El 21 de noviembre los chilenos acudirán a las urnas a elegir presidente, parlamentarios y consejeros regionales. Termina el mandato de Sebastián Piñera, quien detenta una bajísima popularidad, que oscila en torno al 10% en la mayoría de las encuestas.  

A las elecciones presidenciales concurren siete candidatos, pero la disputa real está concentrada en tres: el joven Gabriel Boric (35) abanderado de “Apruebo Dignidad”, alianza que reúne al llamado Frente Amplio (FA) con el partido comunista.  Va primero en las encuestas con porcentajes que oscilan entre el 20 y el 30%. 

En el FA conviven varios grupos, pero los más influyentes expresan una izquierda pos guerra fría, que a los tradicionales temas sociales agrega lo medio ambiental, la inclusión social y una mirada renovadora de la gestión del Estado.  En gran parte representa a las generaciones que crecieron en democracia. 

El candidato del partido republicano de extrema derecha, José Antonio Kast, hoy se coloca en segundo lugar contra todo pronóstico.  Ex diputado de la UDI, critica a lo que llama la derecha “light”, asumiendo posiciones duras en temas como la inmigración —propone crear una zanja fronteriza—, propone el restablecimiento del orden y es fuerte crítico del gobierno por una supuesta debilidad ante la izquierda. 

En tercer lugar, aparece la demócratacristiana Yasna Provoste, que ganó las primarias de lo que queda de la antigua Concertación. La senadora ganó ampliamente a los candidatos del PS, del PPD y del radicalismo, en unas primarias donde concurrieron poco mas de 150 mil personas. Apuesta al cambio con gobernabilidad.

La pelea por el segundo puesto

En Chile, si un candidato no obtiene el 50% más uno en la primera vuelta, se convoca a un ballotage entre los dos primeros. Lo evidente es que ninguno ganará en primera vuelta, por tanto, la pelea quedará reducida a quien llegue segundo. Kast o Yasna.  La segunda vuelta será otra elección.

Cabe mencionar que en Chile el voto es voluntario y vota poca gente, expresión entre otras cosas del descrédito de la política y también del individualismo que emana del modelo económico, donde lo público queda relegado a un segundo plano. En la consulta más votada, el plebiscito que aprobó la Convención Constituyente, votó cerca del 51% del padrón, unos 7.5 millones de ciudadanos. En la elección que con posterioridad eligió a los constituyentes votó menos, cerca de un 41%, poco más de 6 millones. Agreguemos que todo esto ha sido en tiempos de pandemia. 

Los restantes candidatos tienen poca opción. El oficialista Sichel, pese a ganar en unas primarias donde concurrió más de un millón de votantes, se derrumbó en pocas semanas, en gran parte por errores propios y también por la mochila que implica ser el abanderado del Gobierno más impopular de los últimos años. 

Eso explica la migración del votante de derecha hacia Kast, lo que se traducirá en mucho voto presidencial por él y un voto parlamentario por la derecha tradicional. También figura en su cuarto intento el social demócrata Marco Enríquez Ominami, de pocas posibilidades, aunque destaca por su experiencia y su audacia comunicacional. Los otros son candidatos menores.

Un entorno muy dinámico

Chile se encuentra en una coyuntura donde conviven dos procesos institucionales muy definidos, con reglas y cronogramas: las elecciones mismas y el proceso constituyente. Este último ha empezado el trabajo de contenido y a mediados del próximo año, deberá presentar el texto de la nueva Constitución para ser ratificado en un referéndum.  

Eso es lo formal institucional. Porque desde marzo del 2020 Chile está en pandemia, y de paso, en medio de un difícil momento económico. Las prolongadas cuarentenas derrumbaron la economía, y por ser además una economía exportadora, el desbarajuste del comercio internacional ha afectado más que en otras partes.  

Amén de los procesos formales ya descritos, la coyuntura chilena está afectada por otras variables que inciden en la campaña electoral: la inmigración, la situación de la Araucanía, la emergencia del miedo a la inflación y a la violencia y la situación presidencial.

A Chile han llegado en los últimos años mas de 1.5 millones de migrantes: haitianos, colombianos, dominicanos, cubanos, y por cierto, una gran cuota de venezolanos que se suman a los tradicionales peruanos y bolivianos.  En el último tiempo, la afluencia ilegal ha aumentado, especialmente por la frontera con Bolivia y ha dado origen a dolorosas escenas de racismo y xenofobia.

En la Araucanía se entremezclan las justas demandas de inclusión del pueblo mapuche con todo tipo de ilegalidades donde destaca el robo de madera y ataques incendiarios.  La radicalidad de los incidentes se acompaña de una pasmosa ineptitud del gobierno para asumir el problema. El presidente, por su parte, ha sido acusado constitucionalmente por conflictos de intereses por la compra poco trasparente de una minera a través de paraísos fiscales. La Cámara de Diputados votará antes de las elecciones, es probable que la apruebe.  

En este complejo cuadro, emerge un factor subjetivo: el temor al renacer de la violencia urbana que desvirtuó parcialmente a las amplias movilizaciones ciudadanas en la primavera del 2019.  Saqueos y asaltos, si bien minoritarios, son devastadores en una sociedad acostumbrada a la disciplina social. Marco Enríquez, el candidato presidencial del Partido Progresista lo resume bien: cada piedra lanzada es un voto más para Kast. El miedo emerge, no es posible medirlo, pero compite cada vez más con el anhelo de cambio que mayoritariamente expresó Chile en el último tiempo. 

En esta dinámica coyuntura chilena, donde se mezcla lo electoral con el impacto de la migración y los ecos de la Araucanía, acompaña la precariedad de un gobierno políticamente solo en medio de una sociedad que tiende a polarizarse. Paralelamente, la Convención Constituyente inicia sus labores para construir el nuevo pacto social que deberá expresar la nueva Constitución.