Los hechos políticos en Bolivia han sido muy dinámicos en las últimas semanas. Desde el 20 de octubre, día de las elecciones nacionales y a la luz de los resultados preliminares, se fueron desencadenando un conjunto de interpretaciones desde la oposición y desde el oficialismo. Ese mismo día la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) recomendaban una segunda vuelta, ya que percibían irregularidades en el proceso electoral. El apagón de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la comparación de los resultados en boca de urna que habían sido obtenidos por la empresa Vía Ciencia y los oficiales levantaban muchas susceptibilidades en la oposición. El Gobierno de ese entonces se proclamó ganador en primera vuelta, y la principal organización política opositora declaraba haber obtenido su primera victoria, que significaba ir a segunda vuelta.
A partir de las recomendaciones de la OEA y de la UE, el Gobierno solicitó, a regañadientes, a la OEA, de manera unilateral, una auditoría. Esto generó suspicacias en la oposición, ya que no se había tomado en cuenta su opinión para llegar a esa determinación; también profundizó el movimiento ciudadano desde los comités cívicos y desde el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) que ya no exigían segunda vuelta, sino que pedían la renuncia del presidente.
La oposición política partidaria era más cauta, sus demandas se limitaban a cambiar a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a llamar a nuevas elecciones. Lógicamente, el Gobierno no aceptó la demanda de la oposición política partidaria y, menos todavía, la demanda de los comités cívicos.
Debido al crecimiento de la conflictividad, los sectores más “racionales” le pedían al Gobierno que llamara de inmediato a un diálogo con todos los actores: comités cívicos, Conade, organizaciones políticas, plataformas ciudadanas, y, que además, convocara a una tercera instancia que mediase en el diálogo. El Gobierno, creyendo que podía desgastar el impulso de los levantamientos de la población, también negó esa posibilidad.
Las movilizaciones y los enfrentamientos se habían llevado tres vidas y más de un centenar de heridos. Absurdamente consecuente con su línea discursiva, el Gobierno insistía en esperar los resultados de la auditoría que tenía un plazo máximo de 13 días. Habían pasado 9, y la movilización en la sede de Gobierno que pedía la renuncia del presidente era pacífica, pero incontrolable.
La OEA determinaba con claridad la existencia de un fraude electoral y recomendaba la anulación de las elecciones y la realización de nuevos comicios»
Finalmente, llegó el domingo 10 de noviembre y temprano la OEA dio a conocer los resultados preliminares de la auditoría que reconocía irregularidades que fueron cometidas de manera sistemática en varios ámbitos del proceso electoral. En pocas palabras, la OEA determinaba con claridad la existencia de un fraude electoral y recomendaba la anulación de las elecciones y la realización de nuevos comicios. Rápidamente, el entonces presidente Evo Morales, al verse descubierto y siguiendo el carácter vinculante de las recomendaciones de la auditoría, decidió llamar a un diálogo entre el Gobierno y los actores políticos opositores que habían sido parte del proceso electoral, y desconociendo, además, la importante representación que en ese momento habían conseguido los comités cívicos, el Conade y la valiente Policía Nacional que, para ese momento, se encontraba al lado de su pueblo.
Además, planteó la necesidad de anular elecciones y llamar a nuevos comicios con un TSE renovado. Ya era tarde. La gran mayoría de los bolivianos se habían dado cuenta de que el Movimiento al Socialismo (MAS), en general, y Morales, en particular, habían hecho trampa y que, mediante el fraude comprobado, querían robarles las elecciones a la oposición y al pueblo boliviano.
La convulsión social crecía y se insistía con mayor fuerza y con mayor legitimidad en pedir la renuncia de un presidente “manipulador”. Ante ese panorama desolador para el gobierno del MAS, varias de sus autoridades, entre ministros, diputados, senadores, gobernadores y alcaldes, comenzaron a renunciar. Al calor de estos hechos, los movimientos en las calles auguraban la renuncia de Morales. Esa predicción no tardó en concretarse y finalmente este apareció de manera pública junto a los entonces vicepresidente y ministra de Salud en un mensaje grabado en el que anunció la tan añorada renuncia.
Los mensajes en el discurso eran claros. Responsabilizaban a los líderes de la oposición de Bolivia de todo lo acontecido y se les pedía hacerse cargo de los conflictos en el país casi adivinando que dichos conflictos se iban a incrementar. Las calles en todo el país festejaban inocentemente la renuncia de Morales hasta que comenzaron a percibirse nuevos movimientos sociales favorables al MAS que manifestaban su descontento por la renuncia de este.
Actos terroristas en la sede de Gobierno atemorizaban a la población, saqueos de negocios, quemas de 64 buses de transporte público, incendios de casas de personalidades reconocidas como opositoras. Estos hechos hicieron que el festejo se transformara en un pánico sistemático. El país estaba descabezado, en sobresalto y con incertidumbre. La policía no tenía los medios para controlar a las hordas terroristas y la interrogante general era: ¿dónde están los militares?
El lunes en la noche, por fin, el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia salió a la luz estableciendo que las Fuerzas Armadas defenderían al pueblo boliviano en contra de los ataques perpetrados. Ese mismo día, quizás al verse sobrepasado, Morales aceptó el asilo político ofrecido por los Estados Unidos Mexicanos y el martes partió rumbo a ese país. Declaró, a su vez, que en Bolivia se había materializado un golpe cívico, político y policial.
El mismo día en una asamblea extraordinaria de la OEA, su secretario general, después de haber escuchado las alocuciones de varios representantes de los países miembros, subrayó que definitivamente sí hubo un golpe de Estado en Bolivia. Este se habría dado el 20 de octubre de 2019, día de las elecciones nacionales, cuando el gobierno del MAS trató de robarle las elecciones una vez más al pueblo boliviano para perpetuarse en el poder. Impulsada por este respaldo internacional y por estas declaraciones, horas después, la Asamblea Legislativa instituyó en Bolivia un nuevo Gobierno constitucional transitorio que tendrá la tarea de renovar el TSE con autoridades probas y, a partir de ese espacio, llamar lo antes posible a nuevas elecciones, esta vez sin trampas, sin irregularidades y sin fraude.
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Foto de Utenriksdept en Foter.com / CC BY-ND
Autor
Administrador público y cientista político por la Universidad de Chile. Máster en Gestión y Políticas Públicas por la Univ. Católica Boliviana / Univ. de Harvard. Máster en Negociación y Relaciones Económicas Internacionales.
