El pasado 15 de agosto y a escasas semanas en el cargo, Pedro Castillo presentaba una desaprobación de 45%, según la encuestadora Ipsos, que es la más alta para un presidente de Perú al iniciar su mandato en los últimos 20 años. Casi un mes después, según diferentes encuestadoras la desaprobación del mandatario se mantiene en niveles similares.
Uno de los principales motivos de este rechazo es la la cercanía de Vladimir Cerrón al nobel presidente. Cerrón, ex gobernador de Junín —región ubicada en la sierra central peruana—y quien ha sido recientemente acusado por la fiscalía por presuntos delitos de corrupción, ejerce gran influencia en el gobierno a pesar de no poder ocupar ningún cargo debido a estar inhabilitado.
Según su abogado, Cerrón estaría evaluando solicitar asilo político ante lo que denominó como una “persecución política” de su cliente. Esto evidencia que el político estaría evaluando la posibilidad de evadir a la justicia peruana en caso de ser condenado por corrupción, financiamiento ilícito de la campaña electoral y lavado de activos.
Otro de los motivos que explican el rechazo de gran parte de la ciudadanía es la incapacidad del mandatario para conformar un gabinete ministerial desvinculado con Sendero Luminoso, agrupación terrorista que actuó en el país durante los años 80s y 90s. Tal es el caso de Iber Maraví, ministro de transportes que cuenta con un conjunto de denuncias por participar en actos terroristas desde los años 80 y, posteriormente, por participar de actos vandálicos durante las huelgas docentes.
El otro ministro que se encuentra en medio del debate público es precisamente el primer ministro, Guido Bellido, cuya página personal de Facebook cuenta con publicaciones laudatorias hacia el ex líder de la agrupación terrorista, Abimael Guzmán, donde suscribe su visión de la realidad peruana y justifica las razones de su accionar. Estas declaraciones del primer ministro, que configurarían delito de apología al terrorismo, han sido recientemente criticadas a la luz de la visita que le hiciera César Tito Rojas, el dirigente del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, organización que busca permitir a ex terroristas participar de la vida política.
Si bien la discusión pública sobre la amnistía es de por sí compleja, tal como ha demostrado la experiencia en países como Colombia donde el estatus de las organizaciones como las FARC era diferente al de Perú, es aún más difícil si esencabezada por un primer ministro que realiza declaraciones desde su cuenta pública en las que defiende los actos realizados por la organización terrorista.
La tercera causa de la desaprobación de Pedro Castillo es la economía. La canasta básica ha sufrido un considerable aumento que no necesariamente es atribuible al gobierno, pero que está vinculada al riesgo percibido por los agentes económicos y que ha provocado una devaluación de la moneda peruana en relación al dólar del 12% desde que Castillo ganó la primera vuelta en el mes de abril.
Además, la rebaja en la calificación país por parte de Moody´s, en parte debido a la profunda polarización política, ha cambiado la visión internacional de la nación andina con relación al riesgo, debilitando así su capacidad para formular política pública y afectando negativamente la confianza de los inversionistas en el país. Estos factores arrastran un problema mayor que tiene que ver con la capacidad de endeudamiento y perspectiva crediticia en el mediano plazo.
Las tres razones que explicarían la alta desaprobación del presidente -vínculos con un asesor que no forma parte del aparato público y cuenta con varias denuncias, vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso y crisis económica- proyectan un futuro oscuro para el país. En este marco, en ciertos sectores políticos, y sobre todo desde el sector fujimorista, ya se está discutiendo la posibilidad de una vacancia presidencial.
Ante este panorama, el futuro de Perú se torna delicado y el posible vacío de poder se abre como un escenario similar al protagonizado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017, donde luego de la sucesión presidencial, un deslegitimado Congreso tomó las riendas del país.
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Foto de Vice-Presidencia de la República (VPR)
Autor
Licenciado en Comunicación para el Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. MBA de Pacífico Business School. Ha trabajado como consultor en diversas instituciones del Estado, en agencias de comunicación y organizaciones sin fines de lucro.
