Colombia se ha sumado, recientemente, a la ola de juicios a expresidentes en América Latina. El caso, sin embargo, es singular. No se trata acá de la apertura de un proceso jurídico con ánimo de revancha en el marco de la llegada de una nueva fuerza política al gobierno. Tampoco se trata del resultado, tal como se propone ahora en México, de una iniciativa partidista, con amplio respaldo popular, para enjuiciar exmandatarios. Uribe, de hecho, como todos los expresidentes colombianos, estaba blindado jurídicamente y cuenta con un decreciente pero significativo respaldo popular.

Si no hubiese sido porque, en el 2013, el líder del Centro Democrático decidió postularse para el cargo de senador con el fin de arrastrar la lista de su partido, no hubiese sido posible el proceso que enfrenta actualmente en la Corte Suprema de Justicia. Si no hubiese sido, además, porque Uribe decidió denunciar al senador Iván Cepeda, por una supuesta manipulación de testigos, no se hubiese descubierto, en el transcurso de las investigaciones que, al parecer, era más bien él mismo quien estaba incurriendo en este delito. La corte lo sindica, sobre esa base, de fraude procesal y soborno.

De esa suma de improbabilidades parecerían derivarse cambios significativos en la política colombiana.

El uribismo, cuya existencia precede al partido Centro Democrático, ha sido un proyecto de orden político exitoso, aunque no invulnerable, a lo largo de las dos últimas décadas. El éxito de Uribe se debió, por encima de cualquier otra cosa, a su política de Seguridad Democrática. Su promesa de liquidar las guerrillas no se consumó, pero sí las debilitó, en un grado nunca antes visto, en términos militares. De esa éxito militar, junto a la retórica del ‘orden’ y la ‘Ley’, vive electoralmente el uribismo.

El éxito de Uribe, en términos de diversos indicadores de calidad de la democracia, tuvo, sin embargo, altos costos: el envenenamiento del debate político con un discurso incendiario y polarizador y la simultánea criminalización de toda forma de oposición y protesta social; el uso sistemático de la ‘propaganda negra’ como estrategia de movilización; el asedio y espionaje a líderes de oposición, magistrados, activistas sociales y periodistas; el irrespeto a los DDHH materializado en las 2500 ejecuciones extrajudiciales derivadas de la política de incentivos montada para aumentar el número de ‘bajas’ en la guerrilla y, también, en la promoción de una sistemática política de encubrimiento de las acciones ilegales de miembros de las Fuerzas Armadas; la innegable y, hasta la última campaña presidencial, muy viva interacción entre fuerzas paramilitares, a veces ligadas al narcotráfico, y las fuerzas políticas visibles; la protección de la política clientelista. En suma: nada muy alentador.

se describe a sí mismo como un genuino defensor de la ‘democracia’.

El uribismo, a pesar de lo anterior, se describe a sí mismo como un genuino defensor de la ‘democracia’. Como todos los términos políticos, el de democracia es un término cuyo sentido es parte de la controversia política. Para el uribismo está asociado a ‘anticomunismo’ (pues solo la izquierda impone ‘dictaduras’), a un ‘nacionalismo’ homogeneizador encarnado en su caudillo (los seguidores de Uribe suelen usar camisetas de la selección nacional de fútbol para expresar solidaridad con su líder) y a una comprensión formalista y difusa de la defensa de la “Ley” (la ley no es, en realidad, la Constitución ni los derechos consignados en ella sino un sinónimo de una sociedad “ordenada” en la cual los delitos son castigados con dureza y en la cual, ante todo, se respeta sin restricciones la propiedad privada).

Lo ‘democrático’ radica aquí en que son las mayorías, en tanto sean representadas por el caudillo y sean suficientemente homogéneas, las que definen qué es lo colectivamente aceptable. El uribismo ha asociado esto con el llamado ‘Estado de opinión’: una especie de democracia plebiscitaria que, a su juicio, debe estar por encima de la misma constitución. Se trata de una suerte de cesarismo democrático de rasgos claramente antiliberales: desprecio por el pluralismo y la tolerancia, desprecio por la división de poderes, desprecio por la letra de la ley, desprecio por toda reivindicación de los DDHH (pues esto es ‘comunista’).

Lo paradójico del uribismo radica, sin embargo, en que su repetida transgresión de las leyes reales se hace en defensa de la vigencia, en abstracto, de la Ley. Esa es la paradoja que Carl Schmitt asoció con el concepto de ‘estado de excepción’: para defender, en ciertas circunstancias el espíritu de la ley, se requiere de gobernantes que pueda violar su letra. Esto puede ir, según el grado de radicalismo de sus partidarios, desde restricciones al a libertad de prensa hasta el asesinato de líderes de oposición. En las redes sociales uribistas, nunca cuestionadas o problematizadas por Uribe ni por el subpresidente Duque, esto no es ningún tabú. El uso de la violencia contra ciudadanos no alzados en armas es, para muchos seguidores de Uribe, parte imprescindible de la defensa de la democracia.  

Uribe debería estar inmunizado contra toda “persecución” legal porque él es la encarnación misma de la vigencia de la Ley

El escándalo que representa, para muchos de los seguidores, su detención domiciliaria, radica en que choca fuertemente contra el modelo de la legitimidad de ciertas ilegalidades. A su juicio, Uribe debería estar inmunizado contra toda “persecución” legal porque él es la encarnación misma de la vigencia de la Ley – no de su letra.

Muchos dirán: “sí, una interceptación allí, otra allá; un pactico con fuerzas paramilitares, sí, tal vez; alguna truculencia para hacerse reelegir, tal vez, cierto. Pero esto era necesario: se trataba de salvar la patria”. Muchos empresarios, que se vieron favorecidos en términos de seguridad y en términos tributarios, por los dos gobiernos de Uribe, probablemente piensen de esta forma. Por eso han salido en bloque a respaldarlo.

Una eventual sentencia condenatoria no representaría solo una intensificación del declive de un político poderoso, sino un duro golpe a un modelo de orden político del cual él es la cabeza visible. Aunque el desarrollo del proceso es ahora incierto, ya que tras la renuncia de Uribe a su investidura de senador no se sabe si seguirá en manos de la Corte Suprema, una decisión de los magistrados contraria a sus expectativas no tendría, por eso, solo valor judicial. Una vez descabezado, el proyecto hegemónico uribista se arrastraría con dificultad. No obstante, sería equivocado concebir tal decisión eventual como el fin del uribismo. 

Por un lado, los seguidores de Uribe y congresistas de su partido han anunciado que defenderán con uñas y dientes a su líder, incluso si esto incluye desafíos al orden constitucional y eventuales actos violentos de sectores radicales. La senadora Paola Holguín convocó, por ejemplo, a la reserva activa del ejército a defender al expresidente. Los defensores de la excepcionalidad ya no cuentan con mayorías pero están dispuestos a arrastrar al país a un caos total en su nombre.

Por otro lado, aún si Uribe fuese condenado y se lograran contener las arremetidas de la ultraderecha para garantizar la impunidad de su líder, el uribismo va a seguir moviendo a un sector significativo de la población.  Fujimori, un político semejante a Uribe, fue condenado en Perú a 25 años de prisión y, pese al acumulado de evidencias y a la gravedad de los delitos cometidos, el fujimorismo sigue siendo una poderosa fuerza política en Perú. Keiko Fujimori, en el 2016, estuvo cerca de ganar la presidencia. En Colombia ya se está hablando de la posible candidatura presidencial de Tomás Uribe, el hijo mayor de Álvaro Uribe Vélez.

Foto de @lozanopuche en Foter.com / CC BY-NC-ND