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Energía: una oportunidad ante la crisis

Mucho se ha discutido sobre el impacto de la COVID-19 en las economías de los países de la región y el mundo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó la contracción económica para América Latina en -9,1%.  Se han estimado tasas de crecimiento negativas para todos los países de la región, pero poco se ha debatido sobre la importancia del sector energético, que bien puede representar el segundo factor de impacto para la crisis actual.

Aunque la crisis de la COVID-19 comenzó en China a finales de 2019, es a principios del año 2020 cuando se empiezan a sentir los estragos en América Latina no solo de los efectos de la pandemia, sino también de los desacuerdos entre los principales miembros del sector petrolero. Esto, sumado a otros factores, ha tenido como resultado una guerra de precios del petróleo desde entonces.

Los países de América Latina, con economías dependientes de las fluctuaciones de los precios de los commodities, presentan una limitada capacidad de respuesta ante la actual coyuntura»

Los países de América Latina, con economías dependientes de las fluctuaciones de los precios de los commodities, presentan una limitada capacidad de respuesta ante la coyuntura actual. Esa situación se dificultó aún más por la contracción de la demanda en China y por distintas presiones sociales y protestas en países como Chile, Colombia, Ecuador y una profundización de la crisis humanitaria en Venezuela.

La incertidumbre sobre la reacción de los mercados frente a la crisis, las pocas probabilidades de una rápida recuperación de la economía y la contracción del consumo en general vienen presionando negativamente al sector fiscal. La imposibilidad de recolectar impuestos y la baja de los precios del petróleo han limitado la respuesta de los Estados ante la crisis multidimensional del 2020.

En tanto, el sector energético presenta una correlación positiva con la pandemia, que ha causado una contracción importante en la demanda de energía a escala mundial, y por tanto, de los precios de esta. Dentro de la cadena de producción, las afectaciones en el transporte por el confinamiento, así como la baja en las importaciones de bienes intermedios en países como México y Brasil representaron shocks de importancia para dos de las economías más grandes de la región, y sin mencionar la contracción del sector turístico en todos los países.

Otro sector gravemente impactado a escala regional es el eléctrico»

De acuerdo a la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), otro sector gravemente impactado a escala regional es el eléctrico. Los Gobiernos han buscado asegurar el servicio durante el período de confinamiento implantado en todos los países de la región, y en algunos casos se han empleado reducciones en las tarifas. Estas decisiones políticas afectaron el sector fiscal de forma negativa, ya desde el principio de la pandemia.  

Ecuador fue el primer país de América Latina en realizar ajustes fiscales, que incluyeron la reducción del aparato estatal, recortes en la burocracia y la liberalización del precio de algunos combustibles. Cada país de la región ha puesto en marcha distintas políticas con el mismo fin, por ejemplo, renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional en el caso de Argentina.

Las ya complicadas economías de la región requerirán soluciones fiscales creativas, dado que la recaudación de impuestos sigue siendo compleja, así como otras reformas estructurales, debido a la necesidad de garantizar, al menos, el funcionamiento de los sistemas de salud mientras dure la pandemia. En un contexto de bajos ingresos, estas necesidades deberán ser cubiertas de alguna manera, sin descuidar la estabilidad en los presupuestos gubernamentales.

Todas estas condiciones han vuelto a poner en la palestra dos temas fundamentales: la dependencia de las economías de los inestables precios de los commodities y la necesidad cada vez más imperativa de nuevas formas o fuentes de energía. Por ejemplo, el acelerado avance de la tecnología y su uso cada vez más intensivo en todas las fases del proceso productivo hace que la atención esté centrada en el cobre como commodity y en energía con fuentes eólica, geotérmica o hidráulica.

Resulta urgente pensar en alternativas de producción sostenibles para la economía y para la naturaleza»

Una vez más, el crecimiento estará supeditado a recursos naturales. Resulta urgente pensar en alternativas de producción sostenibles para la economía y para la naturaleza. Es apremiante encontrar procesos más eficientes de producción, pero también producir bienes que no solo favorezcan a las economías y empresas, sino también al planeta.

La estabilidad fiscal de muchas economías depende fuertemente de los precios del petróleo. Encontrar alternativas sostenibles se vuelve imperativo para que a largo plazo se puedan asegurar los presupuestos, fuentes de trabajo digno que dependen del sector energético, y el adecuado uso de los réditos del petróleo o industrias relacionadas en los países de la región.

Muchas inversiones serán requeridas a mediano plazo, mientras que a corto plazo se requerirá de respuestas provenientes del gasto gubernamental para seguir enfrentando la pandemia y la crisis. Sin embargo, no hay que perder de vista que las inversiones en la diversificación de las economías traerán buenos resultados en el futuro.

Finalmente, las inversiones no deben centrarse en proyectos energéticos únicamente. Los países deben pensar en forma holística al respecto, desde la preparación de profesionales para el sector, el desarrollo de tecnología y el apoyo gubernamental en forma de subsidios por lo menos al comienzo de la transición. La reorganización de la arquitectura del sector energético en la región, las alianzas estratégicas y los cambios progresivos de las matrices energéticas traerán eventualmente resultados positivos para las economías de América Latina.

Foto de PhotoLanda en Foter.com / CC BY-NC-SA

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Economista. Docente de Economía en la Univ. de las Américas - UDLA (Ecuador), Directora del Observatorio de Energía y Minas de la UDLA. Candidata a doctora en el Programa de Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca.

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