.

En América Latina, la muerte fetal, según datos de esta misma organización, ocurre en el 16% de los casos después del inicio del parto y antes del nacimiento, y el restante 84% antes del comienzo del parto, etapa conocida también como anteparto. Estas ultimas muertes, que podrían evitarse, son un indicador de la atención oportuna y de calidad a la madre y al feto durante el embarazo.

Según la OMS, cuando el fallecimiento del feto sucede hasta las 22 semanas de gestación es considerado un aborto, la muerte prenatal sucede hasta las 28 semanas de gestación y las muertes fetales tardías entre las 28 y 42 semanas de gestación. Todos estos casos son se engloban en los llamados nacidos muertos. La muerte pasadas las 42 semanas, e inclusive hasta los 7 días de nacido es denominada muerte neonatal temprana y hasta los 28 días muerte fetal tardía. En este marco, el seguimiento médico a la madre y al feto y el control a lo largo de todo el embarazo de su estado de salud es fundamental en la prevención.

Cómo reducir la muerte fetal

El acceso a servicios de salud integral, y en especial los controles prenatales son fundamentales para reducir el índice de mortalidad. En este marco, según el mismo estudio, se calcula que al menos cuatro de cada diez muertes fetales que se producen durante el parto podrían evitarse con la asistencia de un profesional y atención obstétrica en casos de emergencia. 

Pero a pesar de las mejoras de los servicios de salud de las últimas décadas en los países en desarrollo, los progresos a la hora de reducir la tasa de mortalidad fetal no han sido suficientes. Según estimaciones de UNICEF, la OMS y otros organismos internacionales, entre 2000 y 2019, el índice anual de reducción de la tasa de mortalidad fetal en el mundo fue de del 35%. Mientras que Latinoamérica tuvo un avance inferior en 6% al promedio mundial. En este marco, según el estudio, es necesario establecer políticas y programas específicos para una mejora sustancial de los indicadores.

En la actualidad, además de los problemas estructurales de los sistemas sanitarios de la mayoría de los países de la región, la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 ha acentuado las brechas de acceso a la salud. Esta precarización de la atención ha representado un incremento en las brechas de acceso a la atención oportuna durante el embarazo.

Si bien todavía no existen estudios del impacto de la pandemia en la muerte fetal, según el estudio Una tragedia olvidada: La carga mundial de la mortalidad fetal, de UNICEF, la reducción de los servicios de salud causada por la pandemia podría provocar cerca de 200.000 nuevas muertes fetales en un año en 117 países de ingresos bajos y medios. Esto representaría un aumento de más del 10% de la carga de la mortalidad fetal.

Las muertes fetales en la agenda política

Ni los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ni los Objetivos de Desarrollo del Milenio incluyen objetivos o una meta específica sobre las muertes fetales. Sin embargo, en el 2015 las Naciones Unidas presentó el “Plan de Acción Todos los Recién Nacidos”, cuyas metas han sido rescatadas para revisar los avances y mejoras.

Apenas cinco años más tarde, la OMS en su informe La Carga Global de los Nacidos Muertos, indica la urgencia de revisar las políticas enfocadas en las muertes fetales. Según el informe, cada 16 segundos ocurre una muerte fetal, lo que representa alrededor de dos millones de nacidos muertos al año a nivel mundial. Las cifras para América Latina no son alentadoras, se estima que uno de cada 126 nacimientos corresponde a una muerte fetal, lo que representa el 4% del total de nacidos muertos a nivel mundial.

En algunos países de la región existen avances en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres, ampliando su capacidad de decidir sobre su cuerpo. Hace apenas algunos meses en Argentina se aprobó una ley que permite a las mujeres la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Mientras que en Ecuador, el pasado 28 de abril la Corte Constitucional reformó el artículo 150 del Código Integral Penal para ampliar la despenalizar del aborto por violación, antes válido sólo para mujeres con discapacidad mental, a todas las mujeres.

Este debate ha ocupado un lugar importante en la opinión pública de la región, siendo incluso parte de las preguntas de rigor a los políticos en campaña. Sin embargo, los estados de muchos de los países de la región han sido incapaces, hasta el momento, de apoyar a las mujeres que sí quieren dar a luz.

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