Hace algunos días, el expresidente de Bolivia y ahora exaspirante a la Presidencia, Jaime Paz Zamora, renunció a su candidatura, esbozando, una vez más, una de sus frases que casi siempre se graban en la memoria colectiva de los bolivianos: “Me encontré con un muro de hielo y con una visión de la política del siglo pasado”. Esto pasó al querer conformar su lista para candidatos para el Congreso boliviano.

El exmandatario adujo que deseaba liderar un proceso de renovación de la política. Por tanto, propuso que en las listas para diputados y senadores existiera la mayor cantidad posible de jóvenes y de gente “nueva”.

Lamentablemente, el estatuto del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que lo invitó para que fuera candidato, no permitía “semejante transgresión”. Por eso, lo tradicional se impuso a los deseos del exjefe del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

Tras dicha renuncia, las repercusiones no se hicieron esperar. Por una parte, algunos voceros del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de gobierno, minimizaron, de manera algo prepotente, el hecho, y dijeron que Paz era un candidato marginal en la carrera electoral y que el hecho no había merecido ni siquiera un análisis y, menos aún, una evaluación política por parte del partido de gobierno.

Si Ortiz otorgara tal señal de desprendimiento, Mesa podría ganar las elecciones, incluso en primera vuelta»

En la oposición, la situación fue diferente. Los candidatos que todavía tienen resultados por debajo del 5% en las encuestas (MNR, Tercer Sistema, UCS, PAN Bol) quedaron en una situación incómoda, ya que fueron sujetos de la controversia. En las redes sociales y en diferentes espacios, los analistas y la opinión pública, en general, recomendaron que los marginales deberían seguir el ejemplo de Paz, es decir, renunciar a sus candidaturas y apoyar al candidato que tiene las mejores opciones de ganarle a Evo Morales.

Sin embargo, hubo incluso posiciones un poco más radicales que pedían encarecidamente al candidato Oscar Ortiz de la “alianza” Bolivia Dice No, tercero en las encuestas con un 8%, que desista de su candidatura y que apoye al candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa. El argumento era aún más contundente. Si Ortiz otorgaba tal señal de desprendimiento, Mesa podría ganar las elecciones, incluso, en primera vuelta, y obtener, así, un requisito indispensable para gobernar con tranquilidad que tiene que ver con los dos tercios en el Congreso.

Al parecer, estos dos argumentos de la oposición traducirían una verdadera señal de unidad para recuperar la democracia y luchar contra la impunidad existente en delitos de corrupción, contrabando, violencia, inseguridad y narcotráfico. Pero siendo realistas, pensar que el tercero decline con respecto a su candidatura es casi imposible, ya que ha quedado claro que, si bien Ortiz sabe que no tiene ninguna opción de ganar las elecciones nacionales, desea asegurar espacios de poder en el Parlamento para pavimentar el camino hacia una nueva candidatura en las elecciones del 2025.

No obstante, sin perder la esperanza de que Ortiz recapacite y renuncie a su candidatura, existe una alternativa adicional para negociar alguna posibilidad de alianza viable que permita conseguir una figura diferente de alternancia en el poder y que los bolivianos puedan retornar a la posibilidad de respetar el Estado de derecho y de recuperar la democracia. Las organizaciones políticas opositoras podrían realizar pactos y, de esta manera, priorizar la elección de asambleístas uninominales, por circunscripción en todo el país, teniendo en cuenta que dichas diputaciones también son elegidas por voto popular.

En efecto, cada organización política opositora, según su nivel de representatividad y legitimidad, podría proponer candidatos uninominales en circunscripciones estratégicas en donde garanticen su victoria. Así, se podría asegurar una bancada opositora fuerte y responsable que lleve a desarrollar un buen trabajo legislativo, pero que, además, sea representativa de todo el país y de todas las corrientes políticas opositoras. En definitiva, se lograría un nivel de fiscalización coherente y consistente con lo que necesita Bolivia actualmente: cero tolerancia a la impunidad de algunos poderosos y, sobre todo, recuperar la moribunda democracia.