Desde mediados de octubre de 2019, Chile ha experimentado una serie de fuertes movilizaciones y protestas sociales. En el contexto de este estallido social han confluido en el espacio público un conjunto heterogéneo de organizaciones sociales e individuos de a pie, motivados por distintos tipos de demandas sectoriales, pero que al parecer comparten, transversalmente, un cuestionamiento a las desigualdades sociales y un rechazo a los abusos de poder, por lo que surge la idea de una nueva Constitución.
El estallido también hizo evidente que Chile atraviesa una profunda crisis de legitimidad política. De acuerdo con información del diario La Tercera, durante el último mes se movilizaron 4.317.076 chilenos/as. Para poner esta cifra en contexto, es necesario considerar que en las últimas elecciones presidenciales de diciembre de 2017, 3.796.579 chilenos le dieron su voto a Sebastián Piñera. Por su parte, el candidato de centro-izquierda, Alejandro Guillier, el segundo más votado, recibió 3.159.902 votos. Estas cifras sugieren que la crisis de legitimidad es significativa y que afecta no solo al oficialismo, sino también a la oposición.
Durante el primer mes desde que se produjo este estallido social, los intentos del Gobierno por enfrentar la crisis fueron infructuosos y, a todas luces, inadecuados. En un inicio, el presidente Sebastián Piñera centró su esfuerzo en condenar a los “violentistas”, indicó que el país se encontraba en guerra y apeló al toque de queda y al estado de emergencia para reestablecer el orden. Posteriormente, se disculpó por su falta de visión y anunció una serie de medidas, de carácter fundamentalmente compensatorio, para mejorar la situación de los más vulnerables. Es probable que lo haya hecho porque estas iniciativas no empujaban los límites del “modelo” y fueron consideradas como insuficientes, las movilizaciones sociales y protestas no cesaron y la popularidad del presidente continuó cayendo con cada medición.
¿Qué fue lo que falló? A todas luces, lo que se puso de manifiesto fue que la forma es tan importante como el fondo»
Ostensiblemente desbordado por esta situación, el 10 de noviembre el Gobierno de Chile anunció su disposición a impulsar una reforma constitucional a través de un congreso constituyente, con amplia participación ciudadana. La carta magna emanada de dicha instancia debía ser posteriormente ratificada a través de un plebiscito. Lejos de alcanzar la tan ansiada pacificación social, el anuncio pareció encender aún más los ánimos. Las movilizaciones sociales aumentaron, la protesta violenta escaló y el descontento se tomó las redes sociales. ¿Qué fue lo que falló? A todas luces, lo que se puso de manifiesto fue que la forma es tan importante como el fondo. En otras palabras, los críticos al Gobierno no solo clamaron por una nueva Constitución, sino que también cuestionaron el mecanismo institucional escogido por el presidente. En un contexto en el que las instituciones y los actores políticos enfrentan una profunda crisis de legitimidad y confianza, promover una reforma constitucional a través del Congreso no pareció ser la alternativa más sensata.
La escalada de protestas, como respuesta al anuncio presidencial, sorprendió a la Moneda por su virulencia. El Gobierno enfrentó entonces una disyuntiva: recrudecer la represión o ceder. En el marco de las crecientes denuncias por violaciones de los derechos humanos, aumentar la represión resultaba políticamente inconveniente y normativamente difícil de defender. Esto llevó a que distintos actores políticos manifestaran progresivamente su disposición a considerar mecanismos alternativos de cambio constitucional. Finalmente, luego de una maratónica jornada de negociaciones en el Congreso, el 15 de noviembre en la madrugada, salió humo blanco y los líderes del oficialismo y la oposición alcanzaron un consenso.
El llamado Acuerdo por la Paz Social establece un plebiscito vinculante a través del cual la ciudadanía decidirá, por un lado, si quiere una nueva Constitución y, por el otro, si desea que esta emane de una convención constituyente integrada por ciudadanos escogidos por elección directa o por una convención mixta integrada por partes iguales tanto por parlamentarios en ejercicio como por ciudadanos electos para ese propósito. Para que una medida sea incluida en la nueva Constitución, debe contar con el apoyo de las dos terceras partes de la convención constituyente. Cabe destacar que se trata de una nueva Constitución y no de una reforma constitucional, pues la redacción del texto fundamental se inicia sin ningún artículo escrito previamente.
A pesar de algunas críticas y de la desconfianza de ciertos sectores, desde que se anunció el acuerdo, el nivel de movilización y protesta en Chile parece haber cedido, aun cuando no ha desaparecido completamente. Parece evidente que nos encontramos ante un equilibro precario y sumamente volátil. Es indudable que la salida de esta crisis es de naturaleza política. Pero en un escenario de tan baja legitimidad, el temor de muchos sectores movilizados (que pareciera ser fundado) es que los partidos terminen controlando las candidaturas para integrar la eventual convención constitucional. También están quienes temen (equivocadamente, en mi opinión) que el quórum termine permitiendo a una minoría imponer su voluntad.
El Acuerdo por la Paz Social es un avance significativo en la dirección correcta. No obstante, en este complejo escenario, es necesario hacer todo lo posible para disipar las aprensiones de quienes temen que el proceso termine beneficiando a los más poderosos. Para que el desenlace de esta crisis sea exitoso, se hace imprescindible explicarle a la ciudadanía que el establecimiento de un quórum de dos tercios fomentará la adopción de amplios consensos. Se requiere, además, adoptar estrategias explícitas que propicien la deliberación y que cuenten con la participación de actores extrapolíticos que le aporten mayor legitimidad al proceso. Ya hay varias organizaciones y actores de diversos tipos y orientaciones que se han puesto a disposición del Gobierno y la oposición para apoyar constructivamente en lo que se viene. Una resolución exitosa de este estallido social requiere que el Gobierno y los partidos estén genuinamente dispuestos a invitar a más jugadores a la cancha.
Foto de pslachevsky en Foter.com / CC BY-NC-SA
Autor
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Univ. Diego Portales (Chile). Doctora en Ciencia Política por la Univ. de Notre Dame (E.U.A.). Ha sido profesora visitante de las universidades de Harvard, Leiden y Oxford y del Kellogg Institute for International Studies.
