Brasil se hunde en el negacionismo, la militarización, el anticientificismo, el fundamentalismo religioso, la desinformación, el empobrecimiento, la destrucción de derechos y la actividad miliciana. La caída libre del país se produce desde el impeachment sin delito de responsabilidad de Dilma Rousseff, un golpe de Estado con apariencia institucional. La elección de Jair Bolsonaro, notorio defensor de la dictadura militar y de la tortura, aceleró la implosión, un poco porque es parte de su proyecto político, un poco por incompetencia de gestión. En este contexto, la vuelta a la escena política del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva cambia por completo el panorama político brasileño.

La anulación de los juicios de Lula

El 8 de marzo, el juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal (STF), consideró que el entonces juez Sergio Moro y la Justicia Federal de Paraná no tenían competencia para juzgar los procesos en los que el expresidente Lula fue condenado. Estos procesos deberán volver a realizarse ante el Tribunal Federal del Distrito Federal. Las condenas fueron anuladas, Lula ya no es inelegible y el STF sigue investigando la supuesta imparcialidad del juez Moro.

Como reconoció recientemente el juez del Tribunal Supremo Gilmar Mendes, la condena de Lula por corrupción y lavado de dinero fue un proceso viciado. El periodo elegido para la investigación fue aquel en el que el Partido de los Trabajadores (PT) estaba en el gobierno, a pesar de las evidencias de que la corrupción en Petrobras y en las empresas contratistas comenzó décadas antes.

Las sombras de la Operación Lava Jato

El ex juez Sergio Moro, en un accionar completamente imparcial, trazó una estrategia para condenar a Lula. Los fiscales de la Operación Lava Jato fueron instruidos por él mismo sobre cómo actuar y formaron un equipo inquisitorial en el que el juez era el fiscal jefe.

Según una columna publicada en The New York Times, el caso Lava Jato «se vendió como la mayor operación anticorrupción del mundo, pero se convirtió en el mayor escándalo judicial de la historia de Brasil». Los problemas de la operación salieron a la luz, a partir de 2019 con la “Vaza Jato”, una serie de informes basados en conversaciones privadas que involucraban a los fiscales de Lava Jato y a Sergio Moro.

Los informes destacaban una persecución política de la operación e incluso intereses económicos privados de sus operadores. La primicia de The Intercept se complementó cuando la Policía Federal detuvo a los hackers sospechosos de piratear los teléfonos móviles de Moro, los fiscales y otras autoridades.

La condena comprometió la elección presidencial de 2018, que puso a Bolsonaro al frente del gobierno federal. Desde 2016, Lula había liderado las intención de voto con unos 15 puntos por encima del segundo candidato. A mediados de 2017 Bolsonaro ya aparecía en segundo lugar y ambos estaban en una tendencia ascendente.

Cuando un mes antes de las elecciones Fernando Haddad debió sustituir a Lula como candidato, tenía un 6% de intención de voto, frente al 39% de Lula trece días antes. Y finalmente terminó perdiendo la elección. La prisión política de Lula determinó la victoria de Bolsonaro y como recompensa, este nombró al ex juez Moro ministro de Justicia.

El fiscal que dirigió la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, publicitó su acusación en una conferencia de prensa en 2016 con una diapositiva en la que Lula encabezaba la banda criminal y dijo tener «convicción» de que Lula era un delincuente. La condena de Moro se basó principalmente en testimonios y en la supuesta posesión de bienes inmuebles que no están a nombre del expresidente y que tampoco se ha demostrado que estén relacionadas con sobornos relacionados con contratos de Petrobras.

En los acuerdos de aceptación de culpabilidad, los delincuentes obtienen ventajas a cambio de delatar a presuntos cómplices y esta fue una herramienta crucial en el caso. En las conversaciones, se escucha a Dallagnol mencionando que las malas condiciones de la cárcel llevaran a la cooperación de Aldemir Bendine, ex presidente de Petrobras y del Banco do Brasil, en la denuncia. El ministro del STF, Gilmar Mendes, afirmó en 2019 que se sabía “muy claramente que utilizaron la prisión preventiva como elemento de tortura”.

El impeachment sin crímenes de 2016

Cuando Dilma Rousseff fue derrocada, el Supremo Tribunal Federal (STF) consideró legal la acusación sin delito, absteniéndose de defender la esencia de la Constitución y limitándose a observar que los ritos eran seguidos por el Legislativo.

Los opositores al golpe siempre recuerdan que los interesados ​​en sacar al PT del poder de manera antidemocrática tenían colaboración con el STF. Mucho antes de la Vaza Jato, esto quedó en evidencia en un diálogo del senador -después ministro de Michel Temer- Romero Jucá con Sergio Machado, presidente de Transpetro, subsidiaria da Petrobras.

Jucá reveló una conversación con “unos ministros del Supremo”, quienes afirmaron que con Dilma no habría estabilización. Machado señaló que “la solución más fácil” sería que Michel Temer asumiera la presidencia, “en un gran acuerdo nacional”, a lo cual Jucá complementó: “Con el Supremo, con todo”.

En este escenario, el STF estaba dividido sobre si condenar o apoyar los abusos de la Operación Lava Jato. En 2016, refiriéndose al ministro del STF, Luiz Fux, Dallagnol informó a los fiscales en Telegram: “Queridos, hablé con Fux una vez más, hoy. Reservado, por supuesto […] dijo que contáramos con él para lo que necesitemos ”. El exjuez Sergio Moro comentó a Dallagnol: “En Fux we trust”. En 2015, Dallagnol se reunió con el juez Fachin y celebró con otros abogados: «Aha uhu Fachin es nuestro».

El regreso de Lula y el comienzo de un nuevo capítulo

Ahora que el juez del Tribunal Supremo, Edison Fachin ha devuelto a Lula al ruedo, proliferan las interpretaciones sobre por qué un lavajatista como él tomó tal decisión: ¿busca evitar así su futura derrota en el STF? ¿intentó salvar a Moro y a la Operación Lava Jato? o ¿cree que Lula será condenado en el Distrito Federal?

En cualquier caso, ahora el clima es diferente: Lula no está acorralado, Bolsonaro está perdiendo popularidad y las motivaciones del caso Lava Jato están en tela de juicio. En las elecciones antidemocráticas de 2018, sin Lula y bajo la influencia de las fake news, Brasil, impulsado por el antipetismo, eligió el fascismo.

Ahora, una reciente encuesta del Instituto Ipec, que indaga el apoyo en una teórica votación entre diez posibles candidatos presidenciales y el nivel de rechazo a cada uno de ellos, muestra a Lula con el mayor potencial de victoria. Y a pesar de la impresionante resistencia de casi un tercio de los brasileños fieles al proyecto fascista, hay una nueva oportunidad. Para los que sobrevivan a la pandemia.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

_{Foto de Lula Marques/Agência PT}